Lo que esconde el bono joven para alquiler de vivienda

La ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que ha anunciado el Gobierno es no solo necesaria, sino imprescindible, pero lo es, fundamentalmente, porque no hay ninguna voluntad política de solucionar un problema estructural. Poner este tipo de parches solo viene a ratificar que, en España, la vivienda sigue siendo uno de los derechos más maltratados. Desde que en el franquismo se implantó la idea de construir “un país de propietarios, y no de proletarios”, la vivienda pasó a considerarse, de facto, una mercancía más sujeta a los vaivenes del mercado, a la pura especulación.

Ningún gobierno de la democracia ha revertido esta situación. Ninguno. De hecho, la ley de vivienda que este año será aprobada presenta tales deficiencias que Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ya ha avisado de que puede incumplir el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del que España es firmante. En realidad, somos el único país firmante al que regularmente se le notifican informes para cuestionar sus actuaciones en materia de vivienda. Desde 2015 hasta el año pasado ya hemos recibido seis, siempre referidos a la Comunidad de Madrid.

Falta tanto por hacer que acabamos de sufrir uno de los episodios más bochornosos en este asunto: la nacionalización (el rescate) de la SAREB, el banco malo, lo que ha supuesto 35.000 millones de incremento de la deuda pública, cuando nos habían prometido que no iba a costar ni un euro a las arcas del Estado. Eso era mentira, una más del exministro Luis de Guindos. Recordemos que la SAREB se creó en 2012 para comprar los activos inmobiliarios de las cajas de ahorro y de los bancos privados que habían quebrado con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La SAREB adquirió 500.000 viviendas, pero la opacidad fue la norma y nunca se ha hecho público el listado. Al contrario, en la práctica se ha convertido en una inmobiliaria más, en lugar de una agencia pública para garantizar el acceso a la vivienda. Esto fue posible ya que “la Unión Europea, el Estado y el sector financiero crearon alrededor de SAREB un entramado legal que les permitiese privatizar los bienes adquiridos en el rescate bancario sin interferencias sociales, periodísticas o judiciales”, como explica Manuel Gabarre en este artículo.

Evidentemente, como ha dicho el presidente del Gobierno, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes suponen un verdadero drama, pero anunciar un bono mensual de ayuda al alquiler no cambia en nada el problema estructural

Mientras tanto, en España el paro juvenil roza el 30%, la patronal se revuelve cada vez que se habla de subir el salario mínimo, los jóvenes se emancipan casi a los 30 años y el suicidio es ya la primera causa de muerte en ese segmento. Evidentemente, como ha dicho el presidente del Gobierno, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes suponen un verdadero drama, pero anunciar un bono mensual de ayuda al alquiler no cambia en nada el problema estructural. De hecho, se estima que el bono alcanzará solo a un 1% de esos jóvenes.

Ese bono no hace magia: no va a poner más viviendas en el mercado, tampoco va a convertir a la SAREB en una promotora de vivienda social (a pesar de esos 35.000 millones que nos ha costado), ni va a corregir el hecho de que, con la ley de alquiler de vivienda prevista, el 85% de los propietarios quede fuera del control de precios (ya que el texto solo habla de grandes empresas que cuenten con más de 10 viviendas). Al contrario, es muy posible que intensifique la especulación con la vivienda, que suban incluso los alquileres si no hay controles estrictos. Si casi uno de cada tres jóvenes no tiene empleo (un requisito para acceder al bono), si el Ingreso Mínimo Vital está diseñado para otro perfil (aunque nadie sepa bien para cuál), si la nueva ley sigue considerando, en el fondo, la vivienda como un bien de consumo más, ¿qué soluciona el bono joven?

No es tanto lo que soluciona, sino lo que tapa, la cortina de humo que oculta las vergüenzas de todos nuestros gobiernos. No es casual, ni mucho menos, que se haya anunciado el bono joven, para el que ni siquiera se han diseñado los mecanismos de solicitud, a la vez que la nacionalización de la SAREB. En España, el Ministerio de la Vivienda suele ser ornamental, y sus competencias se arriman más al de Economía: un negociado en el que cambian los nombres, pero nunca la ideología.