Las “imprudencias” de Alaya

La juez Alaya se está tomando al pie de la letra las recomendaciones del TSJA de que “no se dilate la instrucción de las causas” que tiene asignadas su Juzgado. Cabe suponer que la 'Operación Heracles', la “segunda fase” de la investigación de los ERE en palabras de la propia delegada del Gobierno central en Andalucía, ha venido a ser la ejecución de una larga investigación. De acuerdo. Pero el caso es que se ha producido sólo dos semanas después de la reincorporación laboral de Alaya, coincidiendo justamente en tiempo (y en hora) con uno de los acontecimientos más esperados por la Junta en los últimos meses: la firma del acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía entre Gobierno andaluz, patronal y sindicatos.

De hecho, minutos antes de suscribir el perseguido pacto, el propio consejero de Economía, Antonio Ávila, tenía que responder sobre la sincronía temporal de ambos eventos y no sobre los hipotéticos beneficios que el acuerdo conllevará a los andaluces, bien necesitados de soluciones económicas, dicho sea de paso. Cuestionado por los periodistas, no se mojó en exceso, como era de esperar, y recurrió al clásico “respeto y apoyo” a la actuación judicial en aras del esclarecimiento del caso.

Sin ánimo de juzgar a la juez y la difícil labor que supone instruir uno de los casos de corrupción más complejos de los últimos años, principalmente por tratarse de fondos púbicos lo que se investiga, no deja de sorprenderme la curiosa habilidad que parece tener Alaya en lo que a este caso concreto se refiere: el don de la oportunidad. Al margen de que esta vez el citado pacto haya pasado prácticamente desapercibido al coincidir con el arranque del operativo, la concurrencia del dictado de muchos de los autos de la jueza con los momentos en que los ciudadanos barruntan a quién dirigir definitivamente su voto, esto es, en una campaña electoral, ha sido una constante. Las coincidencias se han producido curiosamente antes de las tres citas con los comicios que los andaluces han tenido a lo largo de la instrucción de la presunta trama corrupta en los fondos destinados por la Junta de Andalucía a los ERE.

Como diría el otro, a los hechos me remito. Tanto en el 'Caso de los ERE' como en el de Mercasevilla, originario de aquél, hasta 13 actuaciones, autos, escritos o tomas de declaración se conocieron durante las campañas electorales (Municipales 2011, Generales 2011 y Autonómicas 2012) que ha vivido España desde que estallara un escándalo que, dejando de lado éstas u otras coincidencias, esperemos que se salde con el conveniente castigo para los verdaderos culpables de derivar el dinero de todos a sus propios intereses egoístas y ambiciosos.

Volviendo al caso. El portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco Vitoria, Marcelino Sexmero, preguntado por la prensa sobre dichas coincidencias en plena campaña para las Elecciones Generales del 20N de 2011, aludía a la “prudencia” de “valoración por parte del juez” para “retrasar determinadas resoluciones hasta que se resuelva el proceso electoral” y “no entorpecerlo”, si bien señalaba que “simplemente es una norma de prudencia y no una norma imperativa que pueda obligar al juez”. Alaya, pues, no ha cumplido en más de una y en más de dos ocasiones esa “norma de prudencia” a la que se refirió su colega.

Echando la vista atrás

Echemos la vista más atrás. El 10 de mayo de 2011, durante la campaña de las Elecciones Municipales del 22M, la juez emitió un auto en el que ordenaba investigar los bienes del exconsejero de empleo Antonio Fernández y su familia. Fue la primera “imprudencia” de Alaya. La declaración del propio Fernández coincidió, 11 meses después, con el acto oficial en el Parlamento autonómico de la toma de posesión del presidente de la Junta, el 19 de abril de 2012. El único consejero imputado en este caso ingresaba en la cárcel cinco días más tarde.

También en la campaña de las Municipales de 2011, Alaya dictó otros tres autos entre los que destacaba el que citaba como imputados al exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y al entonces primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Ya en noviembre de 2011, el Juzgado tomó otras tres decisiones durante la campaña previa a las elecciones generales (20N). Uno de los autos emitidos entonces decía que José Antonio Griñán, siendo consejero de Economía, tuvo que autorizar la ampliación de la partida presupuestaria 31.L en 1,2 millones de euros. En este auto de la juez Alaya insistía específicamente en que se trata de una investigación en la que “sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide”.

Pero la más sonada de sus “imprudencias” ocurrió el 10 de marzo de 2012, ya en la campaña para las Elecciones Autonómicas en Andalucía del 25M. Aquel día, dictó el (primer) auto de prisión de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, principal imputado y que cumple desde el miércoles su segunda estancia entre rejas. La juez argumentaba que Guerrero ocultaba hechos y que podría recibir “presiones externas” de terceros para variar su declaración.

La propia Mercedes Alaya recordaba en aquel auto de 38 folios que, como la Fiscalía fue la única parte que justificó la petición de prisión provisional -las demás acusaciones se adhirieron a la petición-, el argumento de las defensas que veían motivos electoralistas constituía una “absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el Ministerio Público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud”.

Su asombrosa capacidad mediática, troley en mano, capaz de ensombrecer cualquier otra información, contrasta en cambio con su imagen entre los periodistas de tribunales que cubren los múltiples y conocidos casos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las intempestivas horas en las que toman decisiones de trascendencia pública y, principalmente, sus formas ante la prensa que trata de cubrir la información, no le han hecho un hueco entre las 'fuentes' más queridas. Las alabanzas de fondo por su laboriosa tarea se tornan críticas por el trato que dispensa a los periodistas. Las inmediaciones de su despacho “Open 24h” son, según qué caso, casi zona prohibida. Tampoco es de especial agrado el 'reloj procesal' de la juez para las defensas y sus representados.

Actualmente no nos encontramos en campaña electoral alguna, pero es una evidencia que el regreso de Alaya ha coincidido con la firma de un pacto económico y financiero que ha venido persiguiendo el gobierno andaluz con sindicatos y patronal y al que el PP aún duda si sumarse, si desear que vaya bien o si acudir si le llaman. Este jueves, poco antes de las 7.00 horas, desde su despacho abierto hasta el amanecer, dictaba su último auto enviando a prisión preventiva a dos imputados en el Caso de los ERE apenas tres horas antes de que el extesorero del PP Luis Bárcenas acudiera a la Audiencia Nacional a declarar en el marco del caso Gürtel sobre el origen de su fortuna en Suiza.

Las 13 actuaciones de la juez que han coincidido con campañas electorales, en orden cronológico inverso, son:

Campaña 25M 2012

- 22 marzo 2012: Auto en el que rechaza el archivo de la causa solicitado por el exdirector general de Vitalia.

- 21 marzo 2012: Auto de prisión del exchófer de Guerrero.

- 20 marzo 2012: Declaración del chófer de Guerrero.

- 16 marzo 2012: Escrito a la prisión Sevilla I en el que impone a Guerrero una fianza de 686 millones.

- 10 marzo 2012: Auto de prisión de Francisco Javier Guerrero.

- 7 marzo 2012: Declaración de Francisco Javier Guerrero.

- 5 marzo 2012: Auto de imputación de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde del PSOE de El Pedroso.

Campaña 20N 2011

- 18 noviembre 2011: Auto en el que reclama a la Junta los documentos íntegros de los ERE, incluyendo borradores y notas manuscritas.

- 10 noviembre 2011: Auto en el que pide información sobre las ayudas autorizadas por Griñán y Aguayo. Cree que el exconsejero tuvo que autorizar 1,2 millones de euros. Era la representación legal del PP la que había pedido esta documentación.

- 7 noviembre 2011: Auto en el que cita a las partes diez días después para fijar posibles fianzas y avisa de que todavía va “por el último escalón de la pirámide” en la investigación.

Campaña 22M 2011

- 19 mayo 2011: Auto en el que cita a declarar como imputados a Antonio Rodrigo Torrijos y el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, que llevaba imputado 15 meses por el ‘caso Mercasevilla’.

- 17 mayo 2011: Auto en el que dice que los ERE se tramitaron de forma “inaudita”, “incompleta” e “impropia” y exige copia compulsada de los expedientes “auténticos”.

- 10 mayo 2011: Auto en el que ordena investigar los bienes del exconsejero Antonio Fernández y su familia.

La juez Alaya se está tomando al pie de la letra las recomendaciones del TSJA de que “no se dilate la instrucción de las causas” que tiene asignadas su Juzgado. Cabe suponer que la 'Operación Heracles', la “segunda fase” de la investigación de los ERE en palabras de la propia delegada del Gobierno central en Andalucía, ha venido a ser la ejecución de una larga investigación. De acuerdo. Pero el caso es que se ha producido sólo dos semanas después de la reincorporación laboral de Alaya, coincidiendo justamente en tiempo (y en hora) con uno de los acontecimientos más esperados por la Junta en los últimos meses: la firma del acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía entre Gobierno andaluz, patronal y sindicatos.

De hecho, minutos antes de suscribir el perseguido pacto, el propio consejero de Economía, Antonio Ávila, tenía que responder sobre la sincronía temporal de ambos eventos y no sobre los hipotéticos beneficios que el acuerdo conllevará a los andaluces, bien necesitados de soluciones económicas, dicho sea de paso. Cuestionado por los periodistas, no se mojó en exceso, como era de esperar, y recurrió al clásico “respeto y apoyo” a la actuación judicial en aras del esclarecimiento del caso.