Jueces contra el odio en prensa

La dispar interpretación de los jueces en casos de violencia sexual tiene, hace semanas, a la ley del 'solo sí es sí' en el centro de la polémica; el nombramiento estos días del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para el Constitucional pone de nuevo en la picota la necesaria apariencia de imparcialidad del estamento judicial. Pero mientras, todos los días, juezas y jueces de todo el escalafón de instancias trabajan, con un desborde similar al de los y las sanitarias, entre anacrónicas pilas de papeles, en instalaciones poco o mal conservadas, en celebrar juicios, estudiar casos, redactar sentencias para frenar atropellos, impartir justicia, reparar daños y enmendar así la plana a los condenados. Para bien de las víctimas de los delitos, por supuesto, pero también del conjunto de la sociedad, nuestro.

Es el caso de la jueza del juzgado de primera instancia nº 24 de Sevilla, Sofía Barrera Pardo, que el 6 de abril de 2021 dictó sentencia condenando al periódico ABC por causar daños morales y vulnerar el honor y la imagen de cuatro ciudadanos, normales e inocentes, cuya fotografía publicaron con el pie de foto en mayúsculas “TERRORISMO YIHADISTA” para ilustrar así la noticia del arresto de otro hombre, presunto terrorista, ajeno a ellos. Al escribir “normales e inocentes” he obviado dos datos: los cuatro mancillados son españoles y/o residentes en España de credo musulmán y uno, además, imam: Youssef Zian, Mohammad Alhamed, Ndemba Mbaye Samb y Mohammad Idrissi Alcaraz, a quienes la jueza ordenó resarcir con 10.000 euros para cada uno, quitando su foto de la web de ABC y publicando la sentencia de 13 folios en el periódico.

A pocos os sonará el caso de esta sentencia. No ha abierto informativos televisivos, boletines de radio, portadas de periódicos. Nosotros la dimos, como también El Salto, pero el grueso del ecosistema mediático debió querer esperar a lo que algunos compañeros directamente nos dijeron: “a que la sentencia sea firme”, “a ver si la ratifican o no las siguientes instancias”. Una prudencia que no solemos gastarnos cuando los condenados son, pongamos, políticos. Ahí, la mera imputación o la investigación policial bastan para que empecemos a informar.

Es llamativo e inquietante el silencio mediático ante la condena por daños morales a ciudadanos inocentes cometida por un periódico cuando la mera imputación o investigación basta para informar si el acusado de un delito es un político.

En todo caso, la Audiencia de Sevilla ratificó íntegramente la condena en primera instancia el 2 de diciembre de 2021 por decisión de los tres magistrados de la sección 8ª Víctor Nieto Matas, José María Fragoso Bravo y Joaquín Maroto Márquez. Pero de nuevo, salvo la honrosa excepción de elDiario.es Andalucía, mutis por el foro. Y, ahora, ya es el Supremo con sus cinco magistrados y magistrada de la sala civil –Francisco Marín Castán, Francisco Javier Arroyo Fiestas, María Ángeles Parra Lucán, José Luis Seoane Spiegelberg y Antonio García Martínez– quien vuelve a dar la razón a los denunciantes. Como sigo sin leer más noticia sobre el tema (con alguna excepción que pueda escapárseme) imagino que se estará esperando a ver si en 20 días ABC recurre al Constitucional.

Un periodismo más autocrítico que corporativista

Ironías aparte, este mutismo (del que honrosamente escapa la Asociación de la Prensa de Sevilla que emitió, a instancia del cordobés Mohammad Idrissi, un informe dictaminando “mala praxis” de ABC que se aportó al juicio) es preocupante, es dañino y creo debemos analizarlo y corregirlo, superando tentaciones corporativistas, porque justo cuando reclamamos que el periodismo profesional y solvente es el mejor antídoto contra el cultivo del odio en las redes, no podemos tapar, ponernos de perfil, ignorar los episodios en que también el periodismo profesional alienta el odio como, aquí, la islamofobia.

La publicación de la noticia de ABC el 17 de abril de 2019, que fue un Miércoles Santo de pavor ante posibles atentados en plena Madrugá de Sevilla, desató una avalancha de insultos discriminatorios y racistas que transcribe la sentencia de primera instancia, como estos en el Twitter de ABC: “SEGUID PERMITIENDO MEZQUITAS... AHÍ LO TENEIS!! Todavía quieren volver a hacer Al Andalus”, “Pues yo me cago en todos ellos” y en el Twitter de Santiago Abascal: “El islam no pinta nada en Europa. Punto”, “Esas basuras okupas violadores ladrones debemos sacarlos de España, nos salen más barato mantenerlos en su África y dormimos tranquilos”, “Hay que expulsarlos de este país”, entre otros.

Informar de la condena a ABC en un caso tan serio no debería verse como un acto hostil, sino como la autocrítica clave para ser creíbles cuando desde la industria informativa argumentamos que el periodismo es el mejor antídoto contra el odio de las redes.

Como recoge la sentencia dos veces ratificada –de la que el Constitucional solo matiza que ABC publique únicamente encabezamiento y fallo en vez de los 13 folios– Arwa Taher, esposa de Mohammad Alhamed, “siria y refugiada política”, como su marido, contó en el juicio que, tras la publicación, algunos amigos dejaron de frecuentarles y una le transmitió que no volvería por su tienda “por miedo a su marido terrorista”. Rachid Zian El Hamoudi declaró que su hermano, Youssef Zian, quedó tan afectado que “casi no podía salir de casa”, porque “en el barrio le hacían bromas sobre mochilas y él tenía que pararlas”.

Por su parte, la sevillana Aida Mbaye Gil, hija de Ndemba Mbaye, declaró que “a su hermano pequeño le apartaron un poco en el colegio” y que ella estuvo “un mes recibiendo mensajes ofensivos”. Finalmente, Marian Balaki-Tahiri, mujer del imam Mohammad Idrissi y madre de su niña, relató que “recibió muchos mensajes preguntando si su marido era terrorista” y “en el barrio hubo comentarios, miradas”, vecinas y compañeros de universidad le preguntaron “si a su marido le iban a detener” y “durante un mes notó la distancia y miedo hacia ella y no le renovaron el contrato de trabajo”.

Rectificar y vencer prejuicios

Errar es humano. El equipo de ABC no estaba obligado a ser infalible. Podría haberse disculpado y retirado la foto como le pidieron en rueda de prensa los afectados. Pero no solo no lo hicieron, sino que en su respuesta a la demanda interpuesta por el abogado David Rodríguez Suárez, del despacho LegalCores, recurrió a argumentos bochornosos para justificar lo injustificable:

Lo que los afectados querían al denunciar, según dijo el imam Mohammad Idrissi tras la primera sentencia, “es que nadie más use la imagen de los musulmanes para crear miedo”, porque sus vecinos pensaban que “si ABC ha sacado nuestra foto será por algo, no lo va a inventar”.

Pero este objetivo de cuatro hombres normales e inocentes, meros trabajadores, que acudieron a la justicia, afrontando el riesgo de pagar las costas y el miedo a desafiar “a un gran medio, sus contactos y su capacidad para perjudicarnos” no depende solo de la labor del procurador, abogado, y las nueve juezas y jueces que, siendo diversos como seguro lo son, han actuado ya con imparcialidad para frenar el odio. Es necesario también que los y las periodistas nos miremos al espejo, rectifiquemos, reconozcamos prejuicios y los superemos, sin miedo a autocriticarnos, nosotros, que tan a menudo trabajamos criticando a tantos otros.

La dispar interpretación de los jueces en casos de violencia sexual tiene, hace semanas, a la ley del 'solo sí es sí' en el centro de la polémica; el nombramiento estos días del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para el Constitucional pone de nuevo en la picota la necesaria apariencia de imparcialidad del estamento judicial. Pero mientras, todos los días, juezas y jueces de todo el escalafón de instancias trabajan, con un desborde similar al de los y las sanitarias, entre anacrónicas pilas de papeles, en instalaciones poco o mal conservadas, en celebrar juicios, estudiar casos, redactar sentencias para frenar atropellos, impartir justicia, reparar daños y enmendar así la plana a los condenados. Para bien de las víctimas de los delitos, por supuesto, pero también del conjunto de la sociedad, nuestro.

Es el caso de la jueza del juzgado de primera instancia nº 24 de Sevilla, Sofía Barrera Pardo, que el 6 de abril de 2021 dictó sentencia condenando al periódico ABC por causar daños morales y vulnerar el honor y la imagen de cuatro ciudadanos, normales e inocentes, cuya fotografía publicaron con el pie de foto en mayúsculas “TERRORISMO YIHADISTA” para ilustrar así la noticia del arresto de otro hombre, presunto terrorista, ajeno a ellos. Al escribir “normales e inocentes” he obviado dos datos: los cuatro mancillados son españoles y/o residentes en España de credo musulmán y uno, además, imam: Youssef Zian, Mohammad Alhamed, Ndemba Mbaye Samb y Mohammad Idrissi Alcaraz, a quienes la jueza ordenó resarcir con 10.000 euros para cada uno, quitando su foto de la web de ABC y publicando la sentencia de 13 folios en el periódico.