De jueza estrella a jueza estrellada

La pieza política del caso Mercasevilla, el hilo a partir del cual la jueza Mercedes Alaya comenzó a montar la madeja de la macrocausa de los ERE, ha acabado en nada. Los diez procesados, absueltos. Las imputaciones por fraude, exenciones fiscales y prevaricación, al cajón. Ocho años de investigación, de acusaciones muy gruesas, de ruido mediático extremo, de la reputación de diez personas reducidas a polvo, acaban con el sonido sordo de una sentencia que cierra el caso al no haber encontrado ninguna prueba de irregularidades o amaños en la venta de los terrenos de la lonja sevillana.

El fallo es un alivio que llega muy tarde, demasiado tarde, para los acusados. Y es sobre todo un golpe muy duro para la jueza, retratada por muchos como la Juana de Arco de la lucha contra la corrupción y descrita por otros como una implacable inquisidora, impulsora de una causa general con el objetivo derribar al Gobierno del PSOE en Andalucía a través de los tribunales.

Es un revés muy serio porque desmonta la investigación originaria, la que empezó a lanzar al estrellato a la magistrada. Pero sobre todo porque no es el primero que recibe. Hace unos meses, la jueza que sustituyó a Alaya decretó el archivo de la llamada 'pieza política' de los cursos de formación, con cientos de detenidos e imputados y miles de millones de euros supuestamente saqueados (3.000 millones de euros llegó a decirse). Ni conspiración política. Ni red clientelar. Ni sistema amañado. Ni fraude masivo. Nada de nada, concluyó el fallo, muy crítico con la instructora, con el PP y hasta con la Guardia Civil por montar una causa a partir de hipótesis “inverosímiles”.

Alguien podría decir eso de que a la jueza Alaya le están creciendo los enanos, aunque para ser estrictos sería al revés: le están encogiendo los gigantes. Varias de las grandes causas que instruyó y que han acaparado titulares y llenado miles de horas de telediarios y tertulias a lo largo de la última década se han desmoronado. La pirámide de la corrupción política que con tanto trabajo ha levantado en este tiempo, y que sitúa en su cúspide nada menos que a dos ex presidentes de la Junta, empieza a parecerse cada vez más a un castillo de naipes.

Hay quien piensa que muchos de los argumentos del archivo de los cursos de formación valdrían también para desmontar la supuesta trama política en el caso de los ERE, que podría empezar a juzgarse a finales de este mismo año. Una causa, instruida por la misma jueza, que dibuja también una conspiración a gran escala cuyo kilómetro 0 se situaría en el mismo despacho presidencial del Palacio de San Telmo.

¿Es previsible que esto ocurra? No demasiado. No olvidemos que se trata de la madre de todas las batallas judiciales y políticas en Andalucía. El caballo en el que la oposición ha apostado gran parte de su capital político. Pocos jueces, dicen quienes conocen las interioridades de los tribunales, se atreverían a dar carpetazo a esta causa si tienen algún motivo de duda. Lo más probable, una patada hacia arriba. Es decir, una condena que envíe la patata caliente al Tribunal Supremo.

Más allá de las particularidades jurídicas de cada caso, lo ocurrido debería hacernos pensar. Sobre cómo funciona la justicia, la política y sus inquietantes vasos comunicantes. Sobre por qué nos gustan tanto los jueces estrella. Sobre hasta qué punto como sociedad, también desde los medios de comunicación, hemos empujado a algunos jueces a montar macrocausas donde había fraude, sí, pero seguramente no una conspiración planetaria. Sobre si todo lo ocurrido, al final, puede acabar con justos pagando por pecadores. Y todo mientras los verdaderos responsables, invisibles bajo la luz cegadora de los flashes, camuflados entre una multitud de nombres famosos, quedarían a salvo en medio del ruido.

La pieza política del caso Mercasevilla, el hilo a partir del cual la jueza Mercedes Alaya comenzó a montar la madeja de la macrocausa de los ERE, ha acabado en nada. Los diez procesados, absueltos. Las imputaciones por fraude, exenciones fiscales y prevaricación, al cajón. Ocho años de investigación, de acusaciones muy gruesas, de ruido mediático extremo, de la reputación de diez personas reducidas a polvo, acaban con el sonido sordo de una sentencia que cierra el caso al no haber encontrado ninguna prueba de irregularidades o amaños en la venta de los terrenos de la lonja sevillana.

El fallo es un alivio que llega muy tarde, demasiado tarde, para los acusados. Y es sobre todo un golpe muy duro para la jueza, retratada por muchos como la Juana de Arco de la lucha contra la corrupción y descrita por otros como una implacable inquisidora, impulsora de una causa general con el objetivo derribar al Gobierno del PSOE en Andalucía a través de los tribunales.