Justicia feroz

Cualquiera que haya pasado por un proceso judicial ha experimentado sentimientos de vulnerabilidad, impotencia y desesperación. Demoras de años, costas elevadas, burocracias incomprensibles. Eso en procesos de escasa importancia. Imaginemos la ansiedad y trastornos que la Justicia puede provocar en casos bien conocidos. Media vida pleiteando para salvar a tus hijos de un maltratador, por ejemplo, como estamos viendo en el caso de Juana Rivas.

El rigor con el que se muestran los daños que la Justicia inflige a las propias víctimas es uno de los ejes de Querer, la soberbia miniserie dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, con guion de ella misma, Eduard Solà, Júlia de Paz y unas interpretaciones descomunales. No es de extrañar que el 80% de las violaciones denunciadas nunca lleguen a juicio. El espectáculo que está ofreciendo el juez Carretero en el caso de la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón tampoco ayuda, precisamente. Eso, por no hablar de redactar sentencias tirando de Wikipedia.

Solo por su propio funcionamiento interno, la Justicia española ya es feroz, un adjetivo que tomo prestado. Pablo Elorduy, responsable de Política del periódico El Salto, publicó hace unos meses un exhaustivo ensayo que repasa la historia reciente de España para dar cuenta minuciosa de cómo funcionan sus cloacas. El Estado feroz: Cloacas, lawfare y deep state en el Régimen del 78 es un apabullante relato que, en puridad, no cuenta nada que no sepamos. Su valor es otro: lo demuestra.

En esta extensa investigación, que se centra en la corrupción de los representantes del Régimen (con la corona como actor ineludible) a través de la policía, “el auxilio de diversos medios de comunicación” y la magistratura, cobran especial relevancia las páginas dedicadas a esta última. La ferocidad de la que habla Elorduy, que yo he hecho extensiva al funcionamiento intrínseco, tiene que ver con la podredumbre de esos grandes jueces que están en boca de todos. Son esos que, mejor que nadie, representan la miseria moral de un Estado del que, a la vez, se consideran garantes y diseñadores.

Las oposiciones a juez son tan exigentes como absurdas, un sistema decimonónico que no requiere de sus aspirantes ninguna capacidad de razonamiento, sentido ético ni aptitudes discursivas. Solo pura memorieta y, eso sí, cinco años de preparación con desembolsos brutales (en negro y a otros jueces que ejercen de preparadores)

Son jueces de parte, por decirlo claramente, jueces que pagan favores ignorando pruebas flagrantes contra las parejas de sus mentores, jueces que tratan de exculpar de manera no tan implícita a quienes se han declarado por escrito como defraudadores. Lo cuenta a la perfección Ignacio Escolar en este boletín donde repasa las escandalosas irregularidades que el juez Ángel Hurtado se permite. Ya saben, el juez que no ve nada en el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez, que imputa porque sí al fiscal general del Estado y no entiende por qué la gente llama defraudador confeso a un defraudador confeso.

El propio Escolar ha contado en otro boletín algo que también detalla Elorduy en su libro: cómo las oposiciones a juez son tan exigentes como absurdas, un sistema decimonónico que no requiere de sus aspirantes ninguna capacidad de razonamiento, sentido ético ni aptitudes discursivas. Solo pura memorieta y, eso sí, cinco años de preparación con desembolsos brutales (en negro y a otros jueces que ejercen de preparadores) que únicamente pueden pagar los sectores acomodados. En otras palabras, esas oposiciones son de por sí un palmario corte de clase, y de ahí la importancia de la (insuficiente) reforma que acaba de anunciar el gobierno. Por cierto, que si quieren escuchar una ilustrativa descripción de cómo se ufanan tantos jueces cuando entran por fin en esa clase selecta, tan alejada de la sociedad a la que, supuestamente, deben impartir justicia, lo pueden hacer en este episodio de Al día, el podcast de Juanlu Sánchez.

Nuestra democracia sangra a borbotones por la herida de la Justicia. Es un sistema lastrado por graves faltas de medios y burocracias propias de otro tiempo. Es un sistema que acaba generando desconfianza en la ciudadanía, pues cada vez más comprobamos que, al menos en sus grandes instancias, no se oculta el sesgo ideológico; antes bien, se juzga solo en función de él y en demasiadas ocasiones acaba revictimizando. Es un sistema que comente errores, a veces hasta arruinar la vida de inocentes, pero ni pide perdón ni paga sus indemnizaciones. Es, de hecho, un sistema en el que en esas injusticias han estado implicados actuales miembros del gobierno, como Margarita Robles, o que han hecho la vista gorda frente a torturas, como en el caso de Grande-Marlaska.

Cuando hablemos de lawfare no lo olvidemos: la última de sus víctimas somos nosotras y nosotros, la ciudadanía de a pie.