La Justicia, a la gresca

“No siempre la norma y la justicia van de la mano. Por eso existen jueces y fiscales”. Viene a cuento la frase de un exviceconsejero de la Junta que, en un plano personal y alejado de los juzgados, justificaba así lo que se podría entender como una injusticia en el más amplio sentido. Pues resulta que, años después, jueces y fiscales están a la gresca por la instrucción del caso Mercasevilla (más bien por las formas de un auto) y el archivo de una de sus ramas, en la que eran presuntos implicados los hermanos de la ministra Fátima Báñez.

No corren tiempos tranquilos para la Justicia, últimamente demasiadas veces en los papeles por causas ajenas a su verdadera voluntad, la de impartirla. Del repetido “respeto a las decisiones judiciales” en boca de los políticos aludidos, hemos pasado, además de rebajarse considerablemente el nivel de respeto, a las críticas entre los mismos operadores a través de autos o sentencias que no son del gusto de los unos o de los otros. Siempre tiene que haber lugar a la discrepancia jurídica pero no parece el mejor lugar una resolución oficial para echarse los muertos de la dilatación de un proceso o de por qué habremos llamado a declarar a los imputados si resulta que los delitos han prescrito.

Más aún cuando la “repercusión mediática”, a la que cada vez más alude Mercedes Alaya en sus notificaciones (faltaría más, hemos de recordar que se están investigando fraudes en el erario público), se hace eco de ello. El caso es que la jueza de los ERE, que también investiga el caso Mercasevilla, le echa la culpa a la Fiscalía de haber cometido un “error de cómputo” a cuenta de una tecnicidad jurídica (la condición de 'extraneus') y de haber dilatado por ello la instrucción, causando “molestias” a los empresarios imputados por tener que declarar, etc.

La cabeza visible del Ministerio Público en Sevilla, María José Segarra, no ha tardado en decirle que sus expresiones “gratuitas” y “ajenas al debate procesal”. Ya le ha debido causar malestar a Segarra el auto si ha salido al paso unas horas después de trascender el auto, siendo tan prudente como suele ser con la prensa (hasta en la manera de su última comunicación) en lo que se refiere a las cuestiones judiciales de trascendencia.

Y todo esto, pocos días después de que la jueza haya sido sometida a un desagradable pasilleo judicial, camino de su trabajo, por parte de sindicalistas concentrados para apoyar a compañeros que están siendo investigados. No es de recibo tal actitud, o muy fea se está poniendo la cosa en este Estado de Derecho, por mucha confianza que se tenga en la inocencia de algunas personas. Hay otras vías y esas no parecen las maneras más cabales. Precisamente, las oficiales por la Administración de Justicia (recursos, etc), esas también puestas ahora en duda si los que las que las acuerdan, mandan y firman se enredan en el 'yo no he sido'.

Flaco favor hacen estas polémicas y discusiones a una Justicia ya de por sí bastante desprestigiada entre recusaciones, eternos retrasos y acusaciones de falta de imparcialidad a los altos tribunales. Primero, a los propios afectados, ahora imputados, ahora con “extinguida responsabilidad penal” (¿eso son antecedentes?). Segundo, a la ciudadanía, desafectada con sus dirigentes, que ven cómo otro Poder de la sociedad democrática se les va. Y tercero, a la propia economía procesal de los procedimientos judiciales. ¿No habría que reinventar la forma en que una persona se enfrenta a la Administración de Justicia? De momento, tiremos de tópico: dejemos trabajar a la Justicia.

“No siempre la norma y la justicia van de la mano. Por eso existen jueces y fiscales”. Viene a cuento la frase de un exviceconsejero de la Junta que, en un plano personal y alejado de los juzgados, justificaba así lo que se podría entender como una injusticia en el más amplio sentido. Pues resulta que, años después, jueces y fiscales están a la gresca por la instrucción del caso Mercasevilla (más bien por las formas de un auto) y el archivo de una de sus ramas, en la que eran presuntos implicados los hermanos de la ministra Fátima Báñez.

No corren tiempos tranquilos para la Justicia, últimamente demasiadas veces en los papeles por causas ajenas a su verdadera voluntad, la de impartirla. Del repetido “respeto a las decisiones judiciales” en boca de los políticos aludidos, hemos pasado, además de rebajarse considerablemente el nivel de respeto, a las críticas entre los mismos operadores a través de autos o sentencias que no son del gusto de los unos o de los otros. Siempre tiene que haber lugar a la discrepancia jurídica pero no parece el mejor lugar una resolución oficial para echarse los muertos de la dilatación de un proceso o de por qué habremos llamado a declarar a los imputados si resulta que los delitos han prescrito.