La lista negra

Cuando a finales de los 90 el Gobierno propuso a la comunidad judía en España incorporar una casilla específica en la declaración de la renta -similar a la X de la Iglesia- para financiar sus actividades, la respuesta que obtuvo fue un rotundo no. Preferían una asignación directa y genérica, no vinculada a declaraciones individuales del IRPF. No les gustaba un sistema que permitía al Estado tener registrados uno por uno, con nombre, apellidos y dirección completa, a los judíos españoles. No les faltaban motivos. Perseguidos en toda Europa durante siglos, expulsados de España en 1492, masacrados por los nazis, sencillamente no se fiaban. Era como si esa X que el Gobierno les ofrecía, cargada de buenas intenciones, tuviera por momentos el reflejo amarillo de una estrella de tela.

Yo no sé cuánto de bienintencionado tiene el registro de inmigrantes irregulares que el Gobierno del PP quiere imponer ahora a las comunidades autónomas, y qué se discutirá este miércoles en la reunión del Comité Interterritorial de Salud. El propósito -argumentan- es poder dar asistencia sanitaria de un modo ordenado a los extranjeros sin documentación legal en España y evitar los abusos del llamado turismo sanitario. Será eso. Pero si yo fuera uno de esos mal llamados “ilegales”, no me fiaría ni un pelo.

Lo razonable, o al menos lo previsible, es que los extranjeros sin papeles no se inscriban en ningún tipo de registro por miedo a quedar fichados para una posterior expulsión del país. Que continúen utilizando la tarjeta sanitaria normal en las autonomías que se están negando a aplicar la discriminación impuesta por la ley estatal de 2012: primero fueron Andalucía, Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña, y desde las elecciones autonómicas de mayo se han sumado Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, Cantabria y Baleares-. Regiones, por cierto, que se exponen a un recurso ante el Tribunal Constitucional, o a multas multimillonarias, como ha amenazado el Ministerio. Madrid juega de momento a la doble baraja, en una estrategia tras la que se adivina la poco disimulada ambición de la moderna Cifuentes en la política nacional.

En el resto de territorios, la única opción es que crucen los dedos y tengan la suerte de encontrarse a algún médico rebelde a la normativa estatal. De lo contrario, lo más probable es que esperen hasta el último minuto para ir a urgencias, que no soliciten ningún análisis de VIH, de hepatitis o de cualquier otra enfermedad infecciosa, que no alerten de ningún síntoma sospechoso, no vaya a ser que con el diagnóstico venga adjunta una orden de repatriación. Sin duda, una gestión ejemplar.

Si algo malo puede decirse de una decisión política es que es injusta. Lo segundo peor es que no funciona, es decir, que es ineficaz o directamente inútil. Lo tercero, que se hace sin casi ningún apoyo político. Y lo cuarto, que su único objetivo es arañar un par de votos en vísperas de unas elecciones. Parecería difícil agrupar todos estos factores en uno, ¿verdad? Pues no lo es. Con su indecente registro de inmigrantes, el PP lo ha conseguido. Mañana más.

Cuando a finales de los 90 el Gobierno propuso a la comunidad judía en España incorporar una casilla específica en la declaración de la renta -similar a la X de la Iglesia- para financiar sus actividades, la respuesta que obtuvo fue un rotundo no. Preferían una asignación directa y genérica, no vinculada a declaraciones individuales del IRPF. No les gustaba un sistema que permitía al Estado tener registrados uno por uno, con nombre, apellidos y dirección completa, a los judíos españoles. No les faltaban motivos. Perseguidos en toda Europa durante siglos, expulsados de España en 1492, masacrados por los nazis, sencillamente no se fiaban. Era como si esa X que el Gobierno les ofrecía, cargada de buenas intenciones, tuviera por momentos el reflejo amarillo de una estrella de tela.

Yo no sé cuánto de bienintencionado tiene el registro de inmigrantes irregulares que el Gobierno del PP quiere imponer ahora a las comunidades autónomas, y qué se discutirá este miércoles en la reunión del Comité Interterritorial de Salud. El propósito -argumentan- es poder dar asistencia sanitaria de un modo ordenado a los extranjeros sin documentación legal en España y evitar los abusos del llamado turismo sanitario. Será eso. Pero si yo fuera uno de esos mal llamados “ilegales”, no me fiaría ni un pelo.