El mito de los pequeños y esforzados propietarios de segunda vivienda

Ojalá me equivoque, pero todo apunta a que, una legislatura más, el Gobierno no abordará de frente el que quizás sea el mayor problema que atraviesa el país: el de la vivienda. Desde luego, las primeras palabras de la flamante ministra de esta cartera, Isabel Rodríguez, no invitan al optimismo. En lugar de hacer un decidido llamamiento a garantizar el acceso a la vivienda, esa asignatura que nos sitúa a la cola de nuestro entorno, aprovechó su toma de cargo la semana pasada para pronunciar una enfática defensa de lo que ella considera “pequeños propietarios”.

No deja de ser preocupante que en su primera manifestación pública, en la misma toma de posesión de su Ministerio, propalara así un bulo que ya no se sostiene, el de que muchos rentistas complementan su pensión con el alquiler y necesitan protección: “Muchas personas en España dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complemente sus rentas. A ellos también les vamos a proteger”. Lo grave de estas palabras, y más viniendo de una ministra de Vivienda, es que son falsas, y así se apresuraron a reprochar en redes los sindicatos de inquilinas.

En los mismos días en que la ministra se estrenaba con esta declaración de principios, nos llegaban noticias de nuevos y desgarradores intentos de desahucios (por si la ministra lo ignora: el año pasado tuvimos 29.000 en todo el país)

Hace apenas unos meses, como recordaba Jaime Palomera en X, la Idra de Barcelona (Institut de Recerca Urbana de Barcelona) publicó al respecto el estudio más detallado hasta la fecha. Resulta que esos pequeños propietarios, a los que Rodríguez se propone proteger no sabemos bien de qué, son una exigua minoría (5 %), ya que el mercado de la vivienda está dominado por actores con más de dos viviendas. No en vano, los hogares con viviendas en alquiler son los de mayor renta media del país, con 40.300 euros anuales frente a los 18.460 de los inquilinos, y ese orden no cambia ni aun restando a esos propietarios las rentas que obtienen por los alquileres. Por eso mismo, hace falta una regulación fiscal como la que llevan años pidiendo los colectivos por la vivienda, ya que únicamente afectaría a los caseros con rentas más elevadas. De hecho, los caseros en situación precaria solo suponen un 0,6 %, de modo que, con una rebaja del 20 % de los alquileres, esa proporción apenas sufriría cambio alguno. En otras palabras, Isabel Rodríguez quiere proteger a quienes no están amenazados de ninguna forma, mientras aumenta la masa de inquilinos empobrecidos que no ven garantizado el derecho a la vivienda. Es una digna sucesora del exministro Ábalos, su compañero de partido que tenía tan claro que “la vivienda también es un bien de mercado”.

Resulta que esos pequeños propietarios, a los que Rodríguez se propone proteger no sabemos bien de qué, son una exigua minoría (5 %), ya que el mercado de la vivienda está dominado por actores con más de dos viviendas

En los mismos días en que la ministra se estrenaba con esta declaración de principios, nos llegaban noticias de nuevos y desgarradores intentos de desahucios (por si la ministra lo ignora: el año pasado tuvimos 29.000 en todo el país): desde una anciana a la que pretendían poner en la calle en Barcelona por una dudosa deuda de 88 euros, hasta, también sin salir de la ciudad, las quince personas mayores abocadas a la expulsión de sus hogares compartidos. Uno hubiera esperado que esas fueran las personas que la ministra aspirase a proteger.

Estudios como el antes citado y otros más demuestran que la ley actual de vivienda deja fuera del control de precios al 85% del mercado, una maraña en la que se encuentra buena parte de esos propietarios particulares de holgadas rentas a los que no les hace falta ninguna protección. Dicho de otra forma, la ley no ataja la espiral especulativa que retrasa la edad emancipatoria de los jóvenes y condena a la calle a los más vulnerables. De eso, la ministra no parece ser tan consciente. O sí, pero le da igual.

Como a todos los que la han precedido.

Ojalá me equivoque, pero todo apunta a que, una legislatura más, el Gobierno no abordará de frente el que quizás sea el mayor problema que atraviesa el país: el de la vivienda. Desde luego, las primeras palabras de la flamante ministra de esta cartera, Isabel Rodríguez, no invitan al optimismo. En lugar de hacer un decidido llamamiento a garantizar el acceso a la vivienda, esa asignatura que nos sitúa a la cola de nuestro entorno, aprovechó su toma de cargo la semana pasada para pronunciar una enfática defensa de lo que ella considera “pequeños propietarios”.

No deja de ser preocupante que en su primera manifestación pública, en la misma toma de posesión de su Ministerio, propalara así un bulo que ya no se sostiene, el de que muchos rentistas complementan su pensión con el alquiler y necesitan protección: “Muchas personas en España dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complemente sus rentas. A ellos también les vamos a proteger”. Lo grave de estas palabras, y más viniendo de una ministra de Vivienda, es que son falsas, y así se apresuraron a reprochar en redes los sindicatos de inquilinas.