Mujeres blasfemas y hombres santos

En el año 2021, lo mismo que en la España nacional católica, nuestro Código Penal tipifica la blasfemia como delito, por mucho que le hayan cambiado la redacción. Por eso, la Audiencia Provincial de Málaga acaba de avalar la multa de 2.700 euros impuesta a una militante feminista. En 2013, participó en las protestas que tumbaron el intento de reforma de la ley del aborto del ministro ultracatólico Alberto Ruiz Gallardón. En España, en lugar de agradecer la lucha a las mujeres por los derechos irrenunciables, las sentenciamos, con todas las de la ley, gracias al artículo 525 del Código Penal, que estipula multas de hasta doce meses a “quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias [...]”.

En el caso de la activista malagueña, su ofensa a los sentimientos religiosos consistió en formar parte de una de las muchas performances de aquellas protestas: una procesión paródica por el centro de la ciudad. En el trono procesionado la figura no era la de un apóstol, sino la del “Santo Chumino rebelde”, la del “Coño insumiso”. Años después, la organización fundamentalista Abogados Cristianos logró identificarla y la denunció. Es lo que tiene regular por ley los sentimientos, que a uno le pueden resbalar las violaciones sistemáticas a niños en el seno de la Iglesia, pero ofenderle terriblemente una sátira reivindicativa.

De más está decir que ni siquiera los Gobiernos del PSOE han querido nunca derogar ese artículo. Tampoco ahora, cuando le ha costado una condena a una feminista. A la hora de la verdad, como estamos viendo en estos días con la ley trans, el feminismo del PSOE es solo superficial. De hecho, en medio de tanto debate sobre los indultos a los políticos catalanes condenados por otra ley anacrónica (que esa sí se va a modificar) sorprende que no digan ni una palabra sobre Juana Rivas. En el plazo de unos pocos días, una mujer ha sido privada de libertad por negarse a entregar a sus hijos y otra ha sido condenada por ofender los sentimientos de un grupo de fanáticos católicos. Desde que se levantó el estado de alarma y los juicios se han retomado, no solo llueven este tipo de sentencias, sino que se multiplica, casi hasta los límites previos a la pandemia, la violencia machista, incluso con asesinatos a niñas, como hemos visto en Tenerife.

Esos son los tiempos oscuros que estamos viviendo. Y aun así, o precisamente a causa de ello, no son pocos los hombres que han intentado lanzar por redes una campaña de autovictimización: con lo buenos que somos, vienen a decir, resulta intolerable que las feministas generalicen de tal modo que, a la postre, acabemos todos en el mismo saco que cualquier maltratador. Esta campaña, de manera demasiado burda, solo pretende negar el carácter estructural de la violencia de género, que en nuestro país provoca una media de alrededor de 430 denuncias al día. Intentan equipararla a otras violencias coyunturales, lo que daría hasta risa si no fuera porque esa indecencia cuenta con representación parlamentaria. Algunos gobiernos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, están admitiendo varios de esos presupuestos negacionistas y llegan a enmascarar la violencia machista con términos como “violencia intrafamiliar”. Es más, incluso uno de esos curas que no ofenden a Abogados Cristianos ha justificado los asesinatos de las niñas Anna y Olivia.

No pasa nada, no pasa nada si, como hombre, pretenden incluirme en su mismo saco de miseria moral. No pasa nada si, como hombre, me interpelan y buscan mi complicidad en su cruzada vomitiva. No pasa nada si, como hombre, constato que aún no se les ha hecho el vacío político y social, si incluso tengo que compartir con ellos algunos espacios públicos o verles en nuestras tribunas mediáticas. No pasa nada, porque por mucho que hieran mi sensibilidad, nuestra sensibilidad, tienen la suerte de no ofender mis inexistentes sentimientos religiosos. Y que Dios nos coja confesados, porque así nos va.

En el año 2021, lo mismo que en la España nacional católica, nuestro Código Penal tipifica la blasfemia como delito, por mucho que le hayan cambiado la redacción. Por eso, la Audiencia Provincial de Málaga acaba de avalar la multa de 2.700 euros impuesta a una militante feminista. En 2013, participó en las protestas que tumbaron el intento de reforma de la ley del aborto del ministro ultracatólico Alberto Ruiz Gallardón. En España, en lugar de agradecer la lucha a las mujeres por los derechos irrenunciables, las sentenciamos, con todas las de la ley, gracias al artículo 525 del Código Penal, que estipula multas de hasta doce meses a “quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias [...]”.

En el caso de la activista malagueña, su ofensa a los sentimientos religiosos consistió en formar parte de una de las muchas performances de aquellas protestas: una procesión paródica por el centro de la ciudad. En el trono procesionado la figura no era la de un apóstol, sino la del “Santo Chumino rebelde”, la del “Coño insumiso”. Años después, la organización fundamentalista Abogados Cristianos logró identificarla y la denunció. Es lo que tiene regular por ley los sentimientos, que a uno le pueden resbalar las violaciones sistemáticas a niños en el seno de la Iglesia, pero ofenderle terriblemente una sátira reivindicativa.