Pegasus en la corte de Felipe VI

En estos días hemos leído colectivamente, siquiera con la imaginación, El Quijote. No es para menos, son días de libros y letras hispanas. Bastaría que colectivamente leyéramos también la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración de los Derechos Humanos, para levantarnos en armas democráticas contra la agresión a nuestros fundamentos constitucionales con las escuchas a más de 60 ciudadanos sin más argumentos conocidos que tener ideas, pensar y opinar de manera diferente.

La respuesta del Gobierno no ha podido ser más patética y ardorosamente inútil viniendo de una ministra de Defensa, concernida por la sospecha que involucra al CNI y que, además, es magistrada de profesión. Ello, frente a una evidencia que supera la presunción por reconocida y que requiere una respuesta contundente, tras una investigación minuciosa que tranquilice democráticamente, no a las víctimas, que también, sino a toda la sociedad democrática. 

No ha sido de mayor estatura la actitud de la principal fuerza de la oposición condicionando la investigación y el apoyo al Gobierno a la exclusión de EH Bildu de todo conocimiento. Con ello, no hace sino continuar en una línea de oposición filibustera. No, no se trata de buscar réditos en la coyuntura o el aplauso del electorado de extrema derecha, se trata de defender los valores democráticos y constitucionales. Sin condiciones.

No han sido negadas las escuchas, hay que, por tanto, investigar si fueron legales, por qué motivos, quién las encargó y autorizó y quién las realizó y hasta qué uso se hizo de todo o parte de las mismas

El Gobierno tiene la obligación de encabezar la investigación pero la gravedad del caso debería involucrar a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es una cuestión de Estado cuya evasiva no está justificada por el contenedor siempre a mano del interés de Estado que, en todo caso, tiene sus límites también en el mismísimo orden constitucional sin que quepan otros resquicios ni recovecos a la sombra de la ley que la aclaración, transparencia y exigencia de responsabilidades.

No han sido negadas las escuchas, hay que, por tanto, investigar si fueron legales, por qué motivos, quién las encargó y autorizó y quién las realizó y hasta qué uso se hizo de todo o parte de las mismas.

La democracia es claridad y transparencia, se oficia a la luz, que diría Norberto Bobbio, la opacidad es lo contrario. El poder debe ser visible, “bajo el velo de la invisibilidad –sigo con Bobbio– maduran y se difunden los vicios grandes y pequeños que socavan las raíces de la democracia”. “Se trata de un poder invisible que lleva a cabo actos políticamente relevantes sin que de ello se derive responsabilidad alguna; por el contrario, busca sustraerse, a través del secreto, de las responsabilidades civiles, penales, administrativas normales”. 

Concluye Bobbio: 'Entre los muchos males de la democracia, la creciente expansión de zonas ocultas no es la menos grave, es, sin embargo, peor su encubrimiento'

El jurista, periodista y demócrata insobornable se refiere a los gobiernos que operan en la penumbra, subgobiernos, y a otros, un paso más, que actúan en la oscuridad más perfecta, los criptogobiernos. Estos últimos, más que gobiernos, pertenecen al Estado profundo que cabalga como caballo loco sin jáquima, nutrido de la “nobleza de Estado”, que llamó Pierre Bourdieu, un ejército sin forma pero de una armonía en su actuación que permanece desde siglos. Y concluye Bobbio: “Entre los muchos males de la democracia, la creciente expansión de zonas ocultas no es la menos grave, es, sin embargo, peor su encubrimiento”.

Si esto va de espías, no vale todo. En una escena de la película El puente de los espías, el debate es esclarecedor: “Ni siquiera en plena guerra fría, extraterritorialmente, cabe acción alguna que no tenga como límites la Constitución de una sociedad democrática”. Confundir al caballo de Zeus, Pegaso, con el caballo de Troya sería un error no solo mitológico, sería de lesa democracia. 

En estos días hemos leído colectivamente, siquiera con la imaginación, El Quijote. No es para menos, son días de libros y letras hispanas. Bastaría que colectivamente leyéramos también la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración de los Derechos Humanos, para levantarnos en armas democráticas contra la agresión a nuestros fundamentos constitucionales con las escuchas a más de 60 ciudadanos sin más argumentos conocidos que tener ideas, pensar y opinar de manera diferente.

La respuesta del Gobierno no ha podido ser más patética y ardorosamente inútil viniendo de una ministra de Defensa, concernida por la sospecha que involucra al CNI y que, además, es magistrada de profesión. Ello, frente a una evidencia que supera la presunción por reconocida y que requiere una respuesta contundente, tras una investigación minuciosa que tranquilice democráticamente, no a las víctimas, que también, sino a toda la sociedad democrática.