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Penalizar el aborto es violencia machista
Miembro de la Red de Hombres por la Igualdad —
A finales de 1978, en Valencia, una amiga me contó que pertenecía a un grupo que hacía abortos clandestinos para luchar por su legalización y me pidió prestado el piso para hacer los que tenían concertados para esa tarde. Accedí porque no encontré ningún motivo para negarme, sin imaginar que ese acto de solidaridad me iba a cambiar la vida.
Esa tarde conocí a un grupo de mujeres valencianas, andaluzas y gallegas, asustadas y dispuestas a enfrentarse a lo desconocido con tal de interrumpir un embarazo no deseado para retomar una vida que se había visto absolutamente alterada por la noticia de su gestación.
Las chicas que practicaban los abortos, sorprendidas por mi habilidad para ayudar a estar relajadas a las mujeres que esperaban turno para ser intervenidas, me ofrecieron ver un aborto y me propusieron integrarme en su grupo, a lo que accedí porque planteaban una batalla para ampliar las libertades en la que valía la pena participar.
En el largo año que duró mi experiencia, interrumpida en Sevilla por la policía, que acabo en juicio, condena e indulto, conocí a más de mil mujeres de todas las edades, ideologías, nivel económico o cultural, y provincias españolas.
La mayoría confesaba estar en contra del aborto hasta que su embarazo venciera sus resistencias, cada mujer tenía unos motivos para abortar, pero siempre eran lo bastante poderosos como para que cada una de ellas estuviera dispuesta a arriesgar su libertad y su vida.
Ayer como hoy las hay que abortan porque no quieren ser madres en ese momento y las que lo hacen porque no “pueden” serlo. Estas últimas podrían llevar a término sus embarazos de contar con el respaldo necesario. Social o de sus parejas.
La práctica totalidad de los embarazos no deseados son el resultado de eyaculaciones irresponsables en relaciones sexuales físicamente satisfactorias para los hombres aunque no necesariamente para las mujeres, que no obstante son las que cargan con las consecuencias.
La legalización disipó las tinieblas de la clandestinidad, el riesgo para la salud de las mujeres y la indefensión de quienes los practican, pero no ha logrado un descenso significativo de los mismos porque no se ha avanzado nada en la educación sexual.
Hoy, cuando parecía que las mujeres habían consolidado su derecho al voto, el acceso a la educación, al mercado de trabajo y al control de la natalidad, el PP nos recuerda que todas las conquistas son reversibles, y en el caso del aborto nos obliga a desempolvar viejos argumentos: que la legalización no recomienda ni obliga, que el derecho de los fecundadores a opinar no puede prevalecer sobre el de las embarazadas, que si los hombres parieran el aborto sería legal, que se cuestiona la capacidad de decisión de las mujeres porque se las quiere mantener a ellas y a sus cuerpos bajo control, que si ellas son las que pueden parir suyo es el derecho a decidir.
Indigna que limiten el derecho al aborto las mismas personas que se oponen a la educación sexual, al control de la natalidad, a los servicios sociales y las que exigen a las mujeres anteponer el cuidado de sus hijos o familiares dependientes a su desarrollo personal en lugar de exigir a sus parejas corresponsabilidad en lo doméstico.
Gallardón promete que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, lo mismo que decía el PSOE de principios de los 80, pero entonces eso significaba un avance y hoy es un serio retroceso que no podemos consentir.
