La petición de Vox en el Parlamento andaluz o su primera factura

A veces, respecto a los derechos adquiridos, nos comportamos como Juan sin miedo, el niño del cuento. Una vez avanzado, es difícil volver atrás. Por eso no hay esa sensación de que, por un viraje de la historia, esos derechos se puedan perder. Viene al caso de la petición de Vox en el registro del Parlamento de Andalucía solicitando una lista del personal que se dedica a la valoración de la violencia de género. Quien pensara que el acuerdo “rebajado” con Vox –como explicaron entonces y ahora fuentes del PP– iba a conformar al partido de extrema derecha y a dejarlo al margen o “pacificado” durante esta legislatura, descubrió este viernes que pecaba de ingenuidad.

El partido liderado en Andalucía por Francisco Serrano ha pedido a través del Parlamento al Gobierno “una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”. Esta es la solicitud literal.

Y al leerla me surgen, cuando menos, un buen puñado de preguntas:

Quieren “depurar y fiscalizar” los casos del personal que no consideran cualificado según ha confirmado Vox. ¿Quién va a decidir si son o no aptos? ¿Si están o no “ideologizados”? ¿Vox? ¿Con qué criterios? ¿Prohibido pensar? ¿Es ahora Vox un partido sin ideología?

Revisar la capacitación profesional de las personas me puede parecer bien en general. Pero ¿qué tiene que ver estar colegiado con defender el feminismo (que ellos llaman supremacismo en un alarde de desconocimiento voluntario del movimiento feminista) u ofrecer un informe “ideologizado” como asegura Serrano?

¿Hace falta “una relación detallada con los nombres y apellidos” para determinar si son o no aptas estas personas? Nos cuenta un experto en protección de datos que, aunque los diputados tienen derecho a tener acceso a más información que el resto de ciudadanos en el ejercicio de control al Gobierno, la respuesta y los datos ofrecidos tienen que ser acordes al objetivo. Es decir, si el objetivo es verificar su capacitación, ¿por qué necesitan los nombres y apellidos? ¿No sería más correcto pedir los curriculum sin necesidad de ofrecer su identificación? ¿Pedirán la lista de policías que nos ponen las multas de tráfico para saber si son aptos para la labor o si están poniendo gratuitamente las multas? ¿De verdad son necesarias las identificaciones?

¿Se trata de una pregunta inocente? Ésta la pregunto y la respondo: no. Porque Vox, y en esto sí han sido muy claros, ha llegado al poder representativo con un objetivo: eliminar las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género y cuestionar las medidas de igualdad, no porque quieran mejorarlas, sino porque ellos mismos parten de una secuencia de mentiras: la violencia machista no es como la cuentan; hay tantas “mujeres malas” como “hombres malos” (Serrano dixit); y los hombres viven amenazados.

Son afirmaciones falsas y lo dice la Fiscalía General del Estado, que contabilizó en 2017 un total de 166.260 denuncias por violencia de género, de las que en 23 ocasiones se han abierto causas por su posible falsedad: dos finalizaron en condena y las otras 21 siguen en tramitación. ¿O estará imbuida la Fiscalía General del Estado de “ideologización”? ¿Tendrán que pedir la lista de todos los y las fiscales que se encargan de casos de género? ¿Determinarán cuáles son los fiscales aptos para tratar estos asuntos de los que no en función de su postura política o su forma de pensar?

¿Lograrán convencer a una parte de la población de que el feminismo es un ataque a la sociedad cuando el punto de partida es algo tan universal y sencillo como la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres?

Es cierto que no está recogida la eliminación de estas leyes en el documento que firmó el PP para lograr el apoyo de los de Abascal en la investidura; es cierto que el vicepresidente Marín (Cs) ha asegurado que “Vox no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado” y que las plantillas de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género no peligran. Pero ¿cómo? ¿Cómo, cuando cualquier decisión, incluidos los presupuestos de la Comunidad Autónoma, tienen que pasar por el voto de Vox? ¿Podemos seguir creyendo que ese voto va a ser gratis?

Quizá alguien debería tirarnos un jarro de agua para hacernos despertar como a Juan sin miedo al final del cuento. Despiertos y alerta, porque esta petición de Vox no es un punto y final, sino un punto y seguido de un texto que se antoja largo.

A veces, respecto a los derechos adquiridos, nos comportamos como Juan sin miedo, el niño del cuento. Una vez avanzado, es difícil volver atrás. Por eso no hay esa sensación de que, por un viraje de la historia, esos derechos se puedan perder. Viene al caso de la petición de Vox en el registro del Parlamento de Andalucía solicitando una lista del personal que se dedica a la valoración de la violencia de género. Quien pensara que el acuerdo “rebajado” con Vox –como explicaron entonces y ahora fuentes del PP– iba a conformar al partido de extrema derecha y a dejarlo al margen o “pacificado” durante esta legislatura, descubrió este viernes que pecaba de ingenuidad.

El partido liderado en Andalucía por Francisco Serrano ha pedido a través del Parlamento al Gobierno “una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”. Esta es la solicitud literal.