El postfranquismo vigente

Que 38 años después de la muerte en su cama del dictador Francisco Franco tenga que ser una jueza argentina la que exija la detención de cuatro torturadores del régimen, habla bien a las claras de hasta que punto hemos cerrado en falso el capítulo de las responsabilidades políticas y penales de quienes protagonizaron uno de los episodios más cruentos de nuestra historia y de aquellos que durante los cuarenta años posteriores fueron dueños de vidas y haciendas, convirtiendo a este país en un inmenso campo de concentración, en el que la dignidad y la vida de quienes no evidenciaban “adhesiones inquebrantables” no valían absolutamente nada.

He de confesar que me produce una profunda vergüenza el hecho de que tenga que ser una jueza argentina la que intente ejecutar lo que ningún juez de nuestro país, excepción hecha de Baltasar Garzón, haya intentado.

¿De verdad no les parece preocupante que nadie en la judicatura o en la fiscalía hayantenido el coraje de reparar –siquiera moralmente- las infamias y tropelías perpetradas en uno de los más tenebrosos periodos de la historia de nuestro país? Les reconozco que a mí sí. Mucho.

Dejar impunes las barbaridades cometidas por los esbirros del franquismo, antes, durante y después de la guerra incivil, es el abono perfecto para que florezcan episodios como los conocidos este verano: jovenzuelos del partido en el gobierno enarbolando banderas franquistas, fotografiándose realizando el saludo falangista, o con mensajes en las redes sociales inequívocamente fascistas o alcaldes y concejales del PP reivindicando la figura del dictador.

Especialmente llamativo es el caso de Granada, provincia en la que se vivió una de las más brutales represiones del franquismo, como lo atestiguan los casi 4000 fusilados en las tapias del cementerio de San José, o los más de tres mil asesinados y sepultados sin identificación en el Barranco de Víznar, entre ellos Federico García Lorca. Pues bien, el presidente del PP y de la Diputación, Sebastián Pérez, hijo del Vicesecretario provincial del Movimiento, mantiene a capa y espada un monumento en honor de José Antonio Primo de Rivera, negándose numantinamente a su retirada con la peregrina excusa de su valor artístico. No deja de ser una auténtica burla que mientras Sebastián Pérez defiende el memorial de uno de los ideólogos del golpe de estado fascista, intente por todos los medios vincular su gestión cultural al nombre de García Lorca, aunque para ello tenga que rodearse de la Guardia Civil, en el acto de conmemoración del asesinato del poeta.

Obsesiva ha sido la fijación del Alcalde de Granada, el también popular José Torres Hurtado, quien durante cinco años ha retirado la humilde placa que familiares de los 4000 asesinados en las tapias del cementerio colocaban en el lugar de la infamia. Sólo la declaración del paraje como sitio histórico por parte de la Junta de Andalucía ha impedido que el vergonzoso episodio volviera a repetirse este verano.

Resaltar el “papelón” que en todo este proceso están jugando Gobierno, jueces y fiscales de nuestro país. Desde el Tribunal Supremo que no considera los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, a la Fiscalía que no investigará las torturas por las que la jueza argentina, María Servini de Cubria, ha ordenado la detención de cuatro funcionarios franquistas, pasando por el Gobierno del PP que ha maniobrado vergonzosamente para impedir la declaración por vídeoconferencia de 12 de las víctimas de los presuntos torturadores.

Todo lo anterior me lleva a la conclusión de que el pusilánime cierre en falso de las responsabilidades de la dictadura nos trae ahora el floreciente resurgimiento del neofranquismo, cómodamente instalado en la política y la judicatura. No cortar de raíz tan preocupante fenómeno sería volver a asesinar la memoria de aquellos cuyos cadáveres aún abonan por miles las cunetas de este país.

Que 38 años después de la muerte en su cama del dictador Francisco Franco tenga que ser una jueza argentina la que exija la detención de cuatro torturadores del régimen, habla bien a las claras de hasta que punto hemos cerrado en falso el capítulo de las responsabilidades políticas y penales de quienes protagonizaron uno de los episodios más cruentos de nuestra historia y de aquellos que durante los cuarenta años posteriores fueron dueños de vidas y haciendas, convirtiendo a este país en un inmenso campo de concentración, en el que la dignidad y la vida de quienes no evidenciaban “adhesiones inquebrantables” no valían absolutamente nada.

He de confesar que me produce una profunda vergüenza el hecho de que tenga que ser una jueza argentina la que intente ejecutar lo que ningún juez de nuestro país, excepción hecha de Baltasar Garzón, haya intentado.