Sanidad parasitaria

La sanidad andaluza vuelve a estar estos días en primera plana por su visible colapso: cierre de centros de salud, camas, quirófanos y plantas de hospitales enteras; 700 profesionales menos al mes, operaciones canceladas, falta de especialistas y citas a más de un año. Escribe el médico y experto Javier Padilla en su libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing) que quienes son contrarios a los sistemas públicos de salud no quieren privatizarlos ni que desaparezcan, como a menudo claman los mensajes apocalípticos. Lo que buscan es que lo público alimente todo el engranaje privado mediante conciertos y externalizaciones. Es lo que llama “parasitación” y es fácil de comprender: con dinero de todos garantizan los ingresos estables del negocio privado. En este flujo, el deterioro general y las deficiencias actúan como acicates, y de paso ayudan también a dinamizar el sector de las compañías de seguros. ¿Es esto lo que está pasando en Andalucía?

Lo que sí sabemos es que una de las primeras decisiones del consejero del ramo, el parlanchín Jesús Aguirre, el de los modos de cacharrero, fue derivar enfermos a clínicas privadas y gastar ahí el 60% del dinero adicional de un inservible plan de choque a las listas de espera. En línea con la pericia de su Ejecutivo para descubrir teatralmente documentos de sus predecesores en trampillas secretas justo en el momento oportuno, Aguirre se topó en “un cajón” con 500.000 pacientes en espera --en realidad cambió los criterios y la manera de contar--, que le vinieron de perlas para anunciar un aumento de los conciertos a “beneficio” de los usuarios. Una vez más, las huestes del autodenominado Gobierno del cambio desembarcaron en el sistema de salud como libertadores, pero el resultado es el que tenemos: declive y recortes, la mitad de la plantilla con temporalidad y la Consejería de Hacienda controlando el presupuesto de los hospitales con el ojo puesto en el ajuste y no en el enfermo.

No salen las cuentas

Aunque algunos se lleven las manos a la cabeza y se digan sorprendidos, e incluso decepcionados, el consejero no ha engañado a nadie, tampoco a quien lo nombró y lo mantiene en el puesto desafiando a la tempestad. De sobra eran conocidas sus palabras sobre el carácter utópico de la sanidad universal gratuita, tanto como su simpatía hacia el copago, las buenas relaciones con los laboratorios y farmacéuticas, y hasta su tendencia a las declaraciones sandungueras, sobre las que hay que decir que no ha defraudado -recuérdese cómo se refirió a las mujeres en el trance de abortar: “Lo fácil es el chupetón”-. De manera que existe un margen muy exiguo para pensar que la deriva emprendida por la sanidad andaluza sea involuntaria y fruto de la coyuntura.

En su libro, Javier Padilla dice que la sanidad pública siempre ha estado y estará en crisis porque es imposible conciliar la protección de la población con los criterios de rentabilidad económica. Esa es la razón por la que, fijemos la lupa en la época que la fijemos, nos topamos con un inevitable titular que nos habla de problemas. Pero la cuestión radica en buscar un equilibrio para que quienes más necesitan del sistema sanitario público no se vean perjudicados, en lugar de favorecer a aquellos que se fijan en él desde la óptica mercantilista. El riesgo no es que haya una privatización completa de la sanidad a la manera de Estados Unidos, un sistema cruel que siempre se pone de ejemplo porque abandona a su suerte a los más débiles; el riesgo es que se llegue a un lugar cercano cebando a las empresas privadas y dejando caer lo público.

Soy de la opinión de que el negocio no cabe en los servicios públicos fundamentales, más allá del sueldo merecido de quienes los prestan. Por mucho que se diga, no salen las cuentas. El gasto de una operación en un centro concertado es más elevado (5.582,6 euros de media) que en un hospital público (1.480,2 euros de media). Además, los datos avalan que el mito respecto a que la perspectiva de obtener beneficio mejora la gestión es rotundamente falso. Andalucía está entre las autonomías que cuentan con menos servicios externalizados (en torno al 4%), según datos de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública. La cuestión es saber si lo que se propone el Gobierno de PP y Cs y sus aliados de Vox es conducir la sanidad andaluza a un desplome controlado y aprovechar sus deficiencias para engordar a la red privada. He ahí el dilema.