Vidas y carreras destrozadas

El Tribunal Constitucional ha abierto una ventana de esperanza a los condenados por la causa política de los ERE. Además de rebajar o anular penas de inhabilitación a Magdalena Álvarez y de cárcel a Carmen Martínez Aguayo, se puede colegir por las resoluciones conocidas del alto tribunal que sigan la misma suerte los otros dirigentes del PSOE condenados, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Una ventana que no resarcirá ni el patrimonio gastado en sus defensas ni su imagen. Ninguno de los políticos condenados lo fue por enriquecimiento personal, pero daba igual, todos ellos han sufrido insultos de corruptos y chorizos, como poco. Fueron condenados por un procedimiento administrativo en la concesión de ayudas sociolaborales. El Constitucional viene a decir que el procedimiento, reflejado en las leyes de presupuestos, no podía ser ilegal como ratificó el Tribunal Supremo. Ha caído como castillo de naipes el relato falso del caso de los ERE como el más grande de la corrupción en España, pero el daño ya está hecho, el político y el personal.

El proceso de los ERE parte del reparto de ayudas sociolaborales en la primera década del siglo desde la Consejería de Empleo por las administraciones socialistas. Eran ayudas arbitrarias concebidas para empresas en crisis por la deslocalización. Hubo fraude y mala gestión, como en tantas administraciones. Seguir la pista del dinero hubiera sido la lógica en cualquier fraude a las arcas públicas; aún hoy la Junta ha de esperar a sentencias para recuperar el dinero y algunas han prescrito. La primera instructora, Mercedes Alaya, sostuvo desde un principio el objetivo de priorizar la pista política, lo que se llama caza mayor.

Alaya trazó la investigación sobre la base de un sistema ilegal en la concesión de las ayudas de forma premeditada y en confabulación, a partir del cual fue sumando responsables socialistas a una pirámide en cuya cúspide situó a Manuel Chaves. La acusación a José Antonio Griñán fue por su etapa de consejero de Hacienda, pero se vio empujado a dimitir como presidente.

Desde los primeros autos, Alaya hacía mención a la pirámide, pero no fue hasta 2013 cuando señaló abiertamente a los expresidentes. Lo hizo público en la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz en San Telmo. La interferencia del caso de los ERE en las citas electorales fue una constante en la década de instrucción. Alaya obtuvo la muleta perfecta en el informe encargado a peritos de la Intervención General de la Administración del Estado para sostener su teoría de la conspiración y de la ilegalidad del sistema de ayudas. El Constitucional deja sin muleta al proceso de la pieza política, como bien desgrana Javier Ramajo en este diario.

El PP, partido siempre a la espera, se desesperó. Tomó parte activa en la acusación a Chaves y Griñán, yendo incluso por delante o señalando el camino a los jueces instructores

Chaves y Griñán se vieron obligados a dejar sus últimos cargos, como diputado y senador respectivamente, y el carnet del PSOE. Llevan años siendo considerados incómodos para el PSOE, que los ha excluido de cualquier acto y borrado su legado. No son dos dirigentes cualesquiera. Han sido protagonistas ambos de una larga carrera en cargos del Gobierno y de la Junta, y presidentes del PSOE. La condena llegó en noviembre de 2019, once meses después de que el primer gobierno del PP (de la mano de Cs y Vox) alcanzara San Telmo. Aquellas imágenes del juicio a las cúpulas socialistas de dos décadas alineadas en tres hileras de banquillo fue un mazazo imposible de contrarrestar. El desenlace supuso la muerte política del PSOE andaluz, partido clave en la autonomía de la comunidad y de sus avances durante 37 años.

Las casi cuatro décadas sin alternancia tuvieron algo que ver. Lo que ocurría en otros territorios no se producía en Andalucía. El PP, partido siempre a la espera, se desesperó. Tomó parte activa en la acusación a Chaves y Griñán, yendo incluso por delante o señalando el camino a los jueces instructores. El objetivo era minar la credibilidad en un partido muy enraizado en la sociedad andaluza y para ello era imprescindible hacer caer a la cúpula. Chaves y Griñán eran las piezas indiscutibles a cobrar por el PP, como se vio en la comisión de investigación de 2012, en la que el PSOE redujo la responsabilidad a la dirección general de Empleo, e Izquierda Unida, socio en la Junta, incluyó a sus consejeros. Había esperanza en el Supremo, que no vio malversación en Griñán en 2015, por tanto, delitos de cárcel. Esperanza frustrada. El nuevo golpe se conoció al tiempo que Juan Manuel Moreno obtenía mayoría absoluta en 2022.

El que el PP proteste por la actuación del Constitucional es consecuente porque desmonta el principal argumentario de su llegada al poder en la Junta. En ese guión, el PP ideó el mensaje de que el de los ERE es el caso de corrupción mayor en la historia de España, con tanto éxito que periodistas nacionales lo siguen repitiendo en las tertulias televisivas sin rigor alguno.

Es una premisa falsa. Prueba de ello es que el Gobierno del PP seguirá abonando hasta 2026 parte de lo que llama de forma cínica “el robo de los 680 millones de euros” de las ayudas concedidas por los socialistas, como pormenoriza Ramajo en otra información. Juan Manuel Moreno cae en la misma contradicción cuando en el debate de la Comunidad del pasado miércoles recurre al mantra y a continuación explica que hay 27 millones de euros reingresados de los 62 millones reconocidos y la Junta reclama otros 135 millones. Suman 197 millones de fraude. Una cifra parecida a la que Alaya ya insinuó en uno de sus autos en los albores de la macrocausa. Sigue siendo vergonzoso, pero recuerden las sumas en la corrupción del PP.

"¿Cómo es que unas tesis tan insolventes han llegado tan lejos y han hecho tanto daño?", cuestiona con reproches a jueces y fiscales el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez

El Constitucional puede restituir el honor político, pero el daño ya está hecho. Por citar dos nombres de los hasta ahora liberados de la pena, cómo resarcir a Magdalena Álvarez del colofón a su brillante carrera como consejera y ministra en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que tuvo que dimitir como vicepresidenta. O cómo podrá superar Carmen Martínez Aguayo las humillaciones y la soledad de los años de banquillo y el año y medio en prisión y recuperar su magnífica hoja de servicios, por ejemplo, como partícipe de tantas mejoras en la salud pública nacional y en la andaluza. Todo esto queda relegado a una línea en la biografía que ofrece Wikipedia, que se explaya con la condena a la exconsejera de Hacienda. Y como ella, todos los demás. Vidas y carreras destrozadas por la judicialización de una política sin piedad hacia el adversario. 

 “¿Cómo es que unas tesis tan insolventes han llegado tan lejos y han hecho tanto daño?”, cuestiona con reproches a jueces y fiscales el que fuera interventor general de la Junta Manuel Gómez, absuelto tras ocho años en el punto de mira con petición de seis años de prisión. La Audiencia de Sevilla debió atisbar que era difícil encajar una condena a los políticos si no se exoneraba al interventor y a otros altos funcionarios de la Junta también procesados por los instructores.