Violencia machista y adoctrinamiento

Acaba de empezar enero y ya tenemos la primera víctima mortal por violencia de género. En España, de media, una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días y se denuncia una violación cada cuatro horas. Cuando nos golpea la brutalidad de un crimen machista convenimos de manera casi unánime en que esta lacra que desuella a las sociedades desarrolladas --en la otra parte del planeta la infamia se hace a cara descubierta y queda impune-- solo se puede abordar con una labor gigantesca en las familias y en las escuelas. Esto es: que el modo de combatirla es la educación. Sin embargo, enseguida emerge el muro de resistencia que considera la formación en igualdad un adoctrinamiento intolerable y, bajo el epígrafe de la ideología de género (un concepto que es toda un patraña en sí mismo) la magnitud de esta tragedia y su goteo de cadáveres (1.126 mujeres y 46 niños desde 2003, año en que comenzó a contarse) se convierte en un asunto de trifulca política. En Andalucía lo sabemos de primera mano porque el concurso de Vox en el sostenimiento del Gobierno autonómico durante tres ejercicios se ha traducido en el deterioro de las herramientas públicas de lucha, además de la aceptación del discurso de que cualquier protección a las mujeres es un despilfarro, y las organizaciones que las ayudan, chiringuitos.

Sin aspirar a la categoría de inventario, he aquí algunas muestras: ruptura de consensos, paralización de leyes, recortes severos al andamiaje de amparo, puestos bajo sospecha con polémicas irrelevantes; gasto absurdo en un teléfono de “violencia intrafamiliar” que lleva aparejado un significativo retroceso dialéctico; fondos para asociaciones antiabortistas, supresión de la perspectiva de género en los informes de la Junta y un largo etcétera. 2021 se ha cerrado con una orden que restringe el uso del lenguaje igualitario en los libros de texto, una instrucción que entorpece el trabajo pedagógico de atajar el problema partiendo de la raíz. La ultraderecha lo celebró en las redes como una victoria, ya que es fruto de una iniciativa suya en el Parlamento, respaldada por PP y Cs. Simbólicamente es grave porque abunda en la dinámica de trasladar a la ciudadanía que las políticas sobre la mujer, su visibilidad y los derechos poco a poco conquistados son una afrenta insoportable para los varones, que se quedan indefensos. Y también porque la reacción de la comunidad educativa ha sido de perplejidad. Sostienen que en las aulas no hay ningún conflicto y que el “abuso del lenguaje inclusivo”, en todo caso, es anecdótico. Especialmente descorazonador fue contemplar al consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el pleno de los fallidos presupuestos, enaltecer el equívoco término de violencia intrafamiliar para tratar de ganarse el voto de Vox, y a continuación, con un gesto entre mendicante y desconcertado, leer unos párrafos en el que se desdoblaba el femenino del masculino como si fuera el colmo del extremismo y la subversión.

En estos tres años de legislatura, en Andalucía hemos asistido --con asombro descendente, eso sí-- a las traducciones libres que PP y CS han hecho de las inadmisibles exigencias de Vox a cambio de sus votos.

Del éxito de las dinámicas desdeñosas hacia las políticas de la mujer espoleadas por la extrema derecha (y asumidas por la derecha, con agrado o sin él, yo ya no sé) en la población masculina da una idea el contenido del barómetro sobre juventud y género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, del pasado octubre. El 20% de los jóvenes varones españoles (de 15 a 29 años) cree que la violencia de género es un invento ideológico, porcentaje que en cuatro años se ha duplicado. Igualmente, crece la opinión de que la violencia es inevitable y que si se dispensa con poca intensidad resulta tolerable. El sesgo político es manifiesto: el 35,3% de los jóvenes de ambos sexos que se autodefinen como de derechas piensa que la violencia de género es inexistente, y solo un 55,5% la califica de problema relevante, frente al 77,9% de la juventud de izquierdas. Está claro que la politización de esta monstruosidad social funciona, la táctica de atizar a la sociedad e inventar un enemigo (en este caso, las políticas de género) para captar adeptos es de una eficacia aterradora. Entristece, pero mientras unos nos estremecemos con la cosecha atroz de mujeres que sufren violencia, otros sacan rédito. El relato del malvado (malvada) da sus dividendos.

No hay duda de que el principal problema de criminalidad en España es la violencia contra la mujer. Con mucha diferencia. Aunque los delitos rara vez se cometen en la calle, sino entre las cuatro paredes del hogar, y ahí no vale la vigilancia policial sino la prevención, las redes de apoyo y asistencia pública y privada, las campañas de información y la agotadora tarea de neutralizar las estadísticas fantasiosas, las mentiras y los bulos. Si se coincide en que el trabajo debe surgir de la base, el primer empujón ha de ser la educación. No es permisible transigir en esto porque despoja a las administraciones, y a la sociedad entera, de su mejor instrumento. En estos tres años de legislatura, en Andalucía hemos asistido --con asombro descendente, eso sí-- a las traducciones libres que PP y CS han hecho de las inadmisibles exigencias de Vox a cambio de sus votos. Los ultras han conseguido borrar la violencia machista de la lista de las prioridades públicas, si bien es cierto que la Junta se ha relajado y aparcado las concesiones de forma oportunista por la espantada de Vox y la cercanía de las elecciones. Ahora logran un triunfo en la escuela, donde la concordia es más necesaria porque es el lugar de partida para intentar erradicar la mentalidad criminal y sus estragos. Mala cosa. 

Acaba de empezar enero y ya tenemos la primera víctima mortal por violencia de género. En España, de media, una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días y se denuncia una violación cada cuatro horas. Cuando nos golpea la brutalidad de un crimen machista convenimos de manera casi unánime en que esta lacra que desuella a las sociedades desarrolladas --en la otra parte del planeta la infamia se hace a cara descubierta y queda impune-- solo se puede abordar con una labor gigantesca en las familias y en las escuelas. Esto es: que el modo de combatirla es la educación. Sin embargo, enseguida emerge el muro de resistencia que considera la formación en igualdad un adoctrinamiento intolerable y, bajo el epígrafe de la ideología de género (un concepto que es toda un patraña en sí mismo) la magnitud de esta tragedia y su goteo de cadáveres (1.126 mujeres y 46 niños desde 2003, año en que comenzó a contarse) se convierte en un asunto de trifulca política. En Andalucía lo sabemos de primera mano porque el concurso de Vox en el sostenimiento del Gobierno autonómico durante tres ejercicios se ha traducido en el deterioro de las herramientas públicas de lucha, además de la aceptación del discurso de que cualquier protección a las mujeres es un despilfarro, y las organizaciones que las ayudan, chiringuitos.

Sin aspirar a la categoría de inventario, he aquí algunas muestras: ruptura de consensos, paralización de leyes, recortes severos al andamiaje de amparo, puestos bajo sospecha con polémicas irrelevantes; gasto absurdo en un teléfono de “violencia intrafamiliar” que lleva aparejado un significativo retroceso dialéctico; fondos para asociaciones antiabortistas, supresión de la perspectiva de género en los informes de la Junta y un largo etcétera. 2021 se ha cerrado con una orden que restringe el uso del lenguaje igualitario en los libros de texto, una instrucción que entorpece el trabajo pedagógico de atajar el problema partiendo de la raíz. La ultraderecha lo celebró en las redes como una victoria, ya que es fruto de una iniciativa suya en el Parlamento, respaldada por PP y Cs. Simbólicamente es grave porque abunda en la dinámica de trasladar a la ciudadanía que las políticas sobre la mujer, su visibilidad y los derechos poco a poco conquistados son una afrenta insoportable para los varones, que se quedan indefensos. Y también porque la reacción de la comunidad educativa ha sido de perplejidad. Sostienen que en las aulas no hay ningún conflicto y que el “abuso del lenguaje inclusivo”, en todo caso, es anecdótico. Especialmente descorazonador fue contemplar al consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el pleno de los fallidos presupuestos, enaltecer el equívoco término de violencia intrafamiliar para tratar de ganarse el voto de Vox, y a continuación, con un gesto entre mendicante y desconcertado, leer unos párrafos en el que se desdoblaba el femenino del masculino como si fuera el colmo del extremismo y la subversión.