Un 9 de enero de 2014 comparecía el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, para prometer que se iban a garantizar los suministros básicos (luz y agua) en junio de ese año para que ningún ciudadano sufriera cortes por impagos. Justo un año después, el 9 de enero de 2015, ha ofrecido otra rueda de prensa -también para marcar la agenda de su consejería en el nuevo periodo de sesiones- y ha hecho la misma promesa después de que IU no haya conseguido sacar adelante una medida de la que ha hecho bandera y espera la complicidad de sus socios del PSOE-A, que en realidad hasta el momento ha generado incluso hasta tensiones entre ellos. Basta con recordar cuando IU anunció que iba al Consejo de Gobierno un decreto en este sentido, y finalmente no entró en el orden del día.
Cierto es también que el año pasado se consiguió destinar una partida de unos siete millones de euros para que las administraciones locales hicieran frente a los recibos evitando cortes en los suministros, un problema que se calcula que sufren medio millón de andaluces.
En el empeño de IU por sacar adelante esta medida está también en juego la continuidad del pacto porque IU anunció en su asamblea del pasado mes de diciembre que sometería a referéndum entre su militancia su permanencia en junio de 2015 si no se cumplían cinco condiciones y entre éstos estaba precisamente la garantía de estos servicios. Curiosamente era también el único de los cinco condicionantes que no estaba incluido en el pacto que firmó con el PSOE-A para gobernar en Andalucía.
“No podemos consentir que antes de finalizar este periodo de sesiones no haya una respuesta en la materia”, ha dicho el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. En este sentido, ha reconocido que hasta la fecha se le han dado a este problema “respuestas paliativas”, con la citada inversión básicamente, pero es hora de abordarlo desde un punto de vista más ambicioso, o sea, que esté garantizado por ley.
De todas maneras, ha reconocido que la cuestión no es sencilla, para justificar que no se hayan puesto de acuerdo todavía en este asunto. De hecho, ha querido diferenciar en materia de agua, donde se puede operar de manera más fácil a través de las administraciones locales, mediante negociaciones con las empresas que abastecen a los municipios, frente a la energía. En este aspecto ha reconocido que como mucho se podrá “impulsar un debate a escala nacional”, porque entiende que el margen de maniobra que tiene la Junta de Andalucía es mínimo.
De momento, la consejería ha encargado un informe para evaluar la incidencia de la inversión destinada a los consistorios para hacer frente a las facturas de los hogares que no pueden asumir el pago de la luz y el agua, de cuyos resultados espera obtener datos para un planteamiento en firme.
Compromisos para el primer semestre
Es éste uno de los compromisos que ha anunciado para el primer semestre del año, donde también ha referido otros. Entre ello, ha informado de que su consejería impulsará un sello de calidad democrática municipal, al que podrán adherirse los municipios que lo deseen y la edición de una guía de competencias de las administraciones locales, como instrumento de ayuda a los munícipes.
En cuanto al cumplimiento del pacto, ha augurado que 2015 será clave, “con más de una docena de leyes que llegarán al Parlamento de Andalucía”. Ha recordado que está a punto de concluir el grupo de trabajo de renta básica, y el anteproyecto de la Ley de Agricultura, donde irá el banco de tierras, está “muy avanzado”. Estos dos elementos, junto al desarrollo de la banca pública -“que cada uno la llame como quiera”- y el debate en pleno de la Ley de Memoria Democrática “a finales de este mes” son el eje de las medidas que desde las competencias de IU pretenden acelerar.