Dicen que las penas nunca vienen solas, sean jurídicas o personales, y algo por el estilo le sigue pasando a la playa de El Algarrobico. 15 años después de la paralización de las obras, sigue pendiente la demolición del hotel Azata del Sol como punto final a una trama judicial que se ha convertido en el símbolo del urbanismo desbocado de la costa. La última sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insta al Ayuntamiento de Carboneras a modificar y revisar la licencia de obras que le concedió hace casi dos décadas. Entonces ya se sabía que era un espacio protegido tanto por encuadrarse dentro de un paraje natural como por incumplir la Ley de Costas vigente. Pero la realidad es que pasa el tiempo y el Algarrobico sigue en pie.
Empecemos por el principio. La playa de El Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), está enclavada en el Parque Natural de Cabo de Gata - Níjar. Además, cuenta con la protección del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) que la Junta de Andalucía aprobó en 1994, calificándola como objeto C1 de “área natural de interés general”, por tanto, no urbanizable. Por si cabía alguna duda, la Ley de Costas de 1988 establece que el espacio de servidumbre, es decir, la distancia entre el hotel y la costa, ha de ser de 100 metros, una norma que anulaba retroactivamente cualquier plan iniciado en el litoral español. Caso que no cumple la construcción puesto que está a 14 metros de distancia del mar con sus 21 plantas y 411 habitaciones.
Habría que remontarse tiempo atrás. Tal y como revela la investigación Playa burbuja, del medio español Datadista, en el año 1988 la nueva Ley de Costas entraba en vigor, por lo que el Ayuntamiento desoyó las recomendaciones y aprobó el Plan Parcial de la promotora Río Alías, con el beneplácito de la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta de Andalucía. Aquello quedó suspendido en un paréntesis temporal.
Once años después, en 1999, con aquellos planes aprobados, olvidados pero no modificados, la empresa Azata compró 16,2 hectáreas de terreno a 50 metros de la línea de costa por 2,3 millones de euros. A su vez, obtuvo las licencias municipales de obras para construir el hotel y la calificación ambiental favorable en marzo de 2003. Las asociaciones vecinales y ecologistas denunciaron el despropósito medioambiental, logrando que en 2006, tras las sentencias del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Almería, se paralizaran las obras del hotel Azata del Sol con más de un 74% ejecutado. La sentencia calificaba como “burda maniobra” las acciones realizadas por la Junta y el Gobierno local para saltarse los procedimientos legales.
Así, en 2012, el Tribunal Supremo confirmó que el hotel violaba la Ley de Costas y, entre unos vericuetos y otros, volvió a calificarlo como “espacio protegido”.
La trayectoria del hotel está regada por más de una veintena de resoluciones judiciales dadas tanto por el Supremo como por el TSJA y la Audiencia Nacional, donde se reconoce que el suelo no es edificable y que se ha de derrumbar el complejo. Entre los requerimientos, se establece la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el último obstáculo por salvar.
Preguntado por este diario, el subdirector de la promotora Azata, José Rodríguez, enfatiza que hay un “total respeto a todas las sentencias”. Al echar la vista atrás, añade que “el hotel cumplía con todos los parámetros vigentes en aquel momento, las tres administraciones –en referencia a la Junta, el Ayuntamiento y Costas– tenían informes favorables, los cuales se revisaron en el año 97”. La compra se produjo en 1999, “con todas las aprobaciones y revisiones, no íbamos a pensar que estaba mal, no creímos que pudieran estar equivocadas al no recibir ninguna reprobación por parte del Ayuntamiento”.
Cristóbal Fernández fue alcalde de Carboneras durante 28 años en representación del PSOE durante los períodos en que la justicia le quitaba la razón al Ayuntamiento para volver a calificar el suelo como “no urbanizable”. En la actualidad, su sobrino José Luis Amérigo (también socialista) es quien ostenta el cargo de alcalde desde junio de 2019.
Un año antes, en 2018, el Tribunal Supremo obligaba al Gobierno municipal a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), instrumento de planificación urbana que sirve para regular y ordenar el uso del suelo y su transformación o conservación, para cambiar a “suelo no urbanizable” las fincas del hotel de Azata del Sol, que ya estaban registradas formalmente como zona C1 o área ambiental protegida.
Una cuestión que ha venido a subrayar la última sentencia del TSJA. El fallo desestima la petición de Greenpeace para que se inicie el expediente de demolición por una razón: se tiene que anular la licencia de obras concedida en 2003 por aquel Gobierno del PSOE. Esto va unido a la necesidad de que el nuevo PGOU sea actualizado, ya que obliga al Ayuntamiento a “admitir y tramitar el procedimiento administrativo previsto (...) de revisión de oficio de la licencia de obras, por posible existencia de nulidad de pleno derecho”.
Ante lo propuesto, la administración local notificó a este diario que “ya se ha dado traslado al TSJA de que se ha dado cuenta al pleno del Ayuntamiento de la modificación de la normativa urbanística municipal para adaptar los sectores ST-1 y ST-2 a la sentencia que determinó que era suelo no urbanizable”. No obstante, falta su publicación en el Boletín Provincial para que sea oficial y el Consistorio no ofrece una fecha concreta.
Pues, después de muchos vaivenes, en enero de 2014 el TSJA rechazó los recursos de la constructora del hotel y reconoció que el terreno era de la Junta de Andalucía. La administración autonómica anunció en agosto de 2014 que adquiriría e inscribiría en el Registro la finca que está en el paraje. De esta forma, pasaría a ser de propiedad pública al depositar en la Caja Provincial de Depósitos de Almería la cantidad de 2,3 millones de euros, sin tener que pagar ningún tipo de indemnización a la promotora de la instalación.
La estrategia conlleva también una alianza futura: el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se comprometió, en colaboración con la Junta de Andalucía, a derrumbar y retirar los escombros de la playa de El Algarrobico. El acuerdo fue firmado en noviembre de 2011 a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y establece una cofinanciación que ascendería a los siete millones de euros.
Las únicas declaraciones que ha habido hasta ahora por parte de la Junta son de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, a Europa Press. Crespo sostiene que se está elaborando un “estudio con las distintas vías que permitan poner en marcha la demolición, aunque hay que esperar a las sentencias judiciales” e insiste en que “los recursos económicos” de los Presupuestos Generales de la comunidad en 2021 estarán destinados “a demoler” la infraestructura.
Revisando las últimas acciones emprendidas por la Junta de Andalucía, habrá que regresar a noviembre de 2020, cuando Juan Manuel Moreno, el presidente popular de la Junta de Andalucía, anunció que se elaboraría un presupuesto para el derribo de la mole en el marco de la llamada “Revolución Verde”. Sin embargo, queda pendiente ejercer el derecho de retracto, es decir, pagar los 2,3 millones de euros a Azata del Sur para que los terrenos sean de completa titularidad pública. No obstante, Azata rechazó esta vía y todavía los tribunales tienen pendiente resolver esta causa. A lo cual, fuentes de Greenpeace comentan que se podría “expropiar, ya que, si han anunciado unos presupuestos para emprender acciones, deberá primero el terreno ser suyo, ¿no?”.
Por su parte, la consejera de Agricultura sostuvo que los servicios jurídicos han iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil “y solicitar la anotación preventiva de dicha demanda”, según el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria, ya que la vía administrativa no da resultados, aunque se desconoce la fecha.
En cuanto al PSOE de Andalucía, no ha habido ninguna reacción a nivel local, provincial ni regional a las preguntas hechas por este periódico, a pesar de que la agenda medioambiental marque la ruta del nuevo secretario general, Juan Espadas.
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