Miles de opositores están pendientes de la fecha para las pruebas selectivas de administrativos (C1) y auxiliares administrativos (C2) de la Junta de Andalucía, las más demandadas porque suman más de 45.000 aspirantes, lo que ha convertido su celebración en un verdadero quebradero de cabeza en plena pandemia. Después de haberlas pospuesto en dos ocasiones el pasado año, el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) anunció que su previsión eran los días 20 y 21 de febrero, pero esta semana, cuando se ha alcanzado el mayor número de muertos por covid hasta la fecha (106 el martes) y 105 (el viernes), ha confirmado que se dará un margen.
En concreto, ha pedido a la Dirección General de Salud y Ordenación Farmacéutica autorización para celebrar las pruebas los días 6 y 7 de marzo, pero surgen otras dudas. La principal es que los organizadores están a la espera de un cambio en el criterio de las restricciones que impone la Junta de Andalucía para estas pruebas, que se han venido desarrollando desde septiembre, cuando se retomaron, pero con un poder de convocatoria mucho menor. La orden en vigor se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado mes de noviembre, cuando había pendientes 99 ejercicios (primeros, segundos y en algunos casos, terceros) de las distintas especialidades. Establece que podrán realizarse presencialmente “siempre que no se convoquen a más de 50 opositores por sede, y no se concentre a más de 10 por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica”.
Se necesitan más de 500 edificios
Hablamos de unas pruebas que cuentan con más de 20.000 (C1) y más de 25.000 (C2) inscritos, que han pagado la correspondiente tasa para asumir el coste de la celebración, dado que se exige pagar a los empleados públicos que vigilan la realización de los exámenes (una media de 150 euros) y al personal de seguridad por la apertura de los edificios públicos donde suelen tener lugar: aulas de centros de enseñanza. Esas tasas, de 12.43 euros (C2) y 14,91 (C1), estaban pensadas en un contexto de celebración ordinario y no en las actuales circunstancias. Si hay que cumplir la exigencia de 10 alumnos por aula como máximo, harían falta más de 2.000 para el sábado 6 y más de 2.500 para el domingo 7 solo para vigilar a los opositores, a lo que habría que sumar, si se mantiene el límite de 50 por edificio, un mínimo de 500 encargados de las instalaciones, contando con que solo haya una persona para abrirlas y cerrarlas, y para las medidas de seguridad. Lógicamente, hacen falta muchas más, como explican fuentes del IAAP, que confirman que es donde está en estos momentos uno de los principales problemas a la hora de desarrollar las pruebas.
Estas están previstas en las ocho provincias. El pasado mes de noviembre fueron anuladas cuando ya se había publicado la distribución por sedes de todos los aspirantes, sobre todo en grandes instalaciones universitarias para poder albergar el mayor número. Es el caso de las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, pero la previsión era poder contar con 50 opositores por aula, teniendo en cuenta que las dimensiones de las mismas permiten mantener la distancia de seguridad a efectos sanitarios y también de evitar que los aspirantes se pudieran copiar unos de otros en las respuestas. El criterio de 10 por aula máximo ha roto cualquier cálculo que pudiera tener el IAAP hecho.
La 'ventaja' de los que están en cuarentena
Se une a esto la necesidad de resolver la situación de los aspirantes que se hallan en cuarentena por contagio o por contacto con un positivo cuando les toca el examen. El IAAP abrió una vía de comunicación de estos casos, con el correspondiente certificado acreditativo de la situación. Consultada la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, no ha ofrecido datos sobre el número de incidencias de este tipo, ni tampoco del criterio que se está siguiendo para convocar en un segundo llamamiento a los que no pudieron ir en fecha. Se está dando la circunstancia de que algunos que no pudieron ir por este motivo a exámenes en septiembre, están siendo llamados cinco meses después de para la prueba, lo que ha originado otro debate sobre el principio de igualdad porque han ganado un valioso tiempo para los estudios sobre otros competidores.