“La Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados”, dice el artículo 13.3 de la Ley andaluza de Memoria Histórica aprobada en 2017. Recientemente, con motivo de una concentración de colectivos memorialistas denunciando los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno de Moreno lamentaba que esta cuestión la viene asumiendo “casi en su totalidad” y pedía al Gobierno central un compromiso para acompañar el “esfuerzo presupuestario” de la Junta. La Administración General del Estado, sin tener por qué, ha destinado 200.000 euros en los dos útimos años a apoyar financieramente esos trabajos que se vienen realizando desde 2018 en la Universidad de Granada y que acumulan una notable demora, llegando a provocar que cada vez más familias, al menos en la bahía de Cádiz, se dirijan a laboratorios privados para conocer la verdad.
Para la Junta, el Gobierno central “sólo dedicó 100.000 euros a este cometido el pasado ejercicio”, según protestó el pasado mes de abril el anterior consejero con competencias en la materia, Arturo Bernal. La última queja de la Junta en este sentido se centra en que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación para actuaciones en materia de memoria democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones” y eso, claro, exige mayor tarea para la identificación genética con los familiares de las víctimas que pretenden darle una sepultura digna y cuya espera se viene alargando.
Efectivamente, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha venido financiando exhumaciones en Andalucía “casi en solitario”, según fuentes de este departamento, con 2,4 millones a entidades locales a través de la FEMP entre 2020 y 2023, y 1,9 millones a la propia Junta de Andalucía a través de la Conferencia Sectorial entre 2021 y 2024. “Lo único que hace la Junta es autorizar actuaciones, mientras los plazos se van dilatando hasta casi comprometer la financiación”, han venido apuntando fuentes de las asociaciones de familiares, que aseguran que en identificaciones “se ha recortado el presupuesto cuando más cuerpos hay recuperados”.
En ese sentido, la Junta, para 2025, ha sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años. “Vamos a seguir centrados en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, decían hace apenas unos días fuentes de la Junta consultadas por este periódico y donde esgrimían con detalle las dificultades del proceso de identificación genética.
“Desde que la Junta de Andalucía planteó por primera vez esta necesidad, la Secretaría de Estado ha realizado ya sendas transferencias de 100.000 euros cada una a la Junta en los ejercicios 2023 y 2024”, comentan fuentes de ese departamento en relación a las tareas que la comunidad autónoma tiene conveniadas con la Universidad de Granada y donde la Junta viene concentrando ciertamente su presupuesto (800.000 euros en 2023, según dijo el consejero Bernal en aquella comparecencia parlamentaria).
Según el Ministerio, para 2025 el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla, a nivel estatal, “un incremento de la partida destinada a la la contratación de un servicio de recogida de ADN con diversos laboratorios de la geografía española para alimentar el Banco Estatal y que permita reforzar los trabajos de identificación genética”.
Respecto a las exhumaciones, el Estado también ha aprobado en los últimos tiempos subvenciones nominativas por valor de 1,4 millones a ayuntamientos para grandes fosas como las de Pico Reja, Córdoba, Huelva y Jaén, alguna de las cuales también cuenta con aportaciones local y autonómica. Además de esas actuaciones en los cementerios de las capitales de provincia, con esa financiación estatal se han impulsado como exhumaciones más significativas las de San Fernando o Trebujena (en Cádiz), Castro del Río o Hinojosa del Duque (en Córdoba), Barranco de Víznar o Nigüelas (en Granada), Nerva o Minas de Riotinto (en Huelva) y Osuna o La Algaba (en Sevilla). En el conjunto de intervenciones financiadas por el Gobierno central se han exhumado más de 3.500 víctimas hasta el momento, con algunas intervenciones aún en ejecución o pendientes de inicio.
Después de que el Gobierno andaluz dejara de invertir más de la mitad del presupuesto previsto para el primer plan de memoria democrática, y de que para 2025 haya sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años, el memorialismo viene también lamentando en todo caso la “falta de información” en la materia. El Grupo Socialista ha propuesto a la Junta presupuestar 500.000 euros más en 2025 para actuaciones relativas a exhumaciones.
Como ya informó este medio, los datos del Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía asumen con números la barbarie fundacional del franquismo. Huelva aparece con 10.378 víctimas estimadas en 137 tumbas ilegales (5.000 personas en la ciudad) y Córdoba señala 5.730 ejecutados en 134 fosas (con 2.460 en 10 enterramientos en la capital). Málaga cuenta 8.317 en 114 (4.288 en 9 enterramientos en la urbe) y Sevilla, por su parte, 12.599 en 171 (3.250 en 7 depósitos en la metrópoli).
Los trabajos en Córdoba pararon en verano y con el nuevo curso retoma la tarea que arrancó 87 años después de los asesinatos con una labor previa de localización. La búsqueda sigue para ‘la causa de los 4.000’ cordobeses y los mil y pico de Huelva, mientras Sevilla sestea con miles de esqueletos mal enterrados en su cementerio y suma con Málaga 4.500 cadáveres recuperados.
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