Hasta 15 personas han recibido en las últimas semanas una resolución negativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con relación a su solicitud del subsidio agrario con el argumento de no acreditar las 35 peonadas mínimas que exige el decreto 426/2003 de 11 de abril. Se da la circunstancia de que el pasado 25 de enero el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley, el 1/2013, que modifica al anterior y reconoce a los trabajadores andaluces y extremeños el derecho a cobrar la prestación de 426 euros mensuales si han trabajado 20 jornadas reales durante los 12 meses anteriores a la solicitud. Esa es la denuncia que han hecho CCOO y UGT, junto al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, a partir de los datos que han contabilizado en la oficina de intermediación que crearon a comienzos de marzo. Para acreditar sus palabras han presentado copia de las resoluciones denegatorias enviadas a cuatro jornaleros de otros tantos municipios jiennenses.
Francisco Reyes ha señalado que la respuesta a la dirección provincial del SEPE demuestra que “se les ha olvidado que las rebajaron a 20 [el número de peonadas mínimo para obtener el subisidio]”, que el Gobierno central “no se ha preocupado nunca de los trabajadores del campo y que no muestra la mínima inquietud por cómo lo pueden pasar miles de familias en Andalucía y en Jaén”.
Además, ha señalado que desde la oficina de intermediación se prevé “ir al juzgado a demandar que no haya ningún trabajador sin subsidio por no llegar a las 20 peonadas”. De ese modo ha querido recordar el compromiso de la ministra Fátima Báñez que garantizó, en enero pasado, que ningún trabajador del campo andaluz o extremeño se quedará sin percibir su derecho al subsidio o la renta agraria. Respondía así a las reivindicaciones de sindicatos y organizaciones agrarias que denunciaban una caída en picado del empleo a causa de la mala cosecha de aceituna. En provincias como Jaén se ha cifrado que la producción ha sido un 80% inferior a anteriores campañas, con un impacto proporcional sobre los jornales.
Los sindicatos están buscando la fórmula para denunciar ante el juzgado lo sucedido, para valorar si cabe una demanda conjunta o debe presentarse de forma individual por cada trabajador, para exigir a la ministra que cumpla su promesa.
También han denunciado que a los trabajadores “se les insinúa” en las oficinas de empleo “que no soliciten la prestación porque no tienen jornales suficientes”, en palabras de Antonio Marcos, responsable la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios de UGT-Jaén. Cuando se producen esas circunstancias, responsables sindicales acompañan a los jornaleros a las sedes del SEPE “para solicitar que les entreguen por escrito la denegación”. Con esto pretenden reunir documentación que sostenga sus peticiones al Ministerio.
De otro lado, tanto el presidente de la Diputación como los representantes de UGT y CCOO han insistido en que la única forma para garantizar el acceso a la prestación a todos los jornaleros es la puesta en marcha de un plan de empleo en el medio agrario andaluz similar a los impulsados en Extremadura y Canarias y, en paralelo, eliminar el número de peonadas mínimas para acceder al subsidio. Sólo así se evitaría alcanzar “el gran número de personas que se quedará sin nada si no se suprimen las peonadas”, según el secretario de organización de CCOO, Ángel Lahita.
De momento no han realizado estimaciones del número de solicitudes porque “mucha gente sigue intentando reunir las 20 peonadas mínimas, como sea” y no han empezado a tramitar la documentación para demandar al subsidio. No obstante, el año pasado, al término de la campaña de aceituna fueron más de 7.000 las personas que tramitaron la prestación con cargo al régimen especial agrario, sólo en la provincia jiennense.
La dirección provincial del SEPE en Jaén aún no ha explicado a eldiario.es/andalucia sus argumentos para rechazar las solicitudes de subsidio ni si se ha producido algún error a la hora de aplicar la normativa a los solicitantes. Desde principios de marzo, la Diputación y los sindicatos UGT y CC OO mantienen operativa esta oficina de intermediación, que pretende asesorar a los trabajadores eventuales del medio rural que tengan que tramitar la prestación.