El director del Consejo de Doñana arremete contra la ley de indulto a regadíos: “Es desleal, frívola, irresponsable e inconsistente”

El Parlamento de Andalucía se ha sumergido este martes en el complejo debate desatado por una proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, con una jornada maratoniana de comparecencias que se ha prolongado más de diez horas ininterrumpidas, desde las 10 de la mañana hasta pasadas las ocho de la tarde.

Los grupos políticos han escuchado, una tras otra, las opiniones de los cinco alcaldes de los municipios onubenses donde se ubican las hectáreas que la iniciativa legislativa prevé convertir en superficie de cultivo y, por lo tanto, regable; las asociaciones de agricultores afectados -los que tienen permisos y los que esquilman agua del acuífero de Doñana con pozos ilegales-; las patronales del fruto rojo; las comunidades de regantes; las organizaciones ecologistas; los sindicatos y las administraciones implicadas en el espacio natural, patrimonio de la Humanidad...

Por resumir diez horas de mensajes entrecruzados: la falta de consenso social es total y la polarización de los grupos políticos lo empeora. Las derechas se han reafirmado en el discurso de quienes apoyan su propuesta, las izquierdas en quienes la rechazan. Poco diálogo se ha filtrado entre unos y otros, pese a las constantes llamadas al diálogo y la búsqueda de una solución. Todos coinciden en que hay un problema complejo en la comarca que afecta a los agricultores, pero discrepan radicalmente en cómo atajarlo.

La sensibilidad a flor de piel de los actores directamente afectados, la polarización política y la proximidad de las elecciones andaluzas dificulta el entendimiento. Los agricultores se sienten “acosados y criminalizados”, un sentimiento al que han aludido machaconamente las derechas con cada interviniente; los ecologistas hablan de “atentado al medio ambiente”, un extremo subrayado por las izquierdas.

Y eso que PP, Ciudadanos, Vox y el PSOE (con su polémica abstención a la tramitación de la norma) coinciden en el fondo del asunto: Huelva necesita de infraestructuras hidráulicas comprometidas hace años por el Gobierno central; y hay ciertas deficiencias del plan de la corona norte de Doñana, el llamado plan de la fresa, de 2014, que se necesita “corregir”. Esa foto fija que autorizó a unos a cultivar y regar y a otros no está actualizada, en algunos casos, arrastra desajustes desde el principio, que algunos afectados han resuelto unilateralmente extrayendo agua ilegal del Parque Nacional.

Sin embargo, las derechas plantean corregirlo con una ley de recalificación de suelo que, en realidad, abre la puerta a amnistiar regadíos que ahora esquilman ilegalmente el acuífero de Doñana. ¿Cuántas? No está claro. En la comisión de Fomento de este martes se han escuchado hasta tres cifras distintas, añadiendo incertidumbre y falta de garantías al debate: la iniciativa legislativa habla de 1.600 hectáreas; los grupos proponentes de 1.400; un informe de Fomento lo reduce a 780; los socialistas estiman que menos de 500, otras fuentes lo reducen a un centenar.

Sin informe del Consejo

La proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox ha comenzado su tramitación parlamentaria sin informe previo del Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno, aunque éste se ha mostrado públicamente a favor. Precisamente el hecho de que la iniciativa no nazca del Ejecutivo, como proyecto de ley, ha permitido esquivar el debate previo y el informe preceptivo del Consejo de Participación de Doñana, órgano adscrito a la Consejería de Agricultura, donde están representados prácticamente todos los actores convocados este martes en el Parlamento.

Casi todas las instituciones que han desfilado por la comisión -algunas no convocadas y otras ausentes- forman parte de los 50 integrantes del Consejo de Participación de Doñana, donde debiera haberse producido este debate multilateral para encontrar la solución entre todos. La comparecencia de su director, Miguel Delibes de Castro, era de las más esperadas para conocer precisamente el criterio que habría trasladado a Moreno, si éste hubiera impulsado la norma directamente desde su Gobierno, y no a través de los partidos que lo sostienen.

Delibes apareció a las tres de la tarde -la comisión arrastraba un retraso de casi dos horas- y su intervención sonó como un puñetazo seco en la mesa. “Esta proposición me parece irresponsable, desleal, frívola, irritante, inconsistente, un sinsentido”, ha dejado dicho, tras acusar a los proponentes de haber “agitado el avispero” en la comarca onubense, desatando el enfrentamiento de unos con otros -agricultores legales con ilegales, alcaldes, ecologistas, autoridades locales y europeas-, para concluir que “se está dañando a Doñana”. “Conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario, es alimentar la tensión, es confrontar y querer enfrentar a papá y mamá para cabrear a los niños”, ha resumido.

El biólogo, profesional de reconocido prestigio cuya trayectoria está ligada al Parque Nacional desde hace años, recibió la Medalla de Andalucía el pasado 28F de manos del propio presidente de la Junta. Delibes ha revelado en el Parlamento que su opinión sobre la propuesta de los regadíos ya se la había trasladado “personalmente y por escrito” tanto a Moreno como a la consejera de Agricultura. “Esta iniciativa ha sido muy desleal con el Consejo de Participación de Doñana que presido, cuya tarea es analizar y debatir todo lo que pueda afectar a la situación del Parque Nacional, y al que no se ha informado”, ha asegurado.

El director del Consejo ha relatado, con indisimulada indignación, que la última vez que reunió a este órgano de deliberación fue el pasado 15 de diciembre, un mes antes de que PP, Ciudadanos y Vox presentasen su iniciativa en la Cámara, sin que ninguno de sus 50 miembros tuviera conocimiento de ello “o dijera una sola palabra”. “Ni la Administración autonómica, ni las diputaciones provinciales, ni el Gobierno ni la Confederación Hidrográfica, ni los alcaldes de la comarca, ni los regantes ni las organizaciones agrícolas que se sientan en el Consejo sabían que existía o nadie avisó de que se iba a presentar”, ha subrayado, tras acusar a los grupos proponentes y al propio Ejecutivo andaluz de haber actuado con “secretismo”.

“Una sorpresa y un bofetón”

“Fue una sorpresa y un bofetón”, ha dicho Delibes, tras recordar que nada más enterarse escribió a Moreno “rogándole que lo considerara”. “Me parece una propuesta poco respetuosa con la Junta, que ha trabajado muchísimo por ordenar estos terrenos, y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que acaba de terminar un plan de acción 2022-2027, ya en exposición pública, y que no incluye nada de esta propuesta porque la desconocía”, ha añadido.

La mayoría de los comparecientes que han defendido la iniciativa coinciden en criticar el plan de la fresa. PP, Ciudadanos y Vox han cargado duramente contra este documento, subrayando que recibió en su día 3.000 alegaciones. El PSOE ha defendido que se “corrija”, porque sí está de acuerdo en que aquella delimitación generó “injusticias puntuales, ”pero en su aplicación, no en su concepción“.

Delibes, que ha seguido por circuito interno la intervención de los comparecientes que le precedían, ha querido defender el plan de la fresa. “El agua es un bien escaso. Se había llegado a un acuerdo en 2014 y me genera perplejidad escuchar aquí que aquel plan fue arbitrario, porque se discutió durante diez años, pasó tres veces por información pública, y sí, tuvo 3.000 alegaciones que se debatieron y votaron. Si para ustedes 3.000 voces críticas deslegitiman el plan, les aviso de que si esta proposición llega a exposición pública, recibirán 30.000 o 300.000”.

En su día, el plan de la fresa se votó en el Consejo de Participación de Doñana y obtuvo 33 votos a favor, cinco en contra (cuatro de ellos ecologistas que pedían ya menos superficie regable) y una abstención. “La aprobación fue mayoritaria, pretender ahora que se hizo a ojo es simplemente irritante”, ha insistido el biólogo. Delibes también recordó que este plan fue avalado por la Unión Europea y la Unesco, y “romperlo sin haber hecho ningún intento de modificarlo antes por la vía normal es agitar el avispero”.

El director del Consejo de Doñana ha admitido que el plan especial puede contener errores, pero ha afeado a los grupos proponentes que hayan optado por una ley para corregirlos. “El problema no es legal, es técnico, económico y social”. Y añade: “Si había una necesidad imperiosa de una modificación puntual del plan, ¿cómo va a requerir eso una nueva ley? No tiene ningún sentido”. 

En este punto, Delibes ha apelado directamente al Gobierno andaluz, recordando que le corresponde a él el planeamiento urbanístico, y que hace apenas unos meses aprobó una nueva ley de ordenación del territorio, la llamada ley del suelo (LISTA), uno de los “hitos” de la legislatura. “Esta proposición es irrespetuosa con la propia Junta, porque incumple por completo una ley aprobada el pasado julio”, dijo, apelando al portavoz del PP.

También ha considerado “frívolo” modificar la Ley Forestal de Andalucía y su reglamento, como recoge la iniciativa. “Para solucionar un problema puntual en Huelva se posibilita la recalificación de parcelas en la cuenca del Genil de Granada, invocando que hace años sirvieron de cultivo. Es un sinsentido”, advirtió. Sobre los llamados “derechos históricos” de los agricultores que invocan PP, Ciudadanos y Vox en la defensa de su propuesta, Delibes ha sido rotundo: “Es inconsistente invocar derechos históricos [...] salvo que se considere histórico un peculiar estado permanente de ilícito administrativo”.

El biólogo ha concluido reprochando a los autores del proyecto que hayan “generado falsas expectativas” en los agricultores, y ha advertido de que tanto el Estado español como las autoridades y la justicia europea impedirán que éste prospere“. ”Se puede destruir Doñana de muchas maneras, pero pienso que con una ley no. Es un camino demasiado brutal de ataque. Doñana está muy defendido por instituciones nacionales, europeas, de patrimonio mundial. Esto se recurrirá ante el Tribunal Constitucional o ante la Justicia Europea y se frenará cualquier solución“.

En la réplica, el portavoz de Vox se ha mostrado sorprendido por que Delibes no hiciera referencia a las infraestructuras hídricas pendientes -la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre- para garantizar el riego en superficie, una constante de los grupos proponentes durante toda la comisión, para espantar la idea de que su iniciativa permitirá seguir esquilmando el acuífero del Parque Nacional. “No he hablado del agua superficial porque no figura en esta ley. Me he cansado de escucharles esta mañana, pero en los 20 folios de esta proposición no aparece ni una vez”, ha respondido, para terminar sentenciando que “sería mejor paralizar la proposición e iniciar un proceso de las modificaciones que hagan falta en el plan de la fresa”.

Fractura social

La comparecencia de los agentes sociales ha visibilizado la fractura social y emocional que provoca la propuesta de amnistía de algunos regadíos ilegales en el territorio, su apoyo y su rechazo. De fondo está la dificultad de encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental del Doñana, amenazada por pozos ilegales que esquilman un acuífero ya de por sí agotado, y el desarrollo económico de los agricultores y el cultivo de la fresa, que representa más del 80% del PIB de Huelva.

La medida ha desatado el rechazo tanto del Ejecutivo central y las asociaciones ecologistas como de la Comisión Europea y la Unesco, que han advertido por escrito a España de posibles sanciones millonarias en caso de que ésta prospere. Los alcaldes, los agricultores y los regantes son quienes más veces han mencionado a Bruselas, porque es allí donde se tambalea el prestigio de los frutos rojos onubenses en los mercados europeos, ante el riesgo de socavar la sostenibilidad de Doñana. Ellos se juegan el PIB de la comarca y el sustento de sus cultivos, por eso en la Cámara han exigido “consenso, diálogo y transparencia”.

El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha defendido la iniciativa legislativa con un “sí rotundo” y denunciado que “a Europa le está llegando mala información”. “Aquí no se propone una modificación legislativa del plan de la fresa, sino técnica. No se amplía la superficie de riego, sólo se reconocen derechos adquiridos” de algunos agricultores. Mora se ha dirigido directamente al PSOE para avisarles de que “aquí votan los sentimientos”. “A mí esto me afecta al corazón”, ha dicho, tras contar que la parcela de su familia es heredada de su bisabuelo, que fue “preso político”.

Romualdo Macías, presidente de la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado de Huelva, también ha acusado a los partidos de izquierdas, a algunos medios y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera [que ha declinado participar en la comisión], de “desinformar a Europa”. “Necesitamos las infraestructuras estatales cuanto antes, la necesidad es bestial, y así se acaba el debate”. “Queremos cambiar los pozos a cambio de agua superficial”, ha añadido.

Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ha calculado que “por cada hectárea de cultivo de fresas hay ocho puestos de trabajo”. “Cada vez que pensáis en eliminar una hectárea de fresa, pensad en las miles de familia que viven de eso”, advirtió. Félix Sanz, de Asaja, ha admitido sentir “vergüenza” por que se considere “agricultores ilegales” a algunos trabajadores “porque alguien colocó una línea en el suelo a su antojo hace años y eso cambió toda su vida”. “Los ecologistas de WWF, que son nuestros vecinos, han contaminado a la opinión pública europea y ahora hay cadenas de supermercados que ponen nuestros productos en tela de juicio”, ha denunciado.

Juan Antonio Millán, presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (COREHU), se ha desgañitado pidiendo a los partidos “consenso, diálogo y unidad de acción”. “Hablamos de recalificar correctamente las últimas hectáreas pendientes del plan de la fresa”, ha dicho. “Hablen entre ustedes, ahora mismo hay una buena colaboración entre Sevilla y Madrid”, advierte. Millán, cuya autoridad en el territorio es reconocida por todos los partidos, ha explicado que Doñana “es querida por todos”, pero despierta “sentimientos y pasiones de pertenencia y protección” de unos y otros, que “no son buenas para el diálogo”.

La proposición de ley sigue su curso parlamentario por la vía de urgencia. Los grupos tienen hasta el 7 de abril para presentar alegaciones al texto.