El I Plan Andaluz de Memoria Democrática ha comenzado su andadura. El proyecto marcará las líneas a seguir por las políticas públicas memorialistas de la Junta de Andalucía. Con objetivos como la apuesta por la investigación o el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista con una mirada especial “sobre las mujeres” y, sobre todo, el aumento del presupuesto dedicado a abrir fosas comunes: más de 5 millones en el periodo 2019-2022.
En los últimos ejercicios, las intervenciones en enterramientos ilegales con víctimas del franquismo partían de los 238.000 euros en 2017 que subieron a 413.223,14 euros en 2018. A partir de aquí, en 2019 serán 1,1 millones de euros y subiendo paulatinamente hasta los 1,4 millones de 2022. El total del marco presupuestario del plan de Memoria suma casi 9,5 millones de euros para el periodo de cuatro años. Es la primera vez que Andalucía confecciona un programa a largo plazo, al estilo del que puso en marcha el País Vasco.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya adelantó que los presupuestos de Andalucía para 2018 incrementarían un 30% los fondos destinados a Memoria Democrática. Y por ahí va el proyecto, en contraste con los “cero euros” que enarbolaba el PP de Mariano Rajoy y en la línea del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que enfrenta los retos a desbloquear en Memoria Histórica, incluido sacar a Franco del Valle de los Caídos.
A estas cantidades hay que añadir la aportación de las respectivas diputaciones provinciales, muchas de las cuales ya participan en los procesos exhumatorios, como apuntan a eldiario.es Andalucía fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
Con su presentación en Málaga, el borrador de la propuesta queda sometido a un proceso participativo abierto a víctimas del franquismo y asociaciones de derechos humanos, administraciones, agentes sociales y expertos en la materia. En este momento podrán realizar aportaciones al texto aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2018.
“Debemos construir una sociedad que no mire hacia atrás, sino hacia adelante”, ha dicho la presidenta andaluza, Susana Díaz, al defender que las leyes de memoria no sirvan “para enfrentar” y sí para “saber la verdad”. Con la apertura de fosas y cunetas, Andalucía será capaz “de dar descanso a nuestros seres queridos” reconociendo a “los que dieron su vida por la libertad”.
El cambio de Gobierno a nivel estatal, con la intención de Pedro Sánchez de sacar a Franco del Valle de los Caídos como estandarte, reafirma la “sensibilidad” y el “impulso” que refiere el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios. El número dos del Gobierno regional ya anticipó un “incremento importante” de los fondos destinados a la ley de Memoria de Andalucía.
Más de 5 millones de euros para abrir fosas
El I Plan Andaluz de Memoria Democrática prevé destinar más de 5 millones de euros a exhumaciones de fosas en cuatro años, el periodo de 2019 a 2022, según su Memoria Económica. Con un presupuesto que irá creciendo desde los 1,1 millones del año próximo a los 1,4 del último ejercicio. El total del epígrafe ‘Reconocimiento institucional y reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo’ supera los 6,3 millones.
El marco presupuestario refleja más de 1,6 millones de euros para ‘Cooperación y coordinación con las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía’. La tercera línea estratégica señala poco más de 1,5 millones hasta 2022 en ‘Conocimiento y difusión científica’. En total, el plan suma casi 9,5 millones de euros.
El texto es una “herramienta fundamental para desarrollar la ley de manera más activa, como el que se ha llevado a cabo en fosas con más de 40 levantamientos en toda Andalucía”, como ha señalado en la presentación del proyecto el viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil. “O el de investigación en colaboración con diferentes universidades”, ha añadido.
“Contribuir” al reconocimiento de las víctimas
La programación del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 subraya la apuesta anunciada por el Ejecutivo regional. La formulación del borrador señala objetivos como “contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas” de la guerra civil y el franquismo.
Además, pretende facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidas en ese periodo asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación y divulgación para su estudio y conocimiento científico. El texto promueve también elementos transversales como asistir a la “optimización de la cooperación y coordinación” entre las administraciones públicas y promueve la participación de la ciudadanía andaluza “en el desarrollo, impulso y concienciación de actuaciones relacionadas con la memoria democrática”.
Todos estos aspectos tendrán “un impulso mucho mayor si entre todos definimos cuál es el camino, dónde y qué queremos hacer”, según López Gil. Con ejemplos como “la declaración de nuevos lugares sobre memoria hasta la recuperación y la reparación de la dignidad de las personas”, ha apuntado.
El plan es un documento participado y serán las entidades la que lo definan, en opinión del viceconsejero andaluz. “Lo que sí hemos hecho es preguntar a todas las consejerías de la Junta de Andalucía cuáles son las actividades que se pueden desarrollar, pues hay del ámbito de la educación o sobre el medioambiente como la recuperación de senderos”.
“Cada consejería pone su grano de arena y finalmente será la ciudadanía la que la desarrolle hacia dónde se quiere ir”, ha apostillado. Una vez sometido al trámite de información pública y con las aportaciones y sugerencias recibidas, el nuevo texto se elevará al Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano consultivo y de participación en la materia. La aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno andaluz.
Plan establecido en la ley de Memoria andaluza
El plan, que viene establecido por la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, compartirá con la norma los objetivos de la misma. En este sentido, se encuentran una serie de líneas de actuación, entre las que destacan, la firma de convenios de colaboración entre administraciones; las ayudas a entidades memorialistas, ayuntamientos y universidades, y la promoción de la investigación y la difusión.
Asimismo, ha puntualizado, se trabajará en favor del reconocimiento público a las víctimas o el fomento de los espacios de duelo, con un tratamiento específico a la figura y papel de la mujer, con mecanismos conducentes a la visibilización y caracterización de la represión ejercida exclusivamente sobre las mujeres, como a partir de la promoción de líneas de investigación específicas sobre represión y género.
Por otra parte, se llevará a cabo el fortalecimiento de las acciones en fosas, desde la investigación histórica previa y hasta la de identificación genética, una vez concluida la fase de exhumación y estudio antropológico. Este plan contendrá también un análisis de la situación actual de las iniciativas en esta materia y un sistema de seguimiento y evaluación.