Cetursa, Inturjoven... y también el Infoca. PricewaterhouseCoopers Auditores (PwC), encargada de auditar la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía (Amaya), donde se incluye el Infoca, propone externalizar buena parte del servicio del plan de prevención y extinción de incendios forestales de la Andalucía. Es una de las principales conclusiones del informe y en la línea con otros de los encargados por la Junta de Andalucía a consultorías y de los que ha colgado ya prácticamente todos en su portal de transparencia.
Cabe recordar que debido a que el personal fijo durante el año no es suficiente para atender los requerimientos para el periodo de riesgo alto, normalmente de junio a octubre, se hacen contrataciones solo para esos meses, una práctica reiteradamente denunciada por los sindicatos por entender que es un abuso de la temporalidad. De hecho, ya han ganado alguna sentencia en los tribunales reconociéndoles su condición de fijos discontinuos. Pues precisamente en ellos pone el ojo la auditoría, pero no como quisieran. “Sería recomendable explorar la opción de contratar a terceros privados la fuerza de trabajo necesaria, en lugar de incorporar profesionales a la plantilla de la agencia durante ese periodo”, apunta el estudio. Insiste, pues, en “la posibilidad de cubrir las necesidades puntuales de personal del Infoca, no solo con la oferta pública de empleo, sino con la externalización de parte de este servicio”.
Las fórmulas que propone la consultora son desde un contrato marco hasta un modelo mixto público-privado, “pudiendo llegar a un proceso de privatización gradual”. Recuerdan que otras comunidades autónomas han optado por este modelo, ya sea de forma parcial (como Castilla-La Mancha y Canarias) o casi total (como la Región de Murcia).
Rechaza los derechos adquiridos por la plantilla
PwC detalla también la “problemática” generada por los convenios colectivos de aplicación en la agencia, en particular en el caso del Infoca. En concreto, explica que los trabajadores cuentan “con unas condiciones de compensación por las horas extras realizadas en el periodo de riesgo alto que provocan que, en las épocas de riesgo medio y bajo, cuando deben realizarse los trabajos preventivos, disminuya significativamente la capacidad de trabajo por los derechos a descanso que el personal ha devengado”. Como consecuencia, la superficie cubierta con preventivos, año a año, es cada vez menor. Pero en lugar de considerar que esto haría útiles a dichos trabajadores todo el año y no solo en periodo de alto riego, entienden los auditores que son “convenios colectivos que disminuyen la eficiencia”.
Precisamente, los derechos de la plantilla son cuestionados por PwC, que recoge que en Amaya había 4.848 empleados en 2015 que han pasado a 4.512 en 2019. De ellos, 3.307 en 2015 y 3.178 en 2019 corresponden al Infoca. Se ha detectado que el gasto de personal ha crecido entre 2015 y 2019 en 13,81 millones de euros, lo que supone un 9,9% a pesar de la reducción de la plantilla en 309 personas esos cinco años (-6,2%). En realidad la resta da una reducción menor, pero el informe se centra en una media por esas contrataciones temporales. El coste medio del personal (incluye seguridad social al cargo de la empresa) ha sufrido un incremento 10,7 puntos adicionales sobre el del IPC (índice de precios al consumo), mientras que Amaya tiene una tasa media de absentismo de 11,24%, más del doble de la media nacional (5,03%). Recomiendan que “se tomen medidas”, para controlar el gasto de personal, que supone el 80% del presupuesto.
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se remiten a las valoraciones hechas en la presentación en el Consejo de Gobierno de estas auditorías: las decisiones que se tomen dependerán del plan de reordenación del sector público que se tiene que elaborar e incluso de las conclusiones del grupo de trabajo que se va a crear en el Parlamento de Andalucía a la vuelta del curso político.
Corrección de un defecto de cotización
Por otro lado, desde Amaya explican la divergencia entre el volumen de la plantilla y su coste por el defecto de cotización que tuvo que corregirse hace unos años. Y es que en 2018, Amaya fue inspeccionada y se resolvió que había existido un defecto de cotización. Trabajadores del Infoca cotizaban como “actividades generales de la administración pública” y la Inspección de Trabajo determinó que debían hacerlo como “servicios de apoyo a la silvicultura”. El impacto de esta medida fue de más de dos millones de euros. Ese año también se aprobó un convenio colectivo con una serie de promociones que incrementaron el gasto en casi otro millón de euros. También por el complemento de emergencias, que se triplicó, pasando de suponer 1.079.429,27 euros en 2018 a 2.971.002,24 en 2019.
El director gerente de Amaya, Javier de Torre, ha asegurado tajantemente que el Gobierno de Andalucía “no va a privatizar ningún servicio de los que actualmente se llevan a cabo desde esta agencia” y entre los que se encuentran actividades “tan destacadas para la protección del entorno natural” como la extinción de incendios forestales, la defensa de especies amenazadas, la gestión forestal y de uso público de los espacios naturales andaluces o la lucha contra el cambio climático. Ha incidido en que lo incluido en la auditoría “son únicamente recomendaciones” y que “estos análisis elaborados por entidades independientes persiguen optimizar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos y que, precisamente con ese fin, Amaya ha respondido a todas las cuestiones requeridas en la elaboración” de las mismas.
El doble de absentismo que la media nacional
En cualquier caso, la fiscalización concluye que la situación actual “dificulta la gestión de los proyectos y supone una merma en la capacidad real de la agencia respecto de su capacidad de trabajo teórica”. Indica que ese absentismo puede estar relacionado con la alta edad media de la plantilla, que con 51,8 años resulta “excesiva” para un servicio de emergencias, pero “no es el único factor relevante”, subraya sin más concreción.
La vida laboral de un bombero forestal concluye a sus 55 años, cuando pasa a desempeñar tareas secundarias. El primer Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en Andalucía se estableció mediante el Decreto 108/1995, hace ya 25 años. Está próxima, pues, la renovación generacional del cuerpo existente. Se suma la prohibición, en la práctica, de contrataciones que supuso la crisis de 2008 (la “tasa de reposición cero”), salvo los eventuales para el periodo de riesgo alto. Para corregir este envejecimiento de la plantilla se propone un plan de jubilaciones incentivadas, emplear coeficientes reductores u otros mecanismos, “sin prescindir de aquellos perfiles que garanticen la transmisión del conocimiento y la especialización atesorados”.
La otra fórmula: una agencia nueva
Como se ha indicado, el informe apuesta por la privatización de parte de los servicios, pero también plantea otra posibilidad para que siga como pública y es crear una agencia específica del Infoca, ya sea administrativa o de régimen especial. Tendría las competencias y funciones en materia de emergencias medioambientales, extinción y prevención de incendios forestales y el resto de actividades complementarias. “Esta posible agencia nacería libre de los arraigos del pasado y orientada hacia la problemática del futuro, donde de manera muy probable factores como el cambio climático planteen un escenario muy distinto”.
De este modo, el estudio cree que un nuevo ente “propiciaría un uso más eficiente de los recursos disponibles, garantizaría la especialización del servicio y la concentración del conocimiento y permitiría posicionarse estratégicamente frente a los problemas a los que se deberá dar respuesta en el largo plazo”. Sin embargo, como principal desventaja de la segregación, reconocen que la parte que quedara en Amaya no reuniría las condiciones para seguir como medio propio personificado de la Junta de Andalucía y no le podría hacer encargos.
Desde la sección sindical mayoritaria de Amaya, en manos de CGT, acusan a la Junta de Andalucía de “esconderse detrás de este supuesto informe técnico que parte de la premisa ideológica de que los servicios públicos son más eficientes cuando son realizados por empresas privadas, de que los derechos laborales básicos son problemas empresariales y de que la protección del medio ambiente no es una necesidad estratégica para el desarrollo social y económico” del territorio.
Desde el sindicato han trasladado la “preocupación” y “malestar” de la plantilla con el informe, del que critican “su escaso rigor”, entre otras cosas porque reconoce que solo ha auditado un 70% de las actividades del ente público, para concluir que sus graves problemas son la duplicidad de algunas funciones “que no concreta”, la edad media de la plantilla, el aumento de los salarios y las compensaciones de horas extra.
Javier Sánchez, secretario general de CGT en Amaya, recuerda que el Infoca es reconocido “a nivel mundial por su buen hacer y su profesionalidad”. Es más, critica que luego los mandatarios no duden “en intentar sacar, a la mínima oportunidad, rédito político del trabajo realizado por Amaya”. En palabras de Javier Sánchez, con “el mínimo incendio tenemos a 10 políticos con la medalla de que gracias a ellos se han salvado vidas y propiedades en un incendio forestal, se ha intervenido a tiempo en cualquier otro tipo de emergencia o se ha dado un paso más en la conservación del medio ambiente”.
Por otro lado, apunta que llevan años sufriendo “un proceso encubierto de desmantelamiento, del que ahora incluso quieren responsabilizar a la plantilla, y que se pretende culminar con la privatización”, para apostar así por “la aplicación de un modelo que ya ha sido llevado a cabo, con muy escaso éxito, en otras comunidades autónomas”. Y concluye: “Van a tener que pasar por encima de nosotros en la calle, en el Parlamento, en el monte, o donde quiera que sea que pretendan hacerlo”.