ENFERMEDADES LABORALES
Safe Work Australia, la agencia australiana de seguridad en el trabajo, acaba de recomendar la prohibición del uso de piedra artificial, como las encimeras de aglomerados de cuarzo, independientemente del porcentaje de sílice cristalina que contengan. La recomendación se basa en una revisión de la evidencia científica sobre los riesgos de trabajar con este material, y concluye que el aumento “drástico” de la silicosis entre trabajadores australianos está relacionado con el manipulado de la piedra artificial.
Este es el primer país que estudia una limitación tan estricta de estos materiales, muy populares para encimeras de cocina. Aunque su presencia en ese mercado es relativamente menor, una generalización de las restricciones en la línea propuesta por la agencia podría acabar afectando a Cosentino, uno de los grandes productores mundiales y una de las principales empresas de Andalucía, con una facturación de 1.711 millones de euros en 2022.
La compañía cuantifica en el 1,9% su volumen de facturación en Australia, donde cuenta con un centro logístico desde 2017. El gran fabricante y proveedor de este producto en el mercado australiano es Caesarstone, una multinacional israelí cotizada en bolsa.
La multinacional con sede en Cantoria (Almería) rechaza las conclusiones del informe. La decisión “no está fundamentada en evidencias científicas sólidas”, explica a este medio, y estaría priorizando la prohibición en vista de la dificultad para el control, modernización y formación en el sector. Para la compañía, hay otro enfoque mejor, que estaría reduciendo la incidencia de la silicosis en países como Estados Unidos e Israel: “La sensibilización, la formación, el cumplimiento de la regulación por parte de empresas y trabajadores, y trabajar con las medidas de seguridad adecuadas como son el corte al agua, el uso de aspiración, la ventilación del espacio de trabajo y los equipos de protección personal”.
Silestone, el producto estrella de Cosentino, rondaba el 92% de sílice libre cristalina en su versión original y hasta hace poco. Desde hace algunos años, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevas líneas que reduzcan ese porcentaje. El HybriQ 10 y el HybriQ40 no superan el 10 y el 40%, respectivamente, y, según los datos ofrecidos por la compañía, “toda” su producción de Silestone se reduce ya a esas cifras. “Nuestro objetivo es que a mitad del próximo año la gama completa de 35 colores sea Q10”, dicen.
Desde hace meses, los ministros de los seis Estados australianos y la autoridad federal están valorando tres opciones para regular los aglomerados de cuarzo: prohibir todos los productos de piedra artificial, prohibir solo aquellos que contengan más del 40% de sílice cristalina o establecer un sistema de licencias para estos últimos. Para retirar, reparar o modificar lo que ya está instalado habría exenciones bajo licencia.
En este contexto, pidieron opinión a la agencia de seguridad en el trabajo, que se decanta por la prohibición total porque no está claro que la reducción garantice la seguridad. “No hay evidencia de que la piedra artificial con bajo contenido de sílice represente menos riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores que la piedra artificial con alto contenido de sílice”, concluye el informe, que añade: “No hay evidencia toxicológica de un umbral ”seguro“”.
De seguirse la recomendación, hay “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, según Cosentino, que se decanta por un sistema de licencias. En la consulta pública abierta por la agencia, abogó por una legislación como la del Estado de Victoria, que fija los límites a la “piedra artificial” si contiene más de un 40% de sílice libre cristalina. “Cosentino cree que [la norma] logra el equilibrio adecuado entre mejorar la seguridad de los trabajadores, proteger los puestos de trabajo de 4.500 canteros, así como los empleos en las industrias de la construcción y la construcción de viviendas, sin dejar de ofrecer a los consumidores productos sostenibles y de alta calidad”, anunció en su día.
Aún no se sabe si las autoridades australianas seguirán la recomendación de la agencia u optarán por una limitación más flexible. Aunque la decisión se esperaba para este mes, finalmente ha quedado pospuesta a finales de año. Cuando se produzca, se mirará con lupa por productores y otros reguladores, también en España, donde se observa con atención por un potencial efecto dominó en otros países.
La recomendación de la agencia australiana se basa en un trabajo de campo realizado por expertos de la Universidad de Adelaida y la Universidad de Monash. “La gran mayoría de los casos de silicosis identificados en los últimos años se dan en trabajadores de la piedra artificial”, dice el informe, que subraya la “sobrerrepresentación” porque son solo el 2% de los trabajadores expuestos.
El informe concluye que este material provoca un tipo de silicosis con un inicio y una progresión más rápida, en línea con las observaciones de especialistas médicos españoles, que vienen advirtiendo en los últimos años del aumento exponencial de estos casos en zonas donde se trabajaron estos productos (Montemayor -Córdoba-, Chiclana -Cádiz- o el Almanzora -Almería-), con cuadros clínicos muy agresivos que degeneran en muy poco tiempo. El motivo es que el polvo de la piedra artificial tiene más sílice libre cristalina, y con propiedades que “probablemente contribuyen a que la enfermedad sea más rápida y grave”, según el informe australiano.
La agencia también señala la laxitud en el cumplimiento de la normativa de prevención para explicar por qué se han producido tantos casos. “Los importadores, fabricantes y proveedores de la industria de la piedra artificial no han proporcionado información adecuada sobre los riesgos”, generando incertidumbre y confusión. Se trata de una constatación similar a la que ya han llegado en España al menos dos juzgados, apuntando tanto a Cosentino como a Compac o Levantina, importadora en España de Caesarstone.
La agencia también encargó a la auditora Ernst & Young que estimase el impacto económico que tendría la prohibición total, del 40% o la introducción de un sistema de licencias. La prohibición completa es la más costosa, pero la conclusión es que es preferible a cualquier otra alternativa.
Cosentino defiende que sus materiales son seguros si se trabajan con las medidas de protección adecuadas, y que la prevención se ha incrementado notablemente en los últimos años. En 2017, una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya ya concluyó que informó “tardía, insuficiente y confusamente” a las marmolerías de los riesgos del Silestone. El pasado febrero, su fundador y presidente llegó a un acuerdo de aceptación de hechos con la Fiscalía, lo que motivó una condena a seis meses de prisión por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo. El proceso se había iniciado quince años antes, y en ese tiempo la empresa indemnizó a los afectados. Martínez-Cosentino fue condenado a seis meses de prisión. En julio afrontó por videoconferencia un segundo juicio penal, aún pendiente de sentencia.
En los últimos meses, la multinacional almeriense ha llegado a acuerdos con sindicatos y asociaciones de afectados. En julio acordó abonar un plus económico a los trabajadores que desempeñen su actividad en “un puesto donde exista un riesgo potencial de exposición al polvo de sílice”. Con la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía acordó aportar recursos económicos para garantizar una atención psicológica a los afectados. Este acuerdo fue criticado por otras asociaciones.
En España, al menos 1.856 trabajadores desde 2007 a 2019 han contraído silicosis, una enfermedad grave, incurable y en muchos casos, mortal, por trabajar con este material. La cifra, extraída de los partes de enfermedades profesionales notificadas al CEPROSS, no recoge comunicaciones de la mutua o de los juzgados, por los que los expertos creen que la epidemia es notablemente mayor. Durante muchos años, Cosentino ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis, en los que se incluía una cláusula de confidencialidad. Para la compañía, demuestra su responsabilidad con los trabajadores.
Tampoco las mutuas de prevención de riesgos o la administración fueron diligentes para atajar este problema: el Plan Integral contra la Silicosis, aprobado en 2017, apenas se ejecutó, y la Junta de Andalucía lo dejó caducar.
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