En poco más de un año, el nuevo Gobierno de Andalucía habrá adjudicado a consultoras unos 10 millones de euros, de los que el grueso se lo habrán llevado las cuatro grandes del sector: KPMG, PriceWaterHouse (PwC), Deloitte y Ernst & Young (EY). De momento, las 'Big Four' se han adjudicado más de 5,5 millones de euros en auditorías en 2020. La más cuantiosa, tras copar 12 de los 16 lotes de un total de 2.979.594,21 euros para evaluar los 54 entes instrumentales (o empresas públicas), a lo que se suman 1.065.000 euros que se adjudicó también el pasado año PwC para colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía para la cuenta anual del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de 2021, 2022 y 2023; otros 1.873.050 para EY por el servicio de asistencia en la implantación del nuevo modelo de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); y casi medio millón de euros para KPMG por verificación y control de las operaciones del Programa de Cooperación Transfronteriza España Portugal (Poctep) 2014-2020.
El negocio de las auditoras sigue porque pugnan por el nuevo contrato que adjudicará en breve la Junta de Andalucía por otros 2.975.206,61 euros para poner en marcha las conclusiones de los citados informes que les entreguen de los entes instrumentales, para cuya evaluación se habían dado seis meses, por lo que están a punto de ser presentadas. O sea, casi seis millones con el argumento de ahorrar en la denominada, por el PP, “administración paralela”. Más allá de que la Junta de Andalucía haya encargado a empresas privadas que auditen su sector público para racionalizarlo, y sin necesidad de esperar a esos resultados haya tomado ya decisiones con las que asegura perseguir esto, como las anunciadas fusiones en Trade o de sus fundaciones culturales, las consultoras, habituales como las energéticas en el uso de puertas giratorias, están en racha si buscan en su perfil del contratante.
Porque están las licitaciones menos llamativas, con unos 300.000 euros adjudicados en auditorías de entre 2.000 y 60.000 euros el último año, pero también las gordas, las citadas y las que vendrán. De este modo, el filón está por llegar y será con los fondos europeos, cuyo control suele copar el gasto en auditorías, y que esta vez contarán con partidas sin precedentes gracias al Plan de Recuperación para Europa Next Generation por la crisis del coronavirus.
De hecho, en 2018, con el PSOE todavía en la Junta de Andalucía, Deloitte, sumó adjudicaciones por 377.280 y 315.000 euros, para servicios de administración electrónica y el proyecto de ciudades inteligentes Bootcamps, respectivamente, pero el contrato más caro se lo llevó KPMG: una licitación de 8,7 millones de euros para verificación de operaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo (FSE), Feder, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y PDR (Programa de Desarrollo Rural). La misma empresa se había hecho en 2015 con el contrato de 7,9 millones de euros para el control del marco 2014-2020, y en 2014 con el del Poctep 2007-2013 por 3,8. Son, como se ve, los más elevados en la materia.
No es tampoco con el Gobierno PP-Ciudadanos con el primero que tira de contratos millonarios con empresas privadas para evaluar el sector instrumental. En 2017 se adjudicó la auditoría para agencias públicas empresariales, mercantiles y fondos carentes de personalidad jurídica. Entonces, el grueso de los lotes de una licitación que rozó los 2 millones de euros se lo llevó BDO Quota, mientras Ernest & Young consiguió un par.
El ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha hecho de la eliminación de los que entiende como gastos superfluos una de sus banderas y por eso nada más tomar posesión anunció el boom de auditorías con una decena para empresas privadas, una a la Cámara de Cuentas sobre la RTVA, que no le cobra, y otra incluso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a la que se le pagaron casi 250.000 euros para un encargo sobre la casi gratuidad de las matrículas universitarias implantada por su predecesora, Susana Díaz. Esta última cuestiona ese modelo, mientras que el informe sobre la RTVA ha sido también polémico por contar con votos en contra de buena parte de los consejeros, incluido el hasta hace poco presidente de la Cámara de Cuentas Antonio López.
Lo cierto es que el Gobierno de Andalucía busca en estos informes argumentos para poner en marcha su plan de reducir el gasto público, incluso a costa de plantear la desaparición de prestigiosas entidades como la Empresa Andaluza de Salud Pública (EASP), cuestión lanzada por una de las auditorías que ya ha trascendido, en este caso de EY.
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