El informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2019, que acaba de ser debatido en comisión parlamentaria, advierte de que dejar en manos privadas las auditorías del sector público supone derivar una responsabilidad de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). La Cámara de Cuentas censura así esta política del Gobierno de Andalucía en su primer informe sobre un ejercicio en su totalidad bajo el mandato de PP y Ciudadanos.
En este sentido, subraya que los informes de auditoría así gestionados hacen que sean estas empresas “quienes asumen la opinión y la responsabilidad derivada de la misma”. De acuerdo con lo que establece el artículo 96.4 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, “esta responsabilidad debe ser asumida por la IGJA a quien corresponde realizar anualmente la auditoría de estas entidades, con independencia de que la norma proporcione respaldo legal a la IGJA a la posibilidad de efectuar la contratación con firmas privadas de auditoría para la realización de estos trabajos”.
Por otra parte, avisa del incumplimiento de los plazos en los contratos millonarios con las consultoras y por tanto del compromiso de reordenación del sector público que se espera emprender en función de esos resultados tras poner la lupa sobre 54 entidades instrumentales. De este modo, “a fecha de la fiscalización, todavía no se habían obtenido resultados de las auditorías, ya que los contratos para su ejecución se formalizaron en la segunda quincena de julio de 2020, con un periodo de ejecución de entre tres y seis meses”. Por tanto, “no se ha cumplido con lo previsto en la ley de presupuestos” de 2019 respecto a la aprobación del plan de reordenación del sector público instrumental en un plazo de 12 meses.
En cuanto al contrato de consultoría y asesoramiento jurídico, se estaba procediendo a la redacción de los pliegos. Este contrato, que tiene por objeto desarrollar las labores de consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal necesarias para las actuaciones en las distintas entidades instrumentales, así como a la ejecución del plan diseñado, ya está en fase de evaluación de las ofertas. Supera los 2,4 millones de euros de licitación.
Se da la circunstancia de que pese a que la Junta de Andalucía ha contratado estas auditorías para la reordenación de su sector público, ha comenzado este proceso sin dar a conocer sus resultados. La última fecha que había dado para presentar los informes, contratados porque era un compromiso con Vox para que apoyara los presupuestos, era el primer trimestre de este año. Por eso, Vox ha vuelto a criticar que no se hayan hecho todavía públicos, e incluso hay quien sospecha en el seno de esta fuerza política que ya están los resultados y que se los están ocultando para asumir la transformación del sector público como propia en lugar de como el compromiso con esta formación. “Lo que más nos preocupa al grupo parlamentario es que se hagan demasiadas modificaciones en las estructuras sin que el informe de las auditorías esté encima de la mesa”, ha dicho el diputado de Vox Rodrigo Alonso. En pleno órdago a PP y Ciudadanos por la acogida en Andalucía de cuatro menores extranjeros no acompañados provenientes de Ceuta, esta formación va a “intensificar” su exigencia de que se les den a conocer estos estudios.
La última de esas reformas se aprobó en el pasado Consejo de Gobierno con el inicio de tramitación del anteproyecto de ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), que tiene como principal objetivo la reordenación del sector instrumental de la Consejería de Salud y Familias. De momento, se sabe que integrará la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), de la cual sí trascendió la auditoría, a cargo de Ernst & Young (EY) y que precisamente planteaba su cierre. Está por ver qué pasará con las otras cuatro fundaciones que dependen de la misma consejería: Fibao, Faisem, Fimabis y Fisevi.
Desde Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada ha criticado esta externalización de las auditorías, haciendo referencia a ese informe de la Cámara de Cuentas y también aludiendo a las puertas giratorias de estas consultoras. No en vano, a la citada EY se incorporó como socio director en 2019 Alberto García Valera tras su breve desempeño como consejero el primer consejero de Hacienda del Gobierno PP-Ciudadanos, cargo que dejó alegando motivos de salud, para ser sustituido por Juan Bravo.
La creación de ISA, que será una agencia administrativa, es la tercera medida de fusión de entidades instrumentales adoptada los últimos meses sin necesidad de esas auditorías. El pasado mes de febrero se aprobada la creación de la agencia pública empresarial Trade, para agrupar cuatro: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza de Conocimiento (AAC), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Fundación Andalucía Emprende.
Previamente, puso en marcha otra agencia administrativa para integrar sus servicios tecnológicos. Se trata de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que está está operativa tras la publicación de sus estatutos el mes pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En esta agencia administrativa han quedado adscritas la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), y el Consorcio para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía Fernando de los Ríos.
De manera que en unos meses, la Junta de Andalucía ha agrupado en tres ocho entidades instrumentales sin que haya noticias del contenido de las auditorías encargadas a las multinacionales de la consultoría. “El resultado de estas auditorías será fundamental para poder concluir con la reordenación efectiva del sector público instrumental. Pero la situación de pandemia que estamos atravesando y la inminente llegada de fondos europeos imprescindibles para amortiguar los malos augurios económicos han hecho que se anticipen propuestas basándonos en necesidades evidenciadas con los datos expuestos con anterioridad y con los resultados provisionales de estas auditorías”, ha justificado el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.
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