Hace cuatro años que el malestar que se venía gestando en el sector del taxi ante la proliferación de empresas como Uber y Cabify desató una serie de manifestaciones multitudinarias por toda España. Protestas que recuerdan a las que se han desarrollado en el territorio andaluz las últimas semanas, que se vuelven a vivir este jueves en Sevilla y que en su momento propiciaron que el Gobierno nacional tomara cartas en el asunto. Y es que entonces, igual que hoy, los taxistas clamaban por una regulación que viniera a “poner orden” en el sector de los VTC y fin a lo que califican de “competencia desleal” y que todavía denuncian entidades como Élite Taxi Sevilla o la Unión Sevillana del Taxi, mayoritaria tanto en la ciudad de Sevilla como a nivel regional.
Fue precisamente en ese momento de tensión, en septiembre de 2018, cuando el Ministerio de Transportes dictó el conocido como decreto Ábalos con el que introducía cambios en el régimen jurídico del servicio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y ponía fecha de caducidad a las autorizaciones de este tipo de vehículos para realizar trayectos urbanos. En realidad, con este decreto ley, el Ejecutivo central cedía a los gobiernos autonómicos la potestad de dictar una regulación propia respecto a los vehículos con chófer. Y entretanto, otorgaba una moratoria de cuatro años a los propietarios de licencia VTC, hasta que la administración correspondiente abordara la cuestión. De modo que dejaba en manos de cada comunidad que a partir del 1 de octubre de 2022 las plataformas de vehículos con chófer pudieran seguir ofreciendo servicios urbanos en los términos que cada autonomía decidiese.
Así pues, quedan escasos diez días para que el Gobierno de Moreno Bonilla apruebe el nuevo decreto ley que marcará el devenir inmediato de los VTC en el marco autonómico. Por lo pronto, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha avanzado que el texto legal habilitará a los conductores de empresas como Uber o Cabify a seguir operando en los núcleos urbanos al finalizar este mes. Un anuncio que ha avivado el enfado del sector del taxi andaluz, que manifiesta sentirse “engañado” y teme que este escenario le pueda perjudicar. Con todo, desde la administración andaluza aseguran que hay varias propuestas sobre la mesa, que seguirán reuniéndose con las partes y que “todo es negociable” en pro de un objetivo común: “garantizar la convivencia” de ambos sectores. Aunque el tiempo se está agotando.
¿En qué se diferencian las dos modalidades?
Para el sector del taxi, alcanzar un escenario de convivencia entre las dos modalidades pasa necesariamente por establecer las diferencias y los límites de la actividad que desarrolla cada uno. En otras palabras, el taxi pide “devolver cada servicio a su segmento y a su actividad natural”, como defiende el vicepresidente de Élite Taxi Sevilla, Francisco Alonso García. También en el lado de los vehículos con conductor, se reconoce y abraza que “son dos modelos distintos”: cada uno con sus particularidades y con un perfil de cliente diferente, que “no tienen en qué parecerse”, y por eso son “servicios complementarios”, según señala a este periódico el secretario regional de acción sindical de la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía, Juan Antonio González Marín.
¿Y dónde radica tal diferenciación? Por un lado, el taxi es un servicio público “que se realiza en régimen de actividad privada reglamentada, previa obtención y mantenimiento en vigor de una autorización administrativa”, de manera que aun tratándoselos de un vehículo privado, “se encuentra sujeto a una regulación más específica y detallada debido a su carácter de servicio público”, como explica Facua. Por su parte, las siglas VTC implican “una forma de desplazamiento que consiste en la concertación de un trayecto que se realiza a través de un vehículo automóvil de turismo y que incluye el pago del conductor del mismo, previa la correspondiente autorización administrativa que lo habilite para ello”.
De esta manera, como señala la Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC, Andeval, “la ley de transporte establece dos grandes diferencias” entre modalidades: “el modo de contratación y la fijación de los precios”. En sentido similar, indica a este periódico el secretario general de Facua Andalucía, Jordi García, que los aspectos diferenciales de ambos radican en que el servicio VTC parte de una precontratación, es decir, el usuario ha de solicitarlo previamente. A diferencia del taxi, que es un servicio que si bien se puede solicitar antes, tradicionalmente se hace sobre la marcha. Por tanto, un VTC en ningún caso se puede solicitar alzando la mano, de ser así se estaría cometiendo una ilegalidad.
En cuanto al precio, “las tarifas del servicio de taxi están reguladas a través de una tarifa administrativa”, mientras que en los servicios VTC, al no estar sujetos a regulación administrativa, “el precio puede variar, pudiendo ser inferior al precio del taxi pero también superior, atendiendo a las reglas de oferta y demanda que en cada momento pudieran producirse”, tal y como detalla Facua.
¿Qué hay en juego estos días?
De no aprobarse ningún decreto, peligraría la continuidad del servicio que ofrecen Uber o Cabify en núcleos urbanos de Andalucía, pues se aplicaría automáticamente el Real Decreto Ley 13/2018. “El ansiado decreto Ábalos”, como se refiere a él David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, en tanto que relega a los VTC a ofrecer servicios interurbanos. “Los que queden en núcleos urbanos tienen que hacerlo a razón de una ratio de un VTC por cada 30 taxis” (frente a la proporción actual que registra la comunidad andaluza de un VTC por cada 2,7 taxis, según datos de la Consejería de Fomento), como explica el presidente de la entidad mayoritaria en el gremio de taxistas de la provincia de Sevilla.
Semejante reducción en las autorizaciones y la actividad de los VTC conllevaría una merma en el volumen de trabajo. Lo cual, informa este sector, terminaría impactando en el nivel de ingreso de los trabajadores e incluso supondría una amenaza para miles de puestos de trabajo de los conductores con licencia VTC. De ahí que FeSMC UGT-A, sindicato con representación mayoritaria en el sector de la VTC en la región, haya remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía para advertirle que aplicar “restricciones desproporcionadas a los VTC”, provocaría “el mayor ERE de la historia de Andalucía, destruyendo con ello 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de desaparecer una alternativa de movilidad que millones de andaluces y visitantes utilizan de manera habitual y diaria”, tal y como consta en la misiva.
Aun así, todo apunta a que la mayoría absoluta del Gobierno de los populares garantizará que prospere la normativa diseñada por el departamento de Carazo, y que con toda probabilidad, habilitará a los VTC a seguir operando dentro del territorio urbano de la comunidad andaluza.
Por ello, el sector del taxi entiende que está en juego “la desaparición” de este servicio público, así como el futuro de 10.000 familias andaluzas que viven del taxi (cifra que asciende a 13.500 si hablamos de empleos indirectos, de acuerdo con David Capelo), y “pueden entrar en un mundo más precario del que ya tienen hoy día los autónomos”, advierte quien es también vicepresidente de la Federación Andaluza. “Si estas empresas [de VTC] se hacen con el mercado, el taxi desaparecerá, los clientes dejarán de tener un servicio con tarifas reguladas, con una actividad controlada por la administración con revisiones periódicas y quedará todo en manos de un par de empresas”, alerta en la misma línea Francisco Alonso García.
En este punto, organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores como Facua señalan que es imprescindible ajustar “los equilibrios para que subsistan los dos”. “Respetamos los intereses generales del taxi y de los VTC, pero velaremos, sobre todo, por los intereses de los consumidores”, dijo la titular de Fomento, Marifrán Carazo hace tres años en las primeras tomas de contacto con el taxi para abordar la regulación. Declaraciones que ponen de manifiesto cómo al margen de los intereses de los dos sectores, también están en juego los derechos de los usuarios. Y el servicio público que ofrece el taxi, apunta Jordi Castilla, es el que puede garantizar los mínimos de calidad en la prestación del servicio, así como la protección de los derechos del consumidor.
“Un mercado absolutamente liberalizado no tiene por qué asegurar el servicio en determinadas franjas horarias, poner el aire acondicionado o poner música durante el trayecto, si no interesa económicamente a la empresa”, expone el secretario general de Facua Andalucía en conversación con este periódico. “En el servicio del taxi, la ordenanza establece que es el usuario quien debe decidir sobre el funcionamiento del aire acondicionado, climatización y calefacción”, explican desde esta organización. “Dicha posibilidad no está expresamente contemplada en el servicio de VTC, en el que hay que someterse a la normativa general y a lo establecido en el contrato”. Y lo mismo sucede en lo relativo al precio, cuyas tarifas en el caso de la VTC podrían ascender a cifras desorbitadas si así lo estima la empresa.
¿Qué critican el sector del taxi en Andalucía?
“Nos sentimos engañados por el Gobierno de Juan Manuel Moreno”, sostiene el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, haciéndose eco del sentir general del gremio. “Estábamos esperanzados porque durante 3 años y 11 meses nos decía que no iba a regular, y a 25 días de la entrada en vigor del tan ansiado decreto nos sale con una regulación por vía de urgencia”, critica Capelo.
Eso explica que el vicepresidente de Élite Taxi Sevilla exponga que las protestas de los últimos días son fruto de “la actitud que está teniendo la Junta con el taxi de Andalucía”. De acuerdo con este representante del sector andaluz, los taxistas llevan años reclamando “permanentemente” al Gobierno de Moreno Bonilla “que pusieran orden” en la actividad de los VTC “porque esto era un coto sin vallar”, deplora. Acusa de “intrusismo” a los VTC y lamenta que quieran sustituir al taxi sin pasar los filtros y pagar los impuestos que entraña un servicio público. “No competimos en igualdad de condiciones”, se aqueja el máximo representante de la Unión Sevillana del Taxi.
De ahí que insten a la Junta de Andalucía a adoptar limitaciones y restricciones en la nueva legislación autonómica en ciernes. En este sentido, Francisco Alonso García cuenta que durante estos cuatro años se han reunido con los responsables del Ejecutivo andaluz para trasladarles sus reivindicaciones, pero se negaban a regular. Y “ahora les entran las prisas”, reprocha el vicepresidente de Élite Taxi Sevilla. “Nos dicen que van a regular, les pedimos un borrador para poder presentar nuestras alegaciones y a día de hoy no nos han entregado nada”, añade el sindicalista, condenando “un planteamiento de oscurantismo y falta de transparencia” por parte de la Consejería que encabeza Marifrán Carazo en la comunidad andaluza. “Tenemos las manos atadas”, denuncia en nombre de su sector.
David Capelo corrobora la versión de su compañero y asevera que si bien han celebrado “varias reuniones”, en realidad “no se puede hablar de negociación”. “Juegan a ese teatro de cara a la opinión pública de sentarnos para hacer ver que estamos negociando, pero no se contemplan nuestras reivindicaciones y ni si quiera nos han presentado todavía un borrador”, se aqueja el presidente de la entidad mayoritaria del taxi, que desearía que no se regulara, pero en el caso de hacerlo, solicita un “diálogo” real y que se tengan en cuenta las peticiones del sector “que no son descabelladas”, añade.
¿Qué critican los VTC?
Por su parte, en un comunicado recientemente publicado, Andeval acusa al sector del taxi de estar “presionando a la Junta” con un “argumentario engañoso” para que se incorporen “restricciones” a la nueva normativa. Medidas “desproporcionadas” que de implantarse, alerta Andeval, conllevarían “la desaparición de la VTC en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región”.
En el escrito, dicha asociación se propone refutar los ocho principales argumentos que arrojan los taxistas contra la norma de la Junta. Así, entre otros puntos, desmienten que los VTC “roben el trabajo al taxi” o que cometan “competencia desleal”, pues según indican desde Andeval, “ningún tribunal ni autoridad de la competencia ha condenado a la VTC por competencia desleal, rechazando todas las denuncias presentadas por el sector del taxi”. Igualmente, niegan que los VTC recojan clientes en la calle a mano alzada, algo que reconocen se trata de una práctica ilegal y de una “infracción muy grave”, recogida en el convenio colectivo firmado con los sindicatos.
En referencia a los “precios abusivos” que le achacan los taxistas, la asociación andaluza de alquiler de VTC arguye que los vehículos con conductor “pueden establecer su precio libremente y son un 30% de media más baratas que el taxi”. Asimismo, defienden como una “garantía para los consumidores” poder “conocer el precio antes de contratar el servicio”. Y también reconocen la posibilidad de aumentar los precios “puntualmente” en aras de “garantizar la disponibilidad del servicio” en momentos “de gran demanda”.
Junto a Andeval, la FeSMC UGT-A reivindica que los dos gremios implicados “tienen cabida” en la comunidad andaluza y requieren a la administración una normativa “justa y acorde con el postulado de la Comisión Europea y la CNMC”, como expresa a este periódico Juan Antonio González Marín. Desde UGT-A, aseveran que “no quieren que el sector del taxi sufra ninguna alteración”. “Simplemente entendemos que a día de hoy están haciendo unas reivindicaciones que de aplicarse en su totalidad provocarían un desequilibrio en los puestos de trabajo de distintas empresas”, con la consiguiente “pérdida de empleo e impacto en el turismo”, alerta su secretario regional de acción sindical.
¿Qué medidas hay encima de la mesa?
Desde que el Gobierno central cedió la competencia estatal a las comunidades autónomas en materia de transporte, regiones como Aragón, Catalunya, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia, Murcia o Madrid, ya han regulado los servicios de los vehículos con licencia VTC. Algunas de las normativas aprobadas en estos territorios han sido objeto de reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC, existiendo resoluciones judiciales contradictorias en todo el panorama nacional, después de que la Comisión Europea lanzara una serie de recomendaciones “para revisar y adecuar la normativa a las directrices y libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado”, como recordó la Junta de Andalucía en el comunicado en el que anunció su voluntad de dar continuidad al servicio urbano de los VTC.
De modo que en este ámbito, Andalucía se mira también en el espejo de la Comunidad de Madrid y plantea propuestas como establecer zonas de especial protección donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captación de clientes, así como fijar una distancia mínima de 300 metros en torno a aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles, juzgados o lugares donde se celebren eventos. Asimismo, se baraja prohibir la geolocalización de los VTC antes de la contratación del servicio por el cliente para evitar la captación de usuarios, junto a incrementar las inspecciones y endurecimiento de las sanciones a los infractores.
Medidas que los taxistas encuentran insuficientes y exigen que se establezcan límites en el número de autorizaciones VTC que operan de contingente en Andalucía (que contabiliza 3.256 licencias de VTC frente a las 8.782 de taxi, según datos de la Consejería de Fomento). Del mismo modo, los taxistas instan al Gobierno andaluz a tomar el ejemplo de otras regiones como Galicia o Murcia donde sí se ha establecido una “diferenciación clara” entre el servicio público del taxi y el de los VTC, como recuerda David Capelo desde la Unión Sevillana del Taxi.
Es precisamente lo que manifiesta Élite Taxi Sevilla, al señalar la demanda del sector de que todos los servicios que se contraten a través de las aplicaciones se haga con un mínimo de 15 minutos de precontratación y que tengan que regresar a la base entre servicio y servicio. Medidas controvertidas estas dos últimas, pues la Junta señala que son escenarios que la institución europea recomienda evitar.
¿Es posible un escenario de convivencia?
La situación es “sensible” y “compleja”, coinciden en señalar los diferentes actores implicados, pero el Gobierno andaluz se afana en alcanzar “un acuerdo razonable”, aunque “no se contente a todos”, como apuntó el presidente de la Junta el pasado jueves. Durante el Pleno del Parlamento, Moreno Bonilla aseveró que su Gobierno seguirá negociando “hasta el último minuto” para la regulación de los VTC y la titular de Fomento insistió en que siguen trabajando “con las premisas de pensar en el usuario y equilibrar la convivencia de estas dos actividades con seguridad jurídica, sin dañar la actividad que presta el taxi”.
Lo que está claro es que el nuevo texto legal ha de aprobarse antes de que arranque el mes de octubre, plazo marcado por el Gobierno Central. El balón está ahora en el tejado de la Junta, que continúa reuniéndose con el sector del taxi para tratar de alcanzar un consenso. No obstante, como ya se ha avanzado, el sector del taxi niega una voluntad real de “acordar una regulación que deje satisfecha a ambas partes”, como sí han logrado otras comunidades según plantea David Capelo.
El último encuentro se produjo este martes y, tras cinco horas, se saldo “sin novedad”. Por el momento, la sensación que sobrevuela en el sector del taxi es que la actitud negociadora de la Consejería es “de cara a la galería” y achacan que la voluntad de garantizar la convivencia expresada por la consejera se reduce a “palabras vacías”. “Nos tememos lo peor”, concluye el vicepresidente de Élite Taxi Sevilla. Esto es, “una política de hechos consumados”, en palabras del presidente de la Unión Sevillana del taxi, en donde se apruebe un decreto sin contemplar sus reivindicaciones. “Dejan poco margen para el optimismo”, lamenta David Capelo, quien deposita “la confianza y esperanza del sector” en la vía judicial, y asevera que el gremio que representa buscará amparo en el Tribunal Constitucional.