El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos tiene encarrilado los Presupuestos Autonómicos para 2021, una vez que la comisión general de viceconsejeros aprobó la semana pasada el borrador del articulado del anteproyecto de ley. Ocho horas se prolongó la reunión de los números dos de cada departamento para cuadrar la envolvente financiera, el esqueleto de las cuentas del año que viene, para remitir el borrador al Consejo Consultivo y tratar de aprobarlo en Consejo de Gobierno antes del 31 de octubre, como establece la ley. Es sólo el principio de una tramitación larga que culminará en un debate final en el Parlamento andaluz el próximo diciembre.
Sin embargo, el Presupuesto andaluz de 2021 es el primero que se diseña íntegramente bajo el impacto de la pandemia y la crisis económica que ha desatado, y ahí el debate interno ya ha empezado. La coalición PP-Ciudadanos parece tener consensuadas las prioridades de gasto público frente al coronavirus -sanidad, educación y empleo-, pero es evidente que en el Consejo de Gobierno cohabitan dos filosofías económicas distintas. Complementarias, pero distintas. Estas discrepancias se perciben en los diferentes análisis de la crisis que ofrecen, por un lado, el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), responsable último de construir el armazón presupuestario, y por otro, el consejero de Economía, Rogelio Velasco (Cs), que aporta una visión macroeconómica de conjunto, comparando la situación de Andalucía en el contexto internacional.
Bravo y Velasco han coincidido en relacionar la crisis económica provocada por la pandemia con la crisis financiera de 2008, pero sus interpretaciones son divergentes. Ambos advierten de los paralelismos, pero el primero apela a la “contención y control del gasto público”, alineado con la postura más conservadora, que ve en la suspensión de las reglas fiscales aprobada por el Gobierno de España el riesgo de “barra libre de gasto para las comunidades autónomas”. Bravo ve el fantasma del “despilfarro” y llama a la cautela para no separarse demasiado de la senda de estabilidad que ha constreñido el gasto público desde 2012.
Velasco, en cambio, ha optado por el keynesianismo puro y duro para encarar la crisis que se avecina. “Ahora mismo lo que hay que hacer es gastar, gastar, gastar sin parar”, ha dicho el consejero este martes en una entrevista en Canal Sur, donde ha defendido que ahora “no hay alternativa” a una política “agresiva” de gasto público que beneficie tanto a pequeñas y medianas empresas como a trabajadores sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En este momento hay 85.035 andaluces en 26.000 empresas sujetos a un ERTE por fuerza mayor y ordinario, según datos del Ministerio de Trabajo.
Para Bravo, la crisis financiera de 2008 que empujó a los gobiernos a recortar gasto público e impuso una década de políticas de austeridad -vigentes hasta la actualidad- es un aviso a navegantes sobre lo que “no se puede volver a hacer”. La suspensión de las reglas fiscales “no nos va a proporcionar un margen de crecimiento y gasto extraordinario”, dice el titular de Hacienda, para enfriar las expectativas de sus compañeros de Gobierno. “Este gasto lo pagarán las generaciones futuras, hay que hacerlo con cabeza, porque esto ya lo hemos vivido. El riesgo es que dejemos de ser creíbles. Nos la jugamos todos. Defendemos el céntimo, lo llevamos en la cartera, creemos en él. Apostaremos por la sanidad pública, pero con control”, subraya.
Para Velasco, el riesgo de que se repitan los errores de 2008 es justo el contrario: “Hay que gastar sin parar, lógicamente en cosas sensatas y con sentido común. Porque si no gastamos ahora, puede ocurrir como en 2008, cuando hubo una recesión a nivel mundial que afectó a España”, pero donde, además, se tomaron “medidas restrictivas” por parte de los gobiernos tanto del PP como del PSOE que crearon “una crisis dentro de la crisis general” y “eso no podemos volver a repetirlo”. El consejero de Economía, que carece de función ejecutiva en el diseño presupuestario, apuesta por “mantener el ritmo de inversión en cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación y el gasto social y, en la medida en que sea posible, también en infraestructuras”.
El debate entre Bravo y Velasco en el seno del Gobierno andaluz de coalición está también en el Ejecutivo central, donde las ministras económicas del PSOE abanderan el aumento del gasto público “con cautela” -recomiendan a las comunidades no sobrepasar el déficit de 2,2% del PIB- y los ministros de Unidas Podemos, que han interpretado la suspensión de las reglas fiscales como “el fin del austericidio”. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la propia Alemania -adalid de la contención del gasto- han virado en su estrategia ante esta crisis, promoviendo políticas de inversión pública sin precedentes.
Bruselas anticipó la suspensión de las reglas fiscales hace seis meses, instando a los países miembros a aparcar el control del déficit y la deuda pública, pero con las mismas reservas que advertía el consejero andaluz de Hacienda. “La cláusula de salvaguardia permite a los Estados miembros adoptar medidas presupuestarias para hacer frente adecuadamente a tales situaciones, dentro de los procedimientos preventivo y corrector del Pacto de Estabilidad, que establecen que «en períodos de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, se podrá permitir a los Estados miembros que se aparten temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo [...], siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”, subraya la comunicación que la Comisión Europea aprobó antes de verano. Poco después, Bruselas anunció el fondo anti covid de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 millones vendrán a España.
El miedo del consejero de Hacienda es que el Estado español, las comunidades autónomas, “pierdan credibilidad” ante los mercados y los organismos de control internacional, si junto a la relajación del déficit ahora, para hacer frente al impacto de la pandemia en las políticas sociales, no hay un plan de regreso a la senda de estabilidad en los próximos ejercicios. Bravo ha descartado una subida de impuestos autonómicos en los Presupuestos de 2021, y tampoco la relajación fiscal prometida en las últimas elecciones, dada la crisis actual.
En esto coincide a medias con el titular de Economía, porque éste sí deja la puerta abierta a una subida impositiva. Velasco defiende que cuando “la situación se estabilice será momento de ir paulatinamente revisando la política fiscal, reduciendo el gasto y, si las circunstancias desde el punto de vista fiscal son muy malas, incluso plantearse la subida de algún impuesto con carácter transitorio”. Sobre este último punto, el vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, ha matizado: “Creo que Rogelio se ha referido a los impuestos medioambientales que impone el Gobierno de España a las comunidades, en otros ámbitos no habrá subidas de impuestos”.
Aún no se conocen las macrocifras que van a enmarcar el Presupuesto andaluz de 2021, aunque el titular de Economía ha avanzado que la Junta maneja una “horquilla” de estimaciones de caída del PIB “entre el 10 y el 12%”, si bien el año que viene habría “un rebote de entre el 5 y el 7%”. Velasco ha quedado orillado del llamado plan Andalucía en Marcha, el proyecto que presentó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que prevé movilizar casi 3.500 millones de euros -un tercio de inversión privada- en la construcción de infraestructuras que llevan años pendientes, como el hospital de Málaga o de Jaén. El impacto multiplicador que tendrían estas inversiones en Andalucía alcanzaría los 11.500 millones, según el cálculo del Gobierno andaluz, que triplica la estimación más optimista del Banco de España.
Con todo, el titular de Economía ha defendido que Andalucía necesita llevar a cabo “una transformación productiva”, que dote de “mayor peso a la industria”, y que ésta sea “exportadora”, así como ha defendido que la labor de “nuevas empresas que operen en el sector del medio ambiente y la digitalización resultan claves para la modernización de la economía andaluza”.
Aunque haya dos políticas económicas solapadas, el Gobierno de Moreno ya ha anunciado que va a agotar el margen de endeudamiento que el Ministerio de Hacienda ha fijado como tope de referencia para las comunidades autónomas, una vez suspendidas las reglas fiscales. Un objetivo de déficit del 2,2% del PIB, unos 3.300 millones de euros más de gasto público, que elevarían el Presupuesto Autonómico de 2021 por encima de los 40.000 millones de euros (las cuentas en vigor de 2019 ascienden a 38.500 millones). Bravo va a negociar con todos los grupos del Parlamento con idea de sacar adelante los Presupuestos con el mayor respaldo posible, aunque la primera negociación que tendrá que afrontar será con los suyos.
Son muchos los consejeros, de PP y de Cs, que le llamaron por teléfono en cuanto oyeron el anuncio de suspensión de las reglas fiscales para pedirle un incremento en la asignación a su departamento. Todas las consejerías han tenido que paralizar proyectos y desviar parte de sus fondos para reforzar la sanidad pública en medio de la pandemia. La prioridad en las cuentas de 2021 seguirá siendo la salud, la educación pública y el empleo, un esquema en el que están de acuerdo todos los partidos. En la letra pequeña es donde se espera la bronca.