Con las cifras de visitantes de récord en récord y los beneficios al alza desde hace tiempo, un debate ha regresado con fuerza a Andalucía. La imposición de una tasa que grave la actividad turística, ya sea a la llegada del viajero o por su pernocta, está nuevamente sobre la mesa, con una diferencia respecto a episodios anteriores. Ya no es que lo pida Kichi. Ahora, un buen puñado de alcaldes de grandes ciudades, todos del PP (Málaga, Sevilla, Córdoba) ven con buenos ojos algún gravamen a la actividad turística. Y algo sigue igual: los empresarios lo rechazan con furia. La Junta de Andalucía, a la que corresponde legislar, se ha arrogado el papel de mediador, y emite mensajes contradictorios: tan pronto parece abrirse a la tasa como echa el freno.
El último episodio tuvo lugar al terminar el Consejo de Gobierno de la semana pasada. Arturo Bernal, consejero de Turismo, anunció al fin la reunión con los empresarios y los municipios que le había reclamado el presidente de la Junta de Andalucía semanas atrás. Irá a regañadientes, a tenor de sus palabras. “No es la mejor solución”, dijo, poniendo un símil: “Es como curar una enfermedad crónica con una aspirina”.
A su juicio, el problema es la infrafinanciación crónica de los entes locales. Ahondó así en la larga cambiada del ministro de Presidencia, Antonio Sanz, que horas antes había exigido al Gobierno central una modificación urgente del sistema de financiación local al ser preguntado por la tasa turística.
Ocurre que nadie, hasta entonces, había dicho que la tasa viniese a resolver de un plumazo el déficit de los ayuntamientos.
La Junta de Andalucía auspicia así un encuentro con posiciones de partida muy alejadas. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ya ha avanzado su “rechazo absoluto” a una tasa, a la que su vocal de turismo, José Carlos Escribano (antes presidente de la asociación de hoteleros malagueños) califica de “injusta”, “ineficiente” e “inoportuna”. Escribano anunció que no quieren ni negociar: “No vamos a hablar de una tasa turística con cantidades concretas”.
Al otro lado, alcaldes como José Luis Sanz (Sevilla), Francisco de la Torre (Málaga) o José María Bellido (Córdoba, y presidente de la Federación Andaluza de Municipios -FAMP), todos del mismo signo político que gobierna la Junta, llevan meses pidiendo que al menos se abra el debate. Pero siempre añaden una coletilla: “Con el consenso del sector”. La FAMP, que trasladó a la Junta la cuestión presentándola como “demanda ciudadana”, ya ha celebrado alguna reunión técnica con la administración andaluza, aunque no revela los detalles.
“El presidente [Bellido] solo ha dicho que es necesario un debate sereno, con la Junta y el sector. Y hay que llegar al máximo consenso, porque el turismo es un sector potente”, insisten fuentes de la institución, que subrayan que la Junta fijaría el marco legal, y cada municipio decidiría si aplica o no la tasa. “Bellido ha dicho que sería un impuesto finalista, que todo lo que se recaude iría en mejorar el turismo, para hacerlo más sostenible, y mejorar cascos históricos. Nosotros no defendemos a los hosteleros, sino a los alcaldes”.
Es un debate que ya se planteó en 2019, y quedó aparcado por la pandemia, que golpeó especialmente al sector. Se retomó en 2022, cuando el presidente de la FAMP, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, propuso una mesa técnica. Pero el Gobierno andaluz calificó la tasa de “invento” y dijo que estaba centrado en bajar impuestos.
Con todo, la principal novedad es que ahora el debate ha permeado algo en la calle, en un contexto en el que no se atisba un excesivo coste político de adoptar la medida. La adopción de un nuevo tributo sería una mutación del ADN fiscal del PP andaluz, que ha hecho eslogan de la “bajada masiva de impuestos” y bandera de la curva de Laffer.
Sin embargo, imponer una tasa al turista podría dejar fuera de la ecuación al residente (y votante) andaluz, y llegaría en un momento en que se ha instalado la percepción de que el turismo consume recursos sin aportar en proporción. Detrás del encarecimiento del alquiler en todas las capitales, con casos paradigmáticos como Málaga, hay un componente turístico. Muchos residentes se sienten expulsados por los turistas del Centro Histórico, cuyo embellecimiento contraponen a la suciedad de los barrios.
Dos episodios han apuntalado la percepción de que la alfombra roja al turismo despeja a los márgenes a los vecinos: la propuesta de José Luis Sanz de cerrar la plaza de España de Sevilla e imponer un precio para transitarla, y la prohibición de las piscinas de comunidades de vecinos este verano mientras se abren las hoteleras. Una plaza hotelera consume en torno al triple de agua que un residente.
“Los turistas, igual que el resto, hacen uso de unos bienes y servicios sobre los que no se puede cobrar directamente. Por ejemplo, las playas o la Policía Local, que se sufragan con los impuestos de los residentes”, explica José Luis Sánchez Ollero, catedrático de Estructura Económica del Turismo de la Universidad de Málaga, partidario de una tasa. “Esos servicios se sobredimensionan porque en temporada alta acceden millones de turistas que multiplican por mucho los residentes locales. No es una idea descabellada que los turistas contribuyan a esos gastos”.
El turismo representa el 13% del PIB andaluz, y todos los indicadores han experimentado un alza ininterrumpida desde el fin de la pandemia, superando los récords de 2019, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Récord absoluto de turistas en 2023 (34.207.867, +5,2% respecto a 2019, +10,8% respecto a 2022; hace diez años eran 22,5 millones). Más gasto medio diario (77,83 euros, +7,2%). Récord de tráfico en el principal aeropuerto (Málaga), con 22.344.000 pasajeros (+21,1%). Récord de ingresos procedentes de turistas internacionales (15.314 millones de euros, +27,74%, según la Encuesta de Gasto Turístico del INE).
También la rentabilidad lleva años al alza. Por ejemplo, el Índice de Precios Hoteleros en Andalucía, con alzas mensuales en todas las categorías y una habitación entre un 15 y un 50% más cara que hace diez años, descontado el efecto de la inflación. Desde que acabó la pandemia, los ingresos por habitación disponible crecen a un ritmo de entre el 10 y el 20% cada año. En febrero de 2024, último dato disponible, los ingresos aumentaron el 12,65% en toda Andalucía, con Cádiz, Sevilla o Huelva creciendo en torno al 20%, según los datos del IECA a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
Frente a estas cifras, la patronal desliza que la tasa establecería una barrera de entrada y tendría un efecto disuasorio. Este medio ha pedido algún informe que documente este efecto, sin obtenerlo.
Hasta ahora, solo Baleares y Cataluña han implantado la tasa, que aplican Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Girona, Barcelona y Lleida con importes que oscilan entre los 50 céntimos y los cuatro euros diarios. No constan mensajes de alerta por que Barcelona o Palma se hayan vaciado de turistas. El PP y Vox tumbaron la tasa tan pronto como llegaron al Gobierno de la Comunidad Valenciana. En Europa, París o Roma la aplican desde hace años. Ámsterdam la ha aprobado este año. “Y nadie deja de ir por la tasa. Al contrario, marcan récord tras récord”, subraya el experto.
“En un mundo que compite vía precios puede hacer que de forma indirecta quienes paguen sean los recaudadores”, especialmente en un mercado en que los criterios de destino (sobre todo, el precio) se filtran a través de plataformas, concede Sánchez Ollero, quien sin embargo, no cree que tuviera demasiado efecto en la demanda turística: “Al final, el mejor estudio es la observación de la realidad, que es la que es: la gente se ha acostumbrado a viajar y pasado el susto de la pandemia, hemos recuperado la fiebre del viaje. Dos euros se gastan en una cerveza”.
El experto ve otro potencial efecto positivo: desactivar la turismofobia y “que los residentes perciban el valor económico del turismo para ellos”. “Ahora ven gente extraña que hace que se encarezcan los precios sin contribuir a nada”, dice. Sin tasa, el beneficio se queda en la parte privada y el gasto es público. “A lo mejor hay que cuidar no solo la imagen de destino, sino la imagen del turista en el destino”.
“Si queremos turista de calidad, que valore los servicios de destino, tenemos que ser conscientes de que tienen que contribuir al gasto que hacen. Si no, al final la calidad de vida del residente se resiente”, remacha Sánchez Ollero, que admite que este es un debate perenne. Al menos, desde hace 30 años, sin que nadie, hasta ahora, haya impuesto tasa alguna al turista por usar los recursos públicos que sostienen los contribuyentes andaluces.
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