El juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar se celebrará entre los meses de marzo y julio de 2025, un caso en el que se investiga que la Junta de Andalucía otorgase tras un concurso la licencia de explotación del yacimiento de Los Frailes a la agrupación empresarial México-Minorbis. Entre los 16 procesados están un expresidente de la SEPI y exaltos cargos del Gobierno andaluz.
El cronograma dispuesto por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla comprende 40 días desde el 3 de marzo al 15 de julio de 2025, “sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio”, según figura en la nueva diligencia que ha emitido. El juicio arrancará los días 3 y 4 de marzo de 2025 con las cuestiones previas, para las cuales dispone además el 31 de marzo.
Las actuaciones de este caso están conformadas por 31 tomos que suman un total de 14.221 páginas, tres cajas de archivador, tres baúles de madera “grandes” y un disco duro de dos terabytes de capacidad.
El pasado mes de octubre de 2021 la jueza instructora, Patricia Fernández Franco, acordó la apertura de juicio oral contra las 16 personas procesadas en la causa, figurando entre los afectados por dicha medida los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, y la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto. Junto a ellos, también se procesa a los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; al que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena y a Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
El auto de apertura de juicio oral se dirigía también contra Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.
La juez instructora acordaba así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
La Sección Séptima de la Audiencia también acordó tiempo atrás revocar el auto dictado por la juez instructora, tras la segunda orden de reapertura de la causa, para continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los entonces nueve encartados; ordenando incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados, como ha sido señalado.
En su auto de apertura de juicio oral, posterior a las dos decisiones de sobreseimiento revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para “salvaguardar todas las garantías procesales” la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes, --la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero--; “cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros”.
La causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).
Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
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