DEPENDENCIA
El Parlamento de Andalucía, con los votos del PP, rechazó recientemente mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Las subidas en 2021 del precio/hora de ese servicio y del coste de las plazas de las residencias por parte de la Junta tras las exigencias del sector empresarial andaluz de la dependencia y la discapacidad han supuesto un evidente impulso monetario en las cuentas de las organizaciones que, aún así, lamentan el “aumento de los costes” en general para prestar los servicios. Lo cierto esas mejoras económicas en el sector no repercuten en sus empleados, la mayoría mujeres, al estar acogidas a un convenio colectivo a nivel nacional que nada tiene que ver con lo que pague la administración autonómica a entidades privadas en esos conceptos. Pero es que tampoco se está implementando totalmente una cuestión que sí supondría un alivio económico directo para miles de hogares: la aplicación del incremento salarial del 6,5% determinado este verano por la Audiencia Nacional, correspondiente al porcentaje del Índice de Precios al Consumo (IPC) real del año pasado.
Esto es, el aumento del precio/hora repercute directamente a las empresas concesionarias del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía y no a las trabajadoras, según denucia UGT y otras organizaciones como CGT, en contra de lo manifestado por la Junta. La situación es “caótica” en este punto ya que, además, “no todas las empresas están incluyendo esa subida en las nóminas como ha dicho la sentencia, o no estan abonando los atrasos acumulados desde enero” (la sentencia se corresponde con el “ejercicio 2022”), tanto “en el salario base como en todos los demás conceptos (antigüedad, etc)”, según explica elDiario.es Andalucía Estrella López de la Rosa, responsable andaluza del sector de la dependencia en UGT-A.
“A todos nos ha subido el coste de la vida, pero lo cierto las empresas ”llevan dos años sin subir los salarios y a ellas se les ha subido un 12,3%“ el precio/hora como determinó la Junta en 2021. ”Es cierto que llevaba mucho tiempo paralizado, pero a nosotras nos tienen que subir el sueldo un 6,5% y muchas empresas no lo quieren subir“, lamenta. Cabe recordar que el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía supone atender a casi 140.000 personas dependientes, sobre todo mayores, por parte de más de 35.000 profesionales en la comunidad autónoma, donde se concentra el 40% de prestaciones del servicio de España, según datos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Los sindicatos demandantes, UGT y CCOO, una vez ratificada en septiembre la sentencia de junio, presentaron las tablas salariales en los juzgados el pasado 18 de octubre, con el “compromiso del juez” de enviarlas al Boletín Oficial del Estado (BOE), explica López de la Rosa. La cuestión es que la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED) tiene de nuevo recurrrida la resolución judicial, “argumentando que, si sale a su favor, los trabajadores saldrían perjudicados al tener que devolver las cantidades con posterioridad”, dado que la sentencia definitiva “se puede alargar dos años más”.
“Pero no se puede tener a personas con un salario base por debajo de los mil euros esperando tanto tiempo porque esos 50 ó 60 euros de subida mensual, ratificados como legales por la Audiencia Nacional, puede hacer mucha falta en muchas casas”, relata la representante de las empleadas, también trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, teniendo en cuenta además que “la mayoría no estamos a jornada completa”. A expensas de lo que decida cada una de las empresas, lo cierto es “muchas de las trabajadoras van a tener que reclamar esas cantidades, porque algunas empresas de motu proprio ya han dicho que no lo van a pagar o no van a abonar los atrasos con efecto retroactivo”, lamenta la representante de UGT-A.
Sindicatos como UGT solicitan además a las administraciones públicas que no contraten a empresas que no apliquen esa subida salarial determinada por la Justicia. López de la Rosa también se refiere al papel de la Junta en ese sentido, poniendo como ejemplo al Gobierno de Cantabria, que ya desarrolla ese incremento directo en las economías de las empleadas de ayuda a domicilio en sus concursos públicos. Lo que pasa es que esas directrices tendrían que llegar con “un cambio legislativo” por el cual la administración andaluza pudiera subir ese 6,5% en el coste de los concursos públicos para la prestación de la ayuda a domicilio y especificar que ese incremento repercuta en las trabajadoras. “Si la Junta sube a las empresas, a nosotros no nos repercute, lógicamente, pero si a nosotros nos lo suben por sentencia, la Junta no nos lo puede subir, no es justo”, insiste, teniendo en cuenta las dificultades burocráticas que habría si cambia el convenio colectivo en mitad de procesos públicos de contratación.
El caso es que la Junta poco puede hacer respecto a los salarios de las empleadas puesto que su papel se ha limitado a subir el precio/hora y no puede intermediar en los sueldos, que dependen de la empresa. Lo que sí podría decidir la administración autonómica es no acceder a la contratación de empresas que no estén aplicando la subida determinada en junio por la sentencia, pero la Consejería de Inclusión Social no ha atendido las preguntas de este periódico en ese sentido ni si prevé establecer un marco jurídico que tenga más en cuenta la precariedad laboral que denuncian las trabajadoras en líneas generales.
El problema está también en que se trata de muchas trabajadoras “muy limitadas” tanto en formación como en capacidad económica para afrontar un proceso judicial de reclamación de cantidades contra una empresa. Además, detalla, lo habitual es ir cambiando de empresas de acuerdo a los concursos públicos a los que se van presentando. “Es posible que a la empresa que se le pida una cantidad adeudada ya no exista cuando, muchos años después, salga la sentencia que da la razón al trabajador o trabajadora”.
Las organizaciones del sector niegan la mayor y aseguran que han trasladado a sus empresas “la conveniencia de ir utilizando las nuevas tablas salariales”, siendo “escasísimas” las empresas que no lo han hecho. Nuria Hernández Sanjuan, secretaria general del Foro Andaluz de la Dependencia (FADE), confirma que “todavía no se han publicado las tablas salariales en el BOE, con independencia de que la sentencia se encuentra recurrida por la FED”, añadiendo por otra parte que “la mayoría de las empresas llevan, desde la sentencia, aplicando las citadas tablas en las nóminas, bajo el epígrafe a cuenta convenio”, dice contra lo manifestado por UGT.
FADE califica de “mínimas o inexistentes” las quejas sindicales “dada la general y mayoritaria implantación de las nuevas tablas en el sector”. También argumenta que “el sector asume un notable incremento a pesar de la mínima subida que ha tenido en Andalucía la financiación de las plazas concertadas, lo que pone en riesgo la supervivencia de numerosas pymes, ante el aumento de costes salariales y no salariales (energía, alimentación, etc...)”, lamenta.
Para San Juan, “no se puede hablar de calidad asistencial y dignificar los salarios de los profesionales que han demostrado con creces estar a la altura de la pandemia, sin reconocer el valor real de lo que cuesta atender a una persona mayor dependiente”, aportando un dato que pone en valor los recursos dedicados en Andalucía a la atención a la dependencia es el siguiente: “El País Vasco destina a la atención a la dependencia 12.480 euros anuales por persona. Andalucía, la mitad: 6.251 euros”. Por eso destaca también que “la asfixia económica de estas empresas es ya una realidad. A las pérdidas económicas como consecuencia de la pandemia que en los centros y entidades asociadas a FADE (que han alcanzado los 64 millones de euros), se une la subida del SMI, el desorbitado incremento de los suministros eléctricos que ha duplicado la factura energética, así como la evolución al alza del IPC”.
UGT Andalucía denuncia que hay determinadas asociaciones empresariales que “quieren seguir alargando el proceso y maltratando de forma continua al colectivo de trabajadores de la dependencia” y que “niegan la aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional utilizando para ello lo más farragoso del derecho procesal”, actuando además como “meras intermediarias del dinero público”, ya que han defendido que “participan en concursos públicos para coger las concesiones de la ayuda a domicilio que ofertan diputaciones y ayuntamientos y se permiten el lujo de saltarse sentencias de la Audiencia Nacional para seguir maltratando a sus trabajadores”.
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