La mayor empresa pública de la Junta de Andalucía falla en materia de Igualdad. Así lo denuncian los trabajadores y los sindicatos que forman parte de la Agencia de Medio Ambiente (AMAYA), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Según su testimonio, la conciliación laboral brilla por su ausencia y la situación llega a ser insostenible para aquellas personas que tienen hijos a los que han de cuidar en caso de fuerza mayor. Esta agencia cuenta con 5.000 empleados públicos que se dedican, ente otras cuestiones, a velar por el cuidado del medio ambiente en la comunidad autónoma y al mismo tiempo integra servicios esenciales como el Plan INFOCA de extinción de incendios forestales. Sin embargo, encuentran serias dificultades para conciliar, pero Agricultura dice estar trabajando para adaptarse a la normativa actual.
CGT, UGT, CCOO y SAT, los sindicatos que representan a los empleados públicos de la AMAYA, sostienen que el incumplimiento del Plan de Igualdad se basa en que no se respeta la ley que hay en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. En concreto, no se cumple con el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo que modificaba el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Ese cambio introduce el derecho autónomo de los empleados a solicitar que se adapte su horario laboral si tienen motivos que afecten a su vida personal y profesional. Además, si el trabajador tiene hijos menores de 12 años, ese derecho lo pueden efectuar hasta que el menor supere esa edad.
Pero esto no ocurre en la Agencia de Medio Ambiente. Pese a que cuenta con un Plan de Igualdad que debería regular este aspecto y adaptarse a la normativa, lo cierto es que está obsoleto. Data de 2013, lo que deja sin un armazón legal a los trabajadores que necesitan acogerse a esta normativa de 2019. Según denuncian los sindicatos, la AMAYA debería contar con un plan actualizado desde finales de 2020, pero esto aún no ha ocurrido. Así, la situación continúa enquistada y los empleados públicos no pueden adaptar su jornada laboral si tienen necesidades familiares. Todas las solicitudes que se han hecho en ese sentido han sido rechazadas y en muchos casos, según sostienen fuentes sindicales, ni siquiera se han estudiado.
Como no tienen forma de adaptar su horario a sus necesidades porque se incumple la conciliación laboral, los trabajadores se ven obligados a solicitar una reducción de jornada para poder cuidar de sus hijos en caso de necesidad, sobre todo aquellos que tienen críos dependientes que necesitan de un cuidado más continuo. Un problema que es muy grave para los empleados públicos de la Agencia de Medio Ambiente, pero que además es aún más dañino para las mujeres ya que, según las estadísticas que posee la mesa sectorial, ellas son las que más solicitudes de adaptación de jornada cursan.
Por otro lado, como la normativa no se adapta a la regulación de 2019, tampoco se cumple con el teletrabajo. Esta modalidad, que llegó durante el confinamiento de la primavera de 2020 y que ha venido para quedarse como opción, es desconocida en la Agencia de Medio Ambiente. Al menos, según el testimonio de trabajadores y sindicatos. Aseguran que tampoco hay un protocolo para adecuar esta práctica de trabajo telemático. Hasta 2018 existía uno que permitía teletrabajar si un familiar sufría una enfermedad grave sobrevenida, pero desde entonces no se ha actualizado y, según afirman fuentes de la mesa sectorial, “en la actualidad ningún empleado puede solicitar modalidad de trabajo en forma de teletrabajo que le permita atender a un familiar que se encuentra en situación de enfermedad grave”.
Como en el caso de la adaptación de jornada, las estadísticas que maneja la agencia evidencian que poder emplearse telemáticamente por circunstancias sobrevenidas es una posibilidad que solicitan mayoritariamente las mejores. Sin embargo, como no existe la posibilidad, acaban recurriendo a excedencias sin sueldo o simultanear el trabajo con el cuidado del familiar. De ahí que las afectadas, a través de las secciones sindicales, pidan a la Consejería de Agricultura, de la que depende la AMAYA, que tome cartas en el asunto para asegurar sus derechos laborales.
Sara Pérez, trabajadora de la agencia y miembro de UGT, afirma que en la actualidad se produce “un incumplimiento tras otro, por parte de la dirección de la Agencia de Medio Ambiente” en materia de conciliación. “Están consiguiendo que las relaciones laborales prácticamente no existan. Nos intentan mantener al margen en todo”. Califica de “horrorosa” la situación que atraviesan los empleados públicos en cuanto al Plan de Igualdad y considera que es algo “insostenible”. “No sale nada bien ni a tiempo”. Un argumento que comparte Juan Carlos Maldonado, empleado de la AMAYA en el Plan INFOCA y sindicalista del SAT: “Con la conciliación son muy estrictos. El año pasado denegaron algunas movilidades porque, según convenio, son de mutuo acuerdo. Es decir, deben estar de acuerdo tanto el trabajador como la Agencia y si esta no quiere, argumentan motivos de operatividad y no se le da el visto bueno”.
Por su parte, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía sostiene que sí hay un Plan de Igualdad que está en “vigor” y “aplicándose”. “Ahora mismo está el de 2013, aprobado sin acuerdo de los sindicatos sino de forma unilateral, hasta que culmine proceso de renovación. Un proceso que se inició tan solo días después del cambio de gobierno de la Junta con la constitución el 19 de febrero de 2019 de la subcomisión de Igualdad que no estaba creada”. No obstante, las fuentes oficiales consultadas aseguran que ya se han producido ocho reuniones para avanzar en la elaboración de este protocolo. “La última reunión fue en diciembre de 2021 donde AMAYA presentó un borrador de revisión del Plan de Igualdad y los sindicatos pidieron seguir trabajando en el texto para ser más ambiciosos, lo que desde AMAYA se vio como positivo para cerrar un mejor documento”.
En Agricultura afirman que la citada mesa con los sindicatos para revisar los proyectos de Igualdad se produjo dentro del plazo que marca la normativa, que expiraba en enero de este año. “Ahora mismo se está en ese proceso según lo acordado con los sindicatos, que fueron los que pidieron seguir trabajando en el borrador”. Al tiempo que sobre la conciliación aclaran que “el convenio colectivo establece las medidas de conciliación”. “Se cumplen y, de hecho, no hay ninguna denuncia que ahora mismo tenga conocimiento AMAYA sobre este tema. Señalar que las medidas se aplican a petición del trabajador”.
Además, las fuentes consultadas defienden que el teletrabajo está implantado desde 2012 y que durante esta legislatura se ha establecido una subcomisión para analizar los casos. “Forma parte de la normalidad de AMAYA la reunión de subcomisiones para tratar asuntos específicos, con independencia de las convocatorias del comité Inter centros en servicios centrales o de los comités provinciales. Hasta el momento no se tiene constancia de que algún sindicato se haya manifestado en relación con la falta de atención en las relaciones laborales”, sentencian.
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