El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos aprobará este martes en Consejo de Gobierno el decreto ley de simplificación administrativa, una norma que complementa dos leyes anteriores con un objetivo común: desregular o profundizar en la liberalización de la economía andaluza, a base de “eliminar trámites burocráticos, permisos y cargas impuestas por la administración” que “obstaculizan” la llegada de inversión exterior, la creación de empresas y la generación de empleo. “El objetivo es convertir a Andalucía en la mejor opción de este país para invertir, abrir una empresa y crear un proyecto de futuro”, resume el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que ha querido presentar en persona el decreto ley, durante un acto por todo lo alto en el Palacio de San Telmo.
El nuevo decreto ley modificará 300 procedimientos administrativos que afectan a 80 normativas de todas las políticas públicas, aunque “los principales cambios se han dado en materia urbanística”, donde se concentra el grueso del vaciamiento normativo, como ha subrayado, durante su intervención, el presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, Alfonso Vargas. Las normas que se agilizan y descargan de trámites afectarán a la vivienda protegida, el desarrollo urbanístico, la producción agroalimentaria, las grandes superficies comerciales, el turismo, las restricciones por patrimonio histórico, la formación del profesorado, entre otros... “Se trata de que la Administración sea más ágil y el marco jurídico más simple, y también de poder aprovechar mejor los fondos europeos Next Generation, que obligan a las consejerías a desarrollar proyectos en poco tiempo para gastar los millones que lleguen”, explican desde la Junta.
Casi todas las normas de simplificación modificadas comparten un mismo patrón que busca agilizar la actividad económica: “Se elimina la necesidad de un informe favorable para que la entidad pueda desarrollar la actividad económica”; y “se elimina la obligación de presentar toda la documentación acreditativa por parte de las entidades, ya que con este nuevo Decreto será suficiente una declaración responsable”, reza uno de los documentos que acompaña al borrador del decreto, al que ha tenido acceso este periódico.
La presencia de Moreno y del vicepresidente Juan Marín da una idea clara de la importancia capital que el Ejecutivo de coalición está dando a este decreto, que aún debe ser convalidado en el Parlamento andaluz, donde los socios han perdido el sostén necesario de Vox, su aliado de legislatura. La formación de extrema derecha respaldó las dos leyes anteriores de simplificación burocrática, pero ahora han roto toda relación con el Gobierno. Los grupos de izquierda -PSOE, Unidas Podemos y los ex diputados de Adelante, ahora no adscritos- difícilmente apoyarán esta norma, cuando ya recurrieron en los tribunales las anteriores tras acusar a la Junta “liberalizar el mercado”, “apostar otra vez por el ladrillazo” y “poner en riesgo el medio ambiente”.
Moreno ha utilizado muchos superlativos para enmarcar la trascendencia de esta ley para el impulso a la actividad económica andaluza, y acto seguido ha apelado a la responsabilidad de la oposición, admitiendo que en este momento carece de mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. También ha recordado que su intención es agotar el mandato -convocando un adelanto electoral “técnico” en junio u octubre-, pero que “algunos se empeñan en que no”.
A la presentación han acudido casi todos los miembros del Gobierno andaluz. El decreto ley depende de Presidencia, pero recoge modificaciones normativas para descargar de papeleo en prácticamente todas las consejerías. Moreno ha entrado en el Salón de los Espejos, la parte noble del palacio de San Telmo, escoltado por el presidente de los empresarios andaluces (CEA), Javier González de Lara, y el de los constructores, Francisco Martínez-Cañavate, dos actores muy protagonistas en el diseño final de las políticas de desregulación que impulsa la Junta.
La parte mollar de la reforma de simplificación administrativa del Gobierno andaluz está en el departamento de Medio Ambiente, con la modificación parcial de dos leyes creadas para contener la fiebre del ladrillo y la especulación urbanística con políticas proteccionistas: la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Las rebajas legislativas de impacto ambiental eran reivindicaciones históricas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que siempre ha cuestionado el freno al crecimiento urbanístico. Martínez-Cañavate ha recordado que el 10% de los trabajadores de Andalucía -223.000 personas de forma directa- “lo hacen para el sector de la construcción”.
El discurso del presidente andaluz ha estado precedido por el testimonio de los representantes de los cuatro sectores que más se van a beneficiar del decreto ley: la construcción, la industria, el comercio y las energías renovables, las cuatro patas de una economía muy dependiente aún del turismo, el campo, el sector servicio y el ladrillo. Todos ellos han defendido con ahínco la nueva norma, y serán los aliados preferentes de Moreno cuando tenga que negociar el apoyo de Vox a la convalidación del decreto ley en el Parlamento.
También han participado el presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, Alfonso Vargas, el presidente del Colegio de Industriales de Andalucía Occidental, Juan Carlos Durán, y la delegada de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución en Andalucía, Carmen Moreno. En los pasillos se ha hablado mucho de “dar la vuelta al modelo productivo andaluz”, que sigue soportando una tasa de paro estructural, que hoy alcanza el 23% de la población activa, en torno a 900.000 desempleados.
Las grandes ausentes de esta foto han sido las líderes de los sindicatos de clase, aunque estos han participado del debate previo en la elaboración de la norma. La secretaria general de CCOO, Nuria López, se ha desmarcado porque “no comparte ni el fondo ni la forma” del decreto ley. La norma sustituye muchos permisos de la Junta, ahora obligatorios, por “declaraciones responsables” de los futuros promotores de proyectos e inversiones.
López cree que “no se refuerza la vigilancia de esas declaraciones responsables”, y piensa que eso puede terminar “pagándolo la ciudadanía” en forma de “vertidos medioambientales”, las infecciones por “amianto” en algunas construcciones o las deficiencias de gestión en las “residencias de mayores” por parte de empresas privadas. Tampoco ha acudido, por problemas de agenda, la líder de UGT, Carmen Castilla, pero sí su secretario institucional, Óskar Martín, aunque desde el sindicato señalan que “rechazan” el decreto ley, “del que ni siquiera conocemos el borrador”.
Fuentes de San Telmo sostienen que el desmarque de CCOO y UGT tiene más que ver con el contexto político actual -la cercanía de las elecciones andaluzas- que con un desacuerdo insalvable respecto a la futura norma. No obstante, en la Junta ha molestado que las organizaciones sindicales se aparten de la foto y admiten que la imagen del presidente andaluz alineado solo con los empresarios, constructores, industriales y medianos y grandes comerciantes “no es lo que se buscaba”. Quizá por eso, simultáneamente al acto de San Telmo, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, estaba visitando la sede de CCOO Andalucía en Sevilla y a su secretaria general, y su equipo difundía al mismo tiempo una nota de prensa destacando “una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social de Andalucía antes de Navidad”. Durante el acto, Nuria López ha trasladado a Bendodo su malestar por “el fondo y la forma” del decreto ley de simplificación.
Con los sindicatos de clase fuera de la foto en San Telmo se rompe la imagen de “diálogo social” que Moreno viene trabajándose desde hace meses. El decreto ley alinea al Gobierno de PP y Cs con la empresa, los promotores inmobiliarios, el comercio y la industria, pero pierde la sintonía con los representantes de los trabajadores, con quienes sí negoció el Plan de Mejora de Regulación Económica, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, y que representa el marco teórico de todas las modificaciones legislativas en materia de simplificación que desarrolla este decreto. “Se ha apostado por desregular, por no es 100% liberarismo. Un grupo de expertos ha analizado la normativa administrativa de todas las comunidades, para comparar, y al final no se ha planteado nada en Andalucía que no esté ya funcionando en otra región. Y en algunos casos, no se ha llegado tan lejos como otras, como Madrid”, explican fuentes de la Consejería de Economía, poniendo el ejemplo de la liberalización de horarios de las grandes superficies comerciales.
En tres años de legislatura, el decreto ley de simplificación administrativa es la “tercera vuelta de tuerca” que el Gobierno de Moreno da a la legislación autonómica para desregular paulatinamente el mercado productivo andaluz. En 2019 aprobó un decreto ley para agilizar la creación de grandes proyectos estratégicos. Desde entonces se ha iniciado una docena de proyectos empresariales, con una inversión de 3.400 millones de euros y la previsión de generar 9.676 empleos directos. En 2020, poco antes de estallar la pandemia, se aprobó el decreto ley -luego convertido en ley- de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Es la más ambiciosa de las tres, porque de una tacada modificó o derogó 21 leyes y seis decretos, que alteraban hasta 100 regulaciones de todas las consejerías:aligerar el aparato legal de la Junta, reducir tasas, liberalizar los horarios comerciales, eliminar permisos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas...
El tercer decreto ley, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, es el instrumento en manos de empresas, inversores y ciudadanos para agilizar sus trámites con la Administración andaluza, y que derive de la simplificación legislativa antes mencionada. “Es el más ambicioso jamás planteado en la historia de Andalucía, espero que sea convalidado en el Parlamento sin mayores problemas, y que la oposición esté a la altura”, ha insistido.
El documento no se conocerá hasta final de semana, una vez lo apruebe el Consejo de Gobierno y se publique en BOJA. Es una norma en la que cada consejería tendrá algo que explicar, puesto que todas han querido participar -coordinadas por Presidencia- para aliviar de burocracia a los sectores con los que trabajan: constructores, farmacéuticas, profesores, transportistas, agricultores, pesqueros... En Vivienda, por ejemplo, se modificará la Ley de Vivienda Protegida, ha dicho Moreno, “para facilitar que se puedan poner pisos a disposición de colectivos con necesidades”; en Economía, se simplificará el régimen de apertura de establecimientos y para construir áreas logísticas; en materia de Energía, se simplifica la tramitación de proyectos fotovoltáicos y para ampliar los puntos de recarga de vehículos eléctricos en toda la región -“más escasos en Andalucía que en otras comunidades o que en Portugal”-, también se favorecerá la implantación de energía renovable en áreas urbanas, suspendiendo algunos de los permisos requeridos para instalar placas solares, por ejemplo.
En Medio Ambiente, uno de las áreas que más discrepancias ha generado en los sindicatos, el decreto ley “permitirá a las entidades privadas colaborar en la prevención de incendios”, “algo que hasta ahora no se podía hacer”, dice el presidente andaluz. Esta propuesta, aún por desarrollar, abre la puerta a la privatización paulatina del Infoca (Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía). En el sector agroalimentario, se permitirá un mecanismo de crisis para que las empresas productoras puedan retirar productos en momentos de caída de precios, “una de las mayores reivindicaciones del sector”. En Pesca, se reducen los requisitos para autorizar actividades en viveros y puertos autonómicos, “para propiciar la atracción de inversiones”. En Urbanismo, se agilizará la tramitación de los proyectos que dependan de fondos europeos, a través del Gobierno central, o de la partida Next Generation, “no sujetos a licencia y con permiso municipal”, ha apuntado Moreno. En Educación, “se permitirá que las empresas, sindicatos y asociaciones dedicadas a la formación permanente de profesores y maestros, puedan homologar los cursos que ofrecen con menos tramites administrativos, en menos tiempo, de manera telemática y con todas las garantías”.
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