En el marco del Día Internacional Contra los Paraísos Fiscales que se conmemora este sábado, la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía va a celebrar el lunes la jornada 'Justicia fiscal=Justicia social', en la que trasladará a la opinión pública que resulta “necesario” aumentar la eficacia del gasto público“ y, por otro lado, mejorar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal para mitigar las desigualdades sociales, según se indica en el manifiesto que se leerá al final de la jornada. El objetivo final de la plataforma es conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente, que redunde en el progreso de Andalucía y en la reducción de las desigualdades sociales y económicas que perviven en su seno, así como en el mantenimiento y mejora del estado de bienestar en nuestra comunidad.
Conforman la plataforma CCOO de Andalucía, Coordinadora Andaluza de ONGD, EAPN Andalucía, FACUA, Justicia y Paz, Oxfam Intermón, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), UGT Andalucía y USO Andalucía. Constituida inicialmente en junio de 2016 por un grupo de entidades y de personas del mundo académico, la plataforma está abierta a la incorporación de otras asociaciones, organizaciones y plataformas sociales, sindicatos, movimientos, actores sociales y personas a nivel particular que compartan en el ámbito andaluz la misma visión y objetivo. El acto de este lunes 5 de abril tendrá lugar entre 18.00 y 19.30 horas y se podrá seguir a través de You Tube.
Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, intervendrá con la ponencia 'Por qué las plataformas y el trabajo de divulgación/incidencia en comportamiento fiscal responsable: administraciones como estímulo y garantes del cierre de fugas fiscales'. En su intervención expondrá que, cinco años después de la publicación de los papeles de Panamá, el rey emérito Juan Carlos I es investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos de blanqueo y fraude fiscal. Cruzado comentará que, al tiempo que el exjefe del Estado presenta dos regularizaciones fiscales por rentas y donaciones no declaradas durante varios ejercicios, un famoso y millonario youtuber anuncia su traslado a Andorra para pagar menos impuestos, alegando eufemísticamente que “debe haber una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano”.
Cruzado explicará que todo esto se produce en un contexto temporal en el que la pandemia provoca la mayor subida del gasto público en la historia de nuestra democracia, como consecuencia de las medidas adoptadas para sostener las rentas y reforzar los servicios básicos. Ante tal panorama y los mensajes negativos contra los impuestos que desde determinados sectores se plantean, el ponente indicará que cobra especial relevancia el papel de la sociedad civil organizada en las distintas plataformas por la justicia fiscal, ya que resulta imprescindible concienciar e incidir en la necesidad de adoptar comportamientos fiscalmente responsables y construir un sistema fiscal suficiente y justo inspirado en los principios de generalidad, igualdad y progresividad.
Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, abordará 'Un caso de éxito: impuesto temporal a las grandes fortunas en Argentina'. Ruiz se basará principalmete en dos informes: 'Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás' y '¿Quién paga la cuenta?'. A continuación tendrá lugar un coloquio abierto y para finalizar, la lectura de manifiesto.
Según el documento base de la jornada, España “tiene una presión fiscal significativamente menor que la de los países de la eurozona con los que deberíamos igualarnos”. “En el modelo vigente de financiación de las comunidades autónomas, la insuficiencia en los ingresos públicos del conjunto del Estado condiciona los que puedan ser transferidos a las mismas. Este hecho es particularmente gravoso en el caso de nuestra comunidad andaluza, que sufre un atraso histórico en los niveles de desarrollo y servicios públicos y que cuenta, además, con una de las más bajas tasas de financiación per cápita”, señala el manifiesto.
“Es obvio que no sólo debe recaudarse más sino que también es necesario aumentar la eficacia del gasto público, mejorando la capacidad de la administración a la que hay que dotar de recursos adecuados, así como luchar contra toda clase de corrupción o malversación del dinero público. Si la suficiencia de ingresos es un elemento imprescindible para el mantenimiento de un adecuado estado de bienestar, la forma en que se recauden los impuestos, es otra de las claves para corregir las desigualdades”.
Según el documento, la fiscalidad ha de ser progresiva “de forma que garantice que cuanto mayor sea la capacidad económica mayor debe ser la contribución. Para ello, debe reforzarse la progresividad del sistema, dando mayor peso a la imposición directa y gravando de forma suficiente las rentas de sociedades, capital y el patrimonio. Este diseño progresivo debe ser, además, efectivo, es decir, la progresividad no debe ser teórica sino ha de trasladarse a la realidad tributaria, a través de una lucha decidida contra la evasión y elusión fiscal, dotándose a la administración tributaria de medios suficientes y de una organización eficiente”.
El manifiesto alude evidentemente al momento actual de crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 y que, unido a que “no se cumplen adecuadamente los principios constitucionales de progresividad e igualdad”, está suponiendo “un gran aumento de las desigualdades sociales”. “La respuesta a la crisis de ingresos ha sido, por un lado, reducir drásticamente el gasto público, lo que ha afectado de forma muy singular a las políticas sociales (recortes en sanidad pública que ahora se ven tan trascendentes, en educación pública, becas, I+D, pérdida de poder adquisitivo en las pensiones, etc.) y, por otro lado, dictar medidas fiscales de carácter regresivo: aumentar la incidencia de la imposición indirecta, el recorte en tramos del IRPF o la bajada del tipo nominal del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas”.
Según los organizadores, España figura como el sexto país de la UE que más grava las rentas del trabajo, mientras que la tasa sobre el capital está por debajo de la media europea. A esas medidas “se unió la reforma laboral, que tuvo como efecto una devaluación salarial que impactó directa y negativamente en la recaudación del IRPF y las cotizaciones sociales”. A todo ello suman que “ya el sistema fiscal español contaba con grandes agujeros en la progresividad, al haber desaparecido prácticamente el impuesto sobre el patrimonio, la carrera a la baja en la imposición sobre sucesiones y donaciones en las comunidades”, a la que se ha sumado el actual Gobierno andaluz, así como “la proliferación de beneficios fiscales discrecionales donde es difícil discernir el valor económico o social que aportan, o los altos niveles de elusión y evasión fiscal, no correspondido con un esfuerzo institucional suficiente para combatirlos”.
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