A mar revuelto, pierden los pescadores. El próximo 17 de julio vencerá el último convenio previsto con Marruecos sobre los caladeros que, desde la perspectiva de la legalidad internacional, no pertenecen a dicho Reino sino que siguen siendo objeto de contencioso, el del Sáhara occidental. En rigor, lo que se encontraría en peligro es la pesquera al sur de Cabo Nun, entre Sidi Ifni y Tarfaya, los antiguos caladeros saharauis.
La Comisión Europea niega que haya negociaciones para renovar el acuerdo pesquero, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que se prevé que se pronuncie al respecto a finales de este año. En último extremo, se podría plantear un acuerdo al norte del Cabo Nun, pero no parece previsible que Marruecos lo acepte: “Es posible, pero es muy difícil de valorar. Hasta que no se produzca la sentencia y veamos la reacción de Marruecos, de reacciones muy temperamentales e intensas, depende de cómo les afecte el tema, pueden ofrecer posibilidades”.
El malagueño Juan Manuel Trujillo es secretario de Pesca del sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) y en noviembre de 2021, por cuarta vez consecutiva, fue reelegido presidente de la Sección de Pesca de los Sindicatos de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, la influyente EFT. Todavía le quedan, al menos, tres años en el cargo. A su juicio, si no se renueva el acuerdo, dicha situación tendrá “un impacto negativo”, en el sector.
La falta de consenso respecto a esta cuestión choca con el espíritu del sector pesquero, tanto en Marruecos como en la Unión Europea: “La gente del sector a ambos lados del Estrecho tiene voluntad de seguir trabajando, cooperando y que haya una relación comercial en torno a la actividad del sector pesquero y ampliarse a la industria y al ocio o a la extractiva”, añade.
“El fin del acuerdo viene sobrevenido por otras circunstancias, no por la conciencia de que no sea beneficioso para ambas partes. No se puede solventar una decisión política hasta que esté resuelto el contencioso que hay en el Tribunal Europeo. La posición de Marruecos es de Estado, integral. Las aguas y el territorio saharaui son de su soberanía, esa es su tesis. Todo esto sigue en cuestión en el Tribunal de Europa y hasta que no se produzca el fallo no podemos ver la capacidad de maniobra que tenemos. Hasta que no haya sentencia firme es imposible que Europa puede seguir con el acuerdo. Si no se renueva supondrá una pérdida para el sector andaluz, español, europeo; una pérdida de derechos de pesca. Se estaba consolidando un histórico en cuanto a capturas, que si no hay renovación se perderá”.
A su juicio, quedaría un estrecho margen para algún tipo de soluciones si fracasa esta vieja vía diplomática: “Hay acuerdos dentro de la UE de vecindad, que España practica mucho con Portugal y desde la crisis de la anchoa, practicamos con Francia. Con Marruecos sería posible, ya que es un país aliado muy importante no solo para la UE sino también para los EEUU y puede forzar a soluciones más allá de las que se hayan podido dar hasta ahora. Va a depender de cómo reciban la sentencia. No hay fecha prevista para la sentencia, pero se espera que se produzca en el último trimestre de este año”.
La posición de la UE sobre el Sáhara Occidental sigue siendo la misma, aunque España y otros países como Alemania hayan matizado la propia. Desde Bruselas, se entiende que el acuerdo de pesca se celebra sin perjuicio de las respectivas posiciones de las partes sobre el Estatuto del territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, este litigio de soberanía ha venido tensionando la pesca desde finales de los años 70 del pasado siglo.
Tras varios decenios de convenios suscritos a menudo bajo la presión de intensas huelgas del sector, en septiembre de 2021, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ordenó la supresión de dos acuerdos con el reino de Marruecos, relativos a las relaciones comerciales agrícolas y pesqueras respectivamente, que interesan al Sáhara Occidental, la antigua provincia española que tuvo incluso procuradores en las Cortes del franquismo.
El dictamen se refiere a los convenios firmados en 2019, bajo la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, del acuerdo de colaboración sobre pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con unas contrapartidas económicas de 153,6 millones de euros a lo largo de cuatro años. Sin embargo, en aquel entonces llovía sobre mojado, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que depende el Tribunal General, ya había prescrito en diciembre de 2016 que los acuerdos UE-Marruecos no se extendieran al territorio del Sáhara Occidental. Pero siguió siendo así, a pesar de dicho dictamen, ya que, en julio de 2018, la Comisión Europea volvió a incorporar el litoral del Sáhara ocupado por Marruecos desde 1975 a un acuerdo bilateral con Marruecos. Ese es el que vence ahora y que el Tribunal General desautorizó hace ahora dos años. Sin embargo, para preservar la seguridad jurídica de los mismos, también impuso un tiempo muerto hasta la extinción del mismo. Y ese plazo vence ahora, cuatro años después de su firma. El Tribunal de Justicia tiene ahora la última palabra, tras los recursos planteados a dicha resolución. Sólo que su fallo no tendrá lugar, previsiblemente, hasta finales de este ejercicio.
La sentencia de dicho Tribunal sostiene que para mantener en vigor ambos compromisos sería preciso el concurso de los representantes saharauis, ya que “en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como, por lo que respecta al segundo de esos acuerdos, a las aguas adyacentes a este, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento”.
La justicia daba así la razón al Frente Polisario, que ha defendido desde la ratificación de los acuerdos que la UE no tiene potestad para firmar unos textos que afectan a la soberanía de un tercer país, con un contencioso de soberanía en el aire y pendiente de un referéndum de autodeterminación que debería haberse llevado a cabo hace treinta años.
A Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil y de La Atunara, en La Línea, y secretario de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, no sólo le inquieta este asunto sino el largo proceso de adelgazamiento de la flota del sur: “Me siento demasiado preocupado por el alga invasora y el cambio climático, que es una realidad por mucho que algunos sigan negándolo. Se nota en el movimiento de las especies. Tenemos en la costa corvinas canarias, imagínate. Sólo tenemos atún y por eso reivindicamos que los aumentos que se den en la cuota, una parte vaya para la flota artesanal de España”.
Cuarenta años atrás, los pesqueros se arracimaban en los muelles andaluces, desde Huelva hasta Almería y, muy especialmente, en la flota del Estrecho y en la del Golfo de Cádiz. Cada acuerdo con Marruecos era un pulso por el número de capturas, toneladas y tripulaciones, con cupos reservados para los marroquíes, que fueron incrementándose a medida que a los marineros andaluces ya no les traía cuenta embarcarse.
“En materia de la ficha técnica referida al cerco, tradicionalmente fuimos a pescar a Marruecosporque siempre hubo allí buenas pesquerías –afirma Fernández--. Las cosas cambiaron hace tiempo, quizá por el calentamiento global. Nunca fue problema embarcar a marroquíes, nunca lo fue. Hubo poco relevo generacional y la presencia marroquí era un plus; si había que llevar a dos marineros, lo mismo daba que fuesen cuatro. Luego vino la exigencia de descargar las capturas en Marruecos. Ese fue otro problema para el cerco, ya que no se daban las circunstancias adecuadas para los pequeños demersales; había pocas garantías, no estaban preparados los puertos y, luego, hubo un problema de seguridad. Se te podían colar polizones a bordo y tú no verlos”.
En el acuerdo con Marruecos, hay dos fichas técnicas: la número 1, relativa al cerco; y la número 2, se otorga al palangre. Ahora, el acuerdo en vías de extinción interesa en Andalucía a un reducido número de embarcaciones de Cádiz, Algeciras, Tarifa, Barbate y Conil, apenas 47 embarcaciones.
El acuerdo hasta ahora da 128 licencias en seis categorías. En Europa, hacen uso de ellas 11 estados miembros. La mayoría son españoles, pero también cuentan con autorización Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Holanda, Irlanda y Polonia. En el 2018, estaba todavía dentro de la Unión el Reino Unido y se contaba entonces como parte del lote: “Ya no está y aunque no esté, hasta el 17 de julio, podrá renovar la licencia de forma unilateral con Marruecos”.
De entre los 92 españoles, hay 22 cerqueros y 25 palangreros de fondo, 10 más localizados en el sur, la zona de litigio con el Sáhara, así como otros 12 que pescan demersales más 23 cañeros atuneros: “A Marruecos –advierte Trujillo-- le teníamos que pagar por los derechos de pesca 52 millones de euros. De esos 52 se dividían por parte los pagos, 12 millones a los armadores y el resto a la Unión Europea y el primer año pagamos 37 millones, el segundo 38,8 millones y 42,4 millones el tercero y cuarto. Le pagamos por no usar las licencias”.
“La flota andaluza sufre un proceso de adelgazamiento brutal, por las dificultades técnicas, la UE tiene una prioridad que son los peces no las personas, no ponen EN el centro del debate a los pescadores sino la sostenibilidad de los recursos. Es un poco hipócrita porque mientras adelgazan la flota y disminuyen empresas y empleos, la demanda crece y en un 70 por ciento provienen de importaciones a las que no se le aplica los mismos criterios que a los productores europeos”.
Desde Comisiones Obreras se viene planteando que, de no existir renovación del acuerdo, esa dotación financiera, en vez de quedarse sin asignación alguna, repercuta en otra partida dentro de la Política Pesquera Común y del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y pase a compensar el lucro cesante por la suspensión del acuerdo. Esto es, según Trujillo, “que vaya dirigido a empresas y a trabajadores y se pueda hacer una política de reordenación y regeneración de los caladeros del golfo de Cádiz y la costa occidental y de las provincias orientales que también tienen intereses en estos caladeros, para que con una política de paros organizados, subvencionados, las empresas puedan tener unos ingresos que les permitan subsistir y los trabajadores no perder el empleo”.
A su juicio, esa diversificación presupuestaria debiera enfocarse a “aumentar la biomasa de peces con paradas biológicas y que tengan cobertura para el mantenimiento de las empresas y prestaciones con paradas para los pescadores, unas políticas que nos permita que el caladero se regenere y nos permita seguir trabajando en nuestras aguas y no depender del caladero marroquí”.
El fin del acuerdo con Marruecos afectará a unos 500 trabajadores de la flota andaluza: “La mayoría de ellos siguen siendo andaluces –asevera Trujillo--, pero tenemos el problema del futuro porque hay unos pescadores muy envejecidos. El problema del envejecimiento arroja una media de edad entre 40 y 55 años, la mayoría en la segunda de esas franjas, y eso dificulta la continuidad de la pesquería, al no existir relevo generacional”.
Un cerquero lleva a bordo de 12 a 18 tripulantes y los palangreros, entre 8 a 10. Las condiciones económicas actuales tampoco entusiasman a futuros candidatos, ya que siguen yendo a la parte, esto es, gastos e ingresos repartidos entre el armador y los tripulantes, una fórmula que funcionaba en la época de vacas gordas, pero no en las de crisis: “Antes era atractivo porque se ganaba bastante dinero –sostiene Trujillo--. Entonces, los factores exógenos no influían tanto, como el precio del combustible, por ejemplo. También, en otro tiempo, existía la posibilidad de una venta en lonja que no tenía competencia con respecto a importaciones de terceros países. Ahora, la globalización ha llegado a los canales de comercialización, con abundancia de productos de terceros países a los que no se les exige tanto como a los pescadores andaluces o europeos”.
El palangre suele capturar pez sable, voraz, gallineta o cherna, pero ya nada es lo mismo: “En el 2015, habíamos contabilizado la friolera de descargas en los puertos de Tarifa, Barbate y Conil, de 800 toneladas de pez sable, pero en 2019, apenas descargamos 600 y pico de kilos. El pez sable hasta el día de hoy hizo mutis por el foro. Y no lo ves por ningún lado. En 2015, tuvimos en torno a 200 toneladas de voraz, que en dos años pasaron a apenas 9 toneladas. Podríamos decir muchísimas cosas, porque entre otros temas también huelga decir que Marruecos tenía una talla mínima de 14 cm que hasta este año no ha subido a 30. Esto tiene relaciones directas con algunas otras cuestiones. Porque es verdad que en el 2015 teníamos 70,5 toneladas de atún rojo, y en 2021, 366 toneladas”.
Tampoco ha mejorado la situación histórica la aparición reciente del alga invasora, la Rugulopteryx okamurae, que, precisamente desde 2015, extiende su imperio desde La Línea a Conil.
“Hemos pasado de tener ese año 70 barcos a tener 45 ahora, en Conil tan sólo –recuenta Fernández--. Esto es una sangría y no se está teniendo en consideración el cambio climático, el alga invasora y falta de rentabilidad, por el precio del combustible y la escasez de las capturas. Hay mucha presencia de atún que no puedes pescar. Se ha reducido drásticamente la flota en Tarifa, en Conil, y ha desaparecido en Algeciras”.
También ha desaparecido buena parte de las antiguas cofradías, que fueron cerrando en puertos legendarios como los de Algeciras, Cádiz o El Puerto de Santa María. Las licencias con Marruecos, en gran parte, no se han utilizado: “¿Por qué teníamos en la flota de aquí licencia de pesca? Por seguridad jurídica. Cuando no se tienen licencias y hay pesquería, ya se encargan las autoridades de que haya conflicto. Entre el sector pesquero, no hay problema: si nuestra flota se mete más hacia Marruecos o si la marroquí se mete en España, no suele haber problema; el problema lo generan los intereses políticos en un momento dado. Si ahora no tenemos acuerdo de pesca de Marruecos, no es bueno, pero llevábamos muchos tiempo sin utilizar las licencias de pesca. Conil tenía 8 y llevamos un año sin usarlas y antes sólo se usaba una sola. No hay nada allí. El combustible es caro pero se puede compensar con pesquería. El problema es que no haya pesca, el combustible por las nubes y un fracaso cuando tienes que desembarcar en Marruecos, en el caso del cerco. En el del palangre no, porque no podemos pescar el atún”.
“Conil usa palangre y por ello obtuvo 8 licencias; a Barbate, 2 o 3; en Tarifa, a veces no tenía ninguna, a veces tuvo 1 y a veces 2, otras 4. 5, para Algeciras, pero la flota de Algeciras está desmantelada”.
Hay dos fichas técnicas, la primera para los cerqueros, que se afanan en la captura de sardinas, jureles o boquerones, entre otras especies. Para la misma, se reservan 22 licencias pero apenas se utilizan un tercio: “Ese uso lo mide la rentabilidad en cuanto hay que hacer desplazamientos, problemas con el combustible, la pandemia de Covid, la guerra de Rusia en Ucrania… También otros temas técnicos que han hecho más difícil que los barcos se acogiesen a las licencias ya que estaban compaginando la actividad en el golfo de Cádiz”, explica Trujillo. Los 40 buques que cuentan con la segunda ficha técnica, la del palangre, tampoco están haciendo uso de ellas “porque no hay pesca para el pez sable, el voraz, el safío, que eran las especies que pescaban”, confirma Juan Manuel Trujillo.
Fernández conviene que lo que afecta al acuerdo de pesca “es lo que tiene que ver con el Sáhara”. Pero el telón de fondo es mucho más complejo: “Hay una transformación en el ecosistema. O empezamos a abordarlo o nos estamos equivocando”.
Y, para colmo, bromea Nicolás Fernández, ya no corren aquellos tiempos como “cuando Felipe González fue al lecho de muerte de Hassan II para que le firmase el acuerdo pesquero”.
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