Las universidades públicas de Andalucía han afeado este martes a la Junta que la última versión del borrador que les presentó para tener un modelo de financiación común “no se corresponde realmente con un modelo de financiación tal como recoge la Ley Andaluza de Universidades (LAU), pues no responde definitivamente a todos los principios básicos antes referidos”, y piden acompañar este borrador de “un horizonte financiero plurianual”.
En un comunicado firmado por los rectores de las diez universidades, una por capital de provincia, más la Pablo de Olavide (UPO) y la Internacional de Andalucía (UNIA), califican esta última versión, entregada “hace solo unos días”, de “un modelo de reparto que solo podría considerarse completo cuando viniese acompañado de un horizonte financiero plurianual”.
A su juicio, esto permitiría, por un lado, una planificación de la actividad de las universidades en sus diferentes ámbitos de actuación, y por otro, una senda de crecimiento a partir de la cual pueda garantizarse una cobertura suficiente de las necesidades presentes y futuras de las Universidades.
“Solo la definición de esta senda podría ayudar a aliviar la gran preocupación existente en las universidades sobre la suficiencia financiera del sistema universitario”, agregan. Para alcanzar esta, consideran imprescindible que los gastos de los capítulos 1 y 2 ejecutados en el año precedente queden garantizados al cien por cien para el siguiente.
Aún siendo conscientes de que las decisiones presupuestarias son en último término aprobadas por el Parlamento de Andalucía, estiman necesario “que se establezcan cuanto antes estas garantías y que se diseñe un horizonte estratégico completo”, informando a las universidades sobre la totalidad de los programas de apoyo a las mismas (planes plurianuales de inversión, ayudas de investigación, becas para la internacionalización, etcétera).
“Solo así se podrá conformar un proyecto coherente y encaminado a la consecución de objetivos sociales compartidos”, subrayan.
Por otro lado, señalan que el documento inicial presentado por la Junta se corresponde con la primera de las dos fases en las que la administración pública ha dividido el procedimiento para la aprobación del modelo. Esta primera fase “responde a criterios generales, y por lo tanto incompletos, siendo necesario que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ”atienda a las inquietudes y propuestas de las Universidades para definir y concretar todos los elementos que lo componen“, como fórmulas, parámetros e indicadores que las conforman y coeficientes de ponderación.
En esta segunda fase, que “resultará decisiva”, piden contemplar aquellas peticiones de las universidades que aún no se han tenido en cuenta, sobre todo en materia de investigación, productividad del personal, y calidad de la docencia.
“Este trabajo se debe realizar con el soporte técnico adecuado y sobre la base de simulaciones con números reales que permitan valorar adecuadamente las consecuencias financieras del nuevo modelo en cada una de las universidades”, ahondan.
Las universidades públicas afirman que seguirán trabajando, “como siempre, con lealtad institucional y con espíritu de servicio”, para que se pueda alcanzar una propuesta final “que realmente permita dar respuesta a las consideraciones antes expresadas”.
Según ellas, la LAU recoge que para saber los recursos para acometer su función se elaborará un modelo de financiación común, revisable cada cinco años, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Juntade Andalucía.
Los rectores lamentan que durante los últimos años han insistido “reiteradamente” a los distintos gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía sobre la necesidad de disponer de un modelo de financiación, no sólo porque lo dice la LAU, sino porque “es un instrumento imprescindible para dotar a las universidades públicas de una certidumbre financiera de la que ahora carecen y para impulsar el desarrollo de los Planes Estratégicos de éstas con un horizonte plurianual”.
Por todo esto, las universidades públicas andaluzas afirman ser “las más interesadas en que este tema se priorice”.