El porcentaje de los solicitantes que obtienen la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) acumula tres años consecutivos de reducciones. La memoria correspondiente a 2022, recién publicada, confirma esta tendencia. El pasado año se resolvieron 45.168 expedientes, de los cuales se han concedido 17.320 (38,35%). En 2021, fueron positivos el 45,38% (25.352) y en 2020, el 64,64% (35.711), según datos de la propia Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Lo cierto es que percibir la RMISA cada vez se topa con más complicaciones. Hay solicitantes que han mostrado a elDiario.es Andalucía denegaciones y la invitación a pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es el caso de una Ana (nombre ficticio), dos veces separada. Vive de alquiler en Dos Hermanas con sus tres hijos. Percibe los poco más de 460 euros al mes del subsidio tras haber agotado el paro, y 200 de manutención de los padres de sus hijos, y no siempre regularmente. Por tanto, está en el límite del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples), pero le han negado dos veces la RMISA. “Si no fuera por mi familia, no llego”, confiesa. De hecho, Ana asegura que no sabe qué hacer porque “me están mareando: que si superas ingresos, que si tengo que presentar un recurso... Hasta me han recomendado que pida el ingreso del Estado”.
Solo el año pasado, el Defensor del Pueblo atendió 67 quejas relacionadas con la RMISA. Y 19, en el Defensor del Pueblo Andaluz, según fuentes de la institución.
Hoy, unas 6.500 familias perciben la RMISA, según datos del Gobierno del PP, que saca pecho de su gestión diciendo que “cubre lo que no atiende el IMV”. Es más, fuentes de la Consejería apuntan que “las constantes revisiones del IMV y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión derivan en pagos indebidos” que luego tienen que reclamar ellos.
Sin embargo, el que hizo incompatible las prestaciones fue el propio Gobierno de la Junta de Andalucía. En un decreto convalidado por el Parlamento de Andalucía con la diputación permanente en enero -mes no hábil- y con los únicos votos a favor del PP. El PSOE y Vox se abstuvieron y Por Andalucía votó en contra. En cambio, el decreto ley que regula el IMV permite que se puedan solapar. Establece que, del cómputo de ingresos por el que se calcula quién tiene derecho a cobrar el IMV, “quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas”. Por tanto, el IMV se configura “como una prestación suelo que se hace compatible” con otras prestaciones.
Cierto es también que este julio entra en vigor el complemento sobre el IMV, incluido en el mencionado decreto de la Junta de Andalucía; aunque, eso sí, con unos requisitos muy exigentes. Por ejemplo, “que la unidad familiar sea beneficiaria de IMV o Ayuda para la infancia en el ejercicio corriente, y que la cuantía concedida sea igual o inferior al importe mensual de 100 euros”.
Hoy día, un tercio de los perceptores del IMV residen en Andalucía, más de 560.000 personas, casi un 6% de la población y más del doble de perceptores que en la segunda comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana. En proporción de beneficiarios, según su población, solo están por delante Melilla (13%) y Ceuta (11,3%).
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sostiene que el porcentaje de cobertura con rentas mínimas de las personas en riesgo de pobreza en el territorio no llega a un 3%. De hecho, la rebaja presupuestaria en este capítulo entre 2021 y 2022 ha sido de más del 30% en Andalucía, tal y como recoge un estudio de esta entidad. Detalla que fueron de 135,7 millones de euros en 2020 y 90,8 en 2021, con datos que obtiene del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero si se mira lo destinado en los presupuestos de 2022 por la Junta de Andalucía, sigue bajando más todavía, con menos de 80 millones de euros el pasado año, la menor cuantía desde que gobierna el PP.
“Muchas comunidades autónomas -explican desde la asociación- han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social” porque ahora existe el IMV.
“Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente. Pero no es lo mismo pobreza que exclusión social. Pobreza es solo carencia material. La exclusión social se debe, en palabras del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, a la acumulación de vulnerabilidades y la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación, viéndose seriamente limitado el ejercicio de sus derechos”, prosiguen.
En esta línea, los expertos matizan que la finalidad de las rentas mínimas “es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional”. Por eso, exigen a las comunidades autónomas que, “como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ahorro que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por situaciones de pobreza prolongadas”.
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