“Sabemos que la justicia es lenta pero creemos en ella y a los jueces encomendamos nuestro futuro”. Con estas palabras el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, David Capelo, advirtió en septiembre de 2022 que el sector al que representa continuaría luchando para “tumbar” el nuevo decreto que regula los vehículos de transporte con conductor (VTC), recientemente aprobado por el Gobierno de Moreno. Unos meses después, con la ayuda de 55 diputados del Congreso, las organizaciones del taxi de Andalucía han logrado llevar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Decreto-Ley 8/2022 por el que se habilitaba a los VTC a seguir operando en los núcleos urbanos de la región.
Así lo han dado a conocer en rueda de prensa representantes del sector que han reiterado sentirse “traicionados” por el Ejecutivo andaluz, después de dar luz verde al que han bautizado como “decretazo Uber”. “Los andaluces defendemos - no solo como sector del taxi, sino como ciudadanos - un atropello político por parte de la Junta, que quiere sacar adelante un decretazo chapucero, sin efectos, en beneficio de multinacionales y amiguetes”, ha comenzado Rafael Baena, presidente de la Federación Andaluza de Élite Taxi, arropado por su homólogo de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano, y por el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Rafael Mayoral.
Además de agradecer a los diputados de dicho grupo parlamentario, así como a los del grupo Mixto, Republicano, Bildu y el grupo Plural, y a la Asociación Taxi Projet, por haber presentado el recurso de inconstitucionalidad, Baena ha señalado que la normativa en cuestión “nace sin memoria económica, sin reglamento y sin régimen sancionador adecuado”, poniendo “en peligro el futuro de 10.000 familias andaluzas” que dependen del sector. Al hilo, ha vuelto a advertir que la regulación que puso en pie de guerra al taxi andaluz solo favorece a “grandes fortunas”, en referencia a las empresas de VTC, que “no tributan en España”, como ha apostillado en similar sentido el también portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Transportes.
A tenor de lo manifestado, los taxistas han dicho sentirse “traicionados” por el Gobierno andaluz, al que recriminan que “abuse de una mayoría del poder que le dio el pueblo”. Por ese motivo, ha dicho Baena, se han “visto obligados a presentar un recurso para defender el interés general de 8,5 millones de andaluces”. En esta misma línea, desde la FAAT Ruano ha reprochado que el departamento de Marifrán Carazo confeccionara la norma “de manera exprés después de cuatro años”, apurando el plazo que concedió el Ministerio de Transportes a los gobiernos autonómicos a fin de regular la actividad de los vehículos con chofer en su propio territorio, para terminar “liberalizando” la actividad de empresas como Uber o Cabify en Andalucía.
Al respecto, el recurso al que ha tenido acceso este periódico recoge que la Junta “ha optado por regular las VTC de carácter urbano por el procedimiento de urgencia, así como por centralizar el régimen jurídico y buena parte de la ejecución, especialmente la autorización, en el nivel autonómico, sin que las entidades locales hayan participado en la elaboración del texto legal y sin que vayan a hacerlo de modo relevante en su puesta en marcha”. De ahí que se esgrima, entre otros motivos de inconstitucionalidad, la “vulneración de la autonomía municipal [...] por haber sido aprobado sin que los ayuntamientos hayan podido intervenir directa o indirectamente en su elaboración”.
Por tanto, los diputados recurrentes entienden que se ha producido “una intolerable invasión y vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local”, que supone, además, “una grave degradación de los servicios públicos locales de transporte urbano de viajeros, con afectación al interés general local y a sus ciudadanos” al permitir que “los beneficiarios de la moratoria estatal de cuatro años puedan seguir prestando servicios en Andalucía sin el control previo del cumplimiento de las condiciones del servicio, que es lo que exige la legislación estatal”, según recoge el texto interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
En este sentido, Rafael Mayoral, uno de los diputados recurrentes que figuran en el recurso, ha declarado que la normativa que contaba desde sus inicios con el rechazo frontal del taxi andaluz manifiesto en sucesivas manifestaciones supone “un atentado contra la autonomía municipal” en el que “se pisotean los derechos fundamentales de los ciudadanos para proteger intereses de las transnacionales con estrategias monopolísticas que no tributan en España”, ha reprochado.
A continuación, se ha dirigido al Gobierno de Moreno para recordar que “nos van a tener en frente” en alusión a que van a “seguir defendiendo el servicio público, los derechos de los usuarios y la autonomía municipal”. De esta forma, en el documento presentado, los diputados dicen ser “conscientes de la grave situación creada por la aprobación de esta norma”, además de “la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a preservar la autonomía local, y las competencias exclusivas del Estado en materia de transporte interurbano discrecional de los vehículos de arrendamiento con conductor, y seguridad de los ciudadanos”.
Por todo ello, sostienen que aceptar “la extralimitación” de competencias realizada por la Junta de Andalucía supondría “una afectación al sistema de organización y distribución de competencias de la administración pública”, así como “una inaceptable degradación democrática” que los 55 diputados “no están dispuestos a tolerar”.
Para terminar, Ruano ha avanzado que este primer recurso, interpuesto en diciembre dentro del plazo estipulado, como subraya en conversación con este periódico, “no será el último”. De modo que se van a seguir presentando reclamaciones judiciales ante una normativa que constituye “un atentado a la permanencia del sector del taxi” en la comunidad, con la esperanza de que el taxi continúe siendo un servicio “de interés general y regulado para todos”.
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