CGT, el sindicato mayoritario y convocante (junto con SIBFI y SAT) de la huelga del 1 de junio de los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAYA) y del Infoca, ha denunciado a la Junta de Andalucía por “coartar” sus derechos fundamentales a la hora de convocar el parón. La Consejería de Agricultura ha establecido unos servicios mínimos del 80% de la plantilla, un porcentaje que para CGT resulta “abusivo” porque limita el efecto de su movilización, motivo por el que los impugnan. Desde Agricultura argumentan que los servicios mínimos hacen uso de mucho personal porque la huelga se desarrolla en el periodo de alto riesgo de incendios que se prolonga hasta octubre.
En el recurso, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, CGT sostiene que los servicios mínimos tienen un carácter “abusivo” y “desproporcionado” porque son “excesivos” y carecen de “objetividad”. “El derecho de huelga no puede ser vaciado de contenido en virtud de mantenimiento de los servicios esenciales, por lo que las restricciones que puedan imponerse al ejercicio del derecho deben determinarse en atención a las circunstancias concretas de cada huelga y teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad de menor restricción posible al ejercicio de ese derecho”.
Para el sindicato mayoritario, la actitud de la Consejería de Agricultura al poner en servicio a 8 de cada 10 trabajadores sobrepasa “el equilibrio que debe existir entre la huelga y el ejercicio de otros derechos fundamentales (derecho a la vida y a la salud). La actuación de la autoridad gubernativa deja vacío de contenido el derecho de huelga al fijar casi a la totalidad de la plantilla para cubrir los servicios mínimos”.
Como la plantilla total de la AMAYA es de 5.500 trabajadores, de los que 3.000 pertenecen al Infoca, prácticamente ningún bombero forestal puede acogerse a la huelga. Un episodio que surge directamente del conflicto que existe entre los trabajadores de AMAYA e Infoca y la propia Consejería de Agricultura. Si bien los problemas laborales existen desde hace varios años, lo cierto es que durante el actual mandato de la consejera Carmen Crespo, los sindicatos afirman sentirse “ninguneados” porque desde la Junta no hay voluntad de negociación y sí de “imposición”.
La estabilización de la plantilla, el complemento por antigüedad, las jubilaciones de los trabajadores que están en segunda actividad y la falta de un convenio actualizado hacen que el ambiente en AMAYA y en Infoca no sea el más propicio. Sobre todo en cuanto a la falta de efectivos para luchar contra el fuego. Desde los sindicatos insisten en la necesidad de que se contrate al personal para todo el año y no solo para el periodo de alto riesgo de incendios, ya que estas catástrofes deben prevenirse.
Además, desde el 1 de enero de 2021, el convenio colectivo en el que se basa el servicio de Medio Ambiente no está en vigor y pese a que se están manteniendo reuniones desde hace seis meses, este documento sigue bloqueado, a la espera de que la situación se destense entre las partes. En todo caso, la huelga fijada para el 1 de junio tiene como objetivo presionar para lograr acuerdos en estas materias y de paso recordar la importancia del trabajo que se desarrollan. Algo que se pone en entredicho si los servicios mínimos establecidos implica el trabajo de un 80% del personal.
Los argumentos que ha puesto encima de la mesa la Consejería de Agricultura para justificar este volumen de trabajadores, que minimiza el efecto del parón, son tres. En primer lugar que la AMAYA y el Infoca prestan “varios servicios considerados esenciales para la comunidad” como “el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales”. Por otro lado, el “carácter temporal” y “la falta de un servicio alternativo al prestado por la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua” son las otras cuestiones que esgrime Agricultura como justificación.
En todo caso, fuentes de la mesa sectorial censuran que este tipo de maniobras son habituales por parte de la Junta de Andalucía cuando se trata de una huelga que afecta a un servicio tan esencial. Por eso, los otros sindicatos con representación dicen pensárselo “mucho” a la hora de convocar parones dada la respuesta habitual por parte de Agricultura. Por si fuera poco, desde CGT afirman que Medio Ambiente “ha programado cursos y acreditaciones obligatorias para el personal que cubre el dispositivo de extinción durante la campaña de alto riesgo, pretendiendo condicionar y dificultar así la participación en la huelga”.
“Hagan lo que hagan, vamos a demostrar que estamos ya cansados de que en verano nos califiquen como héroes, algunos por desgracia a tiempo parcial, y que luego nos traten como trabajadores de segunda, sin derecho a las misma retribución que el resto del personal público en Andalucía y con una grave situación de precariedad y estacionalidad laboral que no hay voluntad alguna de solucionar”, dice Javier Sánchez, secretario general de CGT en AMAYA. Mientras, fuentes de Agricultura son tajantes e insisten en el mismo argumentario para rebajar el tono de las protestas: “Es imposible hacer más que lo que estamos haciendo nosotros desde hace tres años”.
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