Antonio Sánchez Morodo, en nombre de la Plataforma de Trabajadores Transfronterizos, escribió, con fecha 15 de mayo de 2021, una carta a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, que ha dado a conocer ahora. En esa carta reclamaba la posibilidad de crear un sindicato propio o una sección sindical de CCOO que agrupase al colectivo de los empleados en Gibraltar que no sean residentes en el Peñón. Hasta ahora, no han obtenido respuesta.
El escritor recuerda que en fechas anteriores ya se habían dirigido por escrito al presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, Antonio Gutiérrez Limones, que visitó la comarca del Campo de Gibraltar, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, cuando ostentaba dicha responsabilidad del Gobierno para la negociación de un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.
En aquel momento, todavía se esperaba que tan alto acuerdo, que ahora ha vuelto a aplazarse hasta los primeros meses de 2022, hubiera estado firmado el 30 de junio. Un objetivo prioritario del mismo, entonces y ahora, es el de proteger a los trabajadores transfronterizos. Desde el punto de vista de la plataforma, “el nuevo sistema que se ponga en marcha deberá garantizar al menos la igualdad de trato respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Y se preveía una coordinación en materia de Seguridad Social, además de la concesión a los trabajadores de un documento físico que los acredite como transfronterizos”.
“En cuanto a la concesión de los permisos laborales, se planteaba que el tratado recogiera una definición del trabajador transfronterizo lo más amplia posible y su acceso preferente al mercado de trabajo. Asimismo, que la solicitud del permiso pudiera hacerla el empleador o el empleado, y también la inexistencia de limitaciones por ocupación”.
El escrito dirigido a Yolanda Díaz por “trabajadores españoles de Gibraltar, miembros de una plataforma transfronteriza y delegados sindicales en el sindicato gibraltareño Trade Unions”, asumía que carecían de más conocimiento de las negociaciones “que lo poco que se publica en los medios”. Aún así, ponían en conocimiento de la ministra “una serie de anomalías laborales que debería conocer como responsable en el Gobierno de las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores”.
“Los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, según datos del Gobierno gibraltareño, constituimos cerca del 48% de la Población Activa de Gibraltar. El número de trabajadores transfronterizos ronda los 15.000, de los cuales casi diez mil somos españoles. Y vemos con mucha preocupación cómo se mantienen vigentes leyes en Gibraltar, cuya derogación parecía inminente por ser discriminatorias y contrarias a la legislación vigente en el Reino Unido y la Unión Europea”, informaba el escrito.
A renglón seguido, desglosaba la situación del sector socio-sanitario en el Peñón, “por ser este el que ocupa a mayor número de trabajadores transfronterizos dentro de nuestra Plataforma, queremos detallarle algunos hechos que nos preocupan sobre manera, dado que aumentan nuestra precariedad y suponen una merma de derechos”.
“Los trabajadores transfronterizos dedicados al sector sociosanitario, nos hemos afiliado mayoritariamente al sindicato gibraltareño Unión, sin embargo, no nos sentimos suficientemente representados; sirva de ejemplo mi situación personal, soy el único shop steward (enlace sindical) de la empresa de servicios ADA, después de dos años intentando negociar un convenio con la empresa, se me informa desde el Union que se firmó un Convenio, sin consultarme a mí ni al resto de los afiliados o trabajadores del sector. Esto ocurrió en enero del presente año, desde entonces he pedido, verbalmente y por escrito una copia del citado Convenio y a día de hoy no se me ha entregado”.
Desde su perspectiva, entienden “que el Union no puede o no quiere secundarnos en nuestras propuestas y problemas, y creemos que su proximidad con el gobierno y su prioridad de defender los intereses de los residentes les imposibilita para defendernos adecuadamente”.
“Por eso, estamos intentando o bien crear un Sindicato de trabajadores transfronterizos o bien una sección de trabajadores transfronterizos, mediante una doble afiliación en España con CCOO. Nos vendría muy bien su asesoramiento en el tema, dado su conocimiento en derecho Internacional del Trabajo”.
El impacto de los transfronterizos supone el 48 por ciento de la población activa de Gibraltar
Entre las normas laborales que consideran lesivas a los intereses de dicho colectivo aseguran que “las subcontratas del Gobierno de Gibraltar, así como muchas empresas privadas, mantienen contratos de cero horas, de manera que trabajadores que llevan años trabajando para una empresa pueden tener un contrato indefinido a cero horas”.
“Así que la empresa puede o no llamar al trabajador, dándole los turnos que estime oportunos. Esto supone una incertidumbre continua, puesto que el trabajador no sabe si trabajará o no, o cuántas horas realizará en un mes, cuando su sueldo depende íntegramente de las horas trabajadas”.
Este tipo de contrato ya no es legal en el Reino Unido, aducen: “La derogación en Gibraltar parecía inminente (desde febrero 2019), pero el proceso se paralizó con la pandemia y, al parecer, no van a continuar. Este tipo de contrato solo afecta a los trabajadores transfronterizos, su ilegalidad manifiesta debería resolverla o bien un comité de coordinación o bien las negociaciones abiertas entre Londres y Bruselas para la entrada de Gibraltar en el espacio Schengen”.
“Otro aspecto que aumenta la precariedad y la discriminación para los trabajadores transfronterizos, en concreto para aquellos trabajadores de las subcontratas del Gobierno de Gibraltar que realizan su labor principalmente para ADA Company (empresa privada), es la no aplicación de la Ley de las doce semanas vigente en el Reino Unido. Según esta norma, un trabajador que realice durante doce semanas el mismo trabajo, debe equipararse en condiciones laborales con los trabajadores de Care Agency (empresa pública del Gobierno de Gibraltar). La gran mayoría de trabajadores a los que afecta este Ley, firmaron su contrato antes de que Reino Unido abandonara la UE”.
Hay otras carencias que reflejan en dicho escrito: “Abundando sobre el tema de la discriminación y de las diferentes condiciones de trabajo entre las subcontratas de la Administración gibraltareña como ADA Company (privada) y los trabajadores de Care Agencia (agencia pública gibraltareña), hay distintos salarios para el mismo trabajo con diferencias de más de un 30%. Y en pensiones, ya que el personal fijo de Care Agency tienen derecho a 20 libras por año trabajado, además de un plan de pensiones mixto en el cual el Gobierno aporta tres veces la contribución del trabajador. Pero en Ada Company (subcontrata) el personal solo tiene derecho a una pensión de 20 libras por año trabajado”.
“Igualmente sucede con las vacaciones. Los trabajadores de Ada Company (subcontrata) disfrutan de 3 semanas de vacaciones, que pasan a 4 semanas cuando se tienen cuatro años de antigüedad. Esto es claramente contrario a las normas contenidas en la OIT, de la cual Reino Unido es miembro. Las vacaciones en Care Agency (agencia pública) son de un mes natural, desde el inicio del trabajo”.
La plataforma entiende que la igualdad de derechos laborales facilitará la convivencia en Schengen
En el capítulo de las sustituciones, también existen deficiencias, a juicio de esta plataforma, tal y como reseñan en la carta: “Otro tema de suma importancia son los llamados trabajadores Locum (de sustitución), trabajadores con contrato con Care Agency englobados dentro del personal laboral al Servicio de la Administración de Gibraltar. Pues bien, el Gobierno de Gibraltar ha contratado a 90 personas que figuraban en el servicio de desempleo de Gibraltar para Care Agencia, de manera fija, sin entrevista o cualquier otro requisito. Requisitos ineludibles para cualquier trabajador transfronterizo que quisiera acceder a un puesto de la Administración de Gibraltar”.
“Mientras los trabajadores que ya prestaban sus servicios con una antigüedad, que en algunos casos superaba los ocho años, fueron llamados por la Care Agency, en grupo, para cambiar sus contratos a contratos eventuales de una duración entre 3 y 6 meses, amenazándolos para que firmaran sino no podrían seguir prestando sus servicios para el Gobierno”.
Estos contratos adolecen de vicios en la formación de la voluntad de las partes, denuncian, “puesto que los que se negaron fueron apartados de su puesto de trabajo habitual”.
“Por no hablar de su dudosa legalidad. Estos trabajadores junto con los de subcontratas han aguantado la totalidad de la Pandemia, en muchos casos en situaciones deplorables, descontándoles las bajas por contagio o cuarentena de los quince días de baja de que disponen y el pago que van a recibir por su esfuerzo y dedicación es el despido”.
Desde las filas de la Plataforma, se entiende que «la intención del Gobierno al contratar directamente a todos los desempleados de Gibraltar, sin entrevista o experiencia, es que las plazas de sustitución queden ocupadas, con lo cual los trabajadores transfronterizos no podrán prestar su trabajo como locum (de sustitución). A algunos de ellos se les da la oportunidad de volver a trabajar con las subcontratas, pero en peores condiciones y perdiendo su antigüedad».
«Esta Plataforma –concluye la carta– entiende que, si queremos que Gibraltar entre en el espacio Schengen, sin fronteras, y con libre tránsito de personas y mercancías, no solo se deben equiparar los aranceles, los impuestos especiales, la regulación en materia de medio ambiente o el IVA, sino que también hay que respetar los derechos laborales previstos en el anexo del acuerdo que se está negociando, para mejorar la convivencia entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, donde los trabajadores transfronterizos son una parte muy importante».
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