En marzo del año pasado, el presidente de la Junta se garantizaba la paz social a dos meses de unas elecciones que volcaron el tablero municipal andaluz. Aquel Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado entre el Gobierno autonómico, CCOO, UGT y patronal suponía una suerte de 'escudo social' de casi 9.000 millones de euros en ayudas directas a las familias y al sector empresarial, con la inflación acechando. Se aprobaron por entonces una docena de ayudas “urgentes”, amén de otras medidas sociales y económicas. Más de diez meses después, pese a que Moreno apostaba por priorizar su desarrollo con el arranque del nuevo curso político, la mayor parte de las medidas en ejecución se centran más en el apoyo a empresas y autónomos que a las familias con mayores apuros económicos pese a que todas fueran catalogadas como urgentes.
“Nuestro objetivo es proteger a los más vulnerables y reactivar el tejido productivo”, dijo Moreno el 13 de marzo tras firmar el pacto. Diez días después anunciaba la activación inminente de ayudas para pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de la luz y el gas generado por la guerra entre Rusia y Ucrania, puestas en marcha finalmente en julio. Lo cierto es que la segunda parte de aquel objetivo del presidente se está cumpliendo antes que el primero ya que, según coinciden fuentes oficiales de los sindicatos de clase firmantes, e incluso de la patronal, el paso es más lento (incluso inexistente en algunos casos) en las medidas de apoyo a las familias más vulnerables como el Bono Familia o el Bono Carestía, y a los jóvenes como el Plan Urgente de Empleo Juvenil, si bien es cierto respecto a este colectivo que la garantía sobre los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas a menores de 35 años arrancó hace unas semanas.
No solo es una reivindicación sindical sino que la patronal reconoce que las medidas urgentes para aliviar los bolsillos de las familias están “más atrasadas”, según comenta a este periódico el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios. Y es que el despliegue del “mayor escudo social y económico de nuestra historia”, como dijo Moreno, no corre tan deprisa en ciertos puntos para tratar de paliar los efectos de la inflación en los bolsillos más necesitados, principalmente. Desde la Consejería de Presidencia, que coordina los trabajos, evitan hacer balance del Pacto y emplazan a una próxima comisión de seguimiento prevista para dentro de unas fechas.
En cuanto a las medidas concretas y urgentes que recogía el acuerdo destacaban para las personas más vulnerables en ese sentido el Bono Familia (ayudas directas a aquéllas con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, con una previsión de 119 millones de euros) y el Bono Carestía (un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM vigente. La partida contemplada en el acuerdo para este bono fue de 12 millones). Según los últimos datos, Andalucía tiene un millón de personas con carencias materiales y sociales severas.
En su valoración por medidas, fuentes de UGT-A lamentan que “solo” han mantenido una reunión (el 22 de diciembre) para el Bono Familia en la que se les comunicó que vendría a través del Fondo Social Europeo y que las líneas de actuación vendrían marcadas por la Administración General del Estado, si bien la posterior gestión correría por parte de la Junta. Desde CCOO-A se denuncia respecto a ese Bono Familia que en los presupuestos para 2024 “no se contempla ni un euro pese a ser una de las medidas contempladas como urgente” en el acuerdo.
Respecto al Bono Carestía, en una reunión el 30 de octubre la Junta presentó un borrador y está consignado en los presupuestos de 2024. Explican desde UGT que será una ayuda con concurrencia no competitiva y con plazo de solicitud de un mes a partir de su publicación en BOJA. La pretensión, asegura el sindicato, era ponerla en marcha este mes de enero pero aún no se ha publicado. Fuentes de CCOO-A denuncian que ese Bono Carestía “no aparece en el presupuesto, ni en la memoria, ni en gastos, ni en ingresos, es decir, que no se contempla su puesta en marcha”.
“Las medidas van avanzando. A todos nos gustaría que estuvieran listas al día siguiente pero muchas de ellas tienen una regulación previa y otras tienen más complicaciones. Las urgentes se están ejecutando, o se ejecutarán a medio plazo, como los bonos, que van más atrasadas”, dice Fernández-Palacios, de la CEA, que destaca “un nivel de ejecución satisfactorio”. Este pasado martes asistía a una reunión para la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil, algo muy demandado por los sindicatos de clase y que estima el representante de la patronal pueda estar listo “en dos meses”. Fuentes sindicales aluden a ese mismo encuentro, donde se le pidió a la administración más concreción para su puesta en marcha, anunciando cerca de 250 millones con fondos también procedentes de otras administraciones.
Otro punto urgente del Pacto fue “disponer en todos los centros con hospitalización para salud mental de espacios específicos destinados a menores”, con 6,7 millones, de lo cual “nada” saben los sindicatos. Recordemos que se trata de una cuestión que desde hace un tiempo se vienen sufriendo carencias de personal y de recursos en la sanidad pública andaluza y que el presidente Moreno se había comprometido en ir mejorando.
CCOO valora que algunas de las medidas se hayan incluido en este presupuesto del año entrante “pero otras o no llevan respaldo presupuestario o no se ven reflejadas y por tanto las entendemos como incumplimientos en el 2024”, comentan fuentes de este sindicato, desde donde se incide en que también se contemplan algunos de los compromisos derivados del 'Pacto por la Atención Primaria' “pero quedando la mayoría sin respaldo presupuestario”.
En cuanto al citado Plan de Empleo Juvenil, fuentes de UGT-A apuntan que se iba a constituir un grupo de trabajo más técnico en el seno de la Mesa de la Juventud para abordar la cuestión pero desde octubre no se había convocado a las partes ni se han tenido más noticias sobre la constitución de ese grupo de trabajo.
CCOO valora por su parte la puesta en marcha del programa Garantía Vivienda Joven pero “nada se contempla” en cuanto al resto de compromisos incluidos en el Pacto en esa materia. “Nada sobre la necesidad de impulsar vivienda protegida, y nada sobre medidas que ayuden a las familias a paliar el encarecimiento de las hipotecas, las dificultades de acceso a la vivienda y al alquiler, especialmente en jóvenes”, critica este sindicato, que lamenta que tampoco ha observado presupuesto alguno “para el desarrollo del Plan de Choque contra la Siniestralidad” suscrito posteriormente en agosto en virtud del Pacto Social del que emana.
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