El acuerdo suscrito por los gobiernos central y andaluz este pasado lunes para cerrar los regadíos ilegales de Doñana incluye medidas que repercuten también entre los temporeros agrícolas, en su mayoría personas migrantes, que desde muchos años vienen malviviendo en asentamientos chabolistas carentes de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, como el denominado marco de actuaciones reconoce. El documento, además de apostar por mejoras en la habitabilidad y de avanzar en la erradicación del chabolismo y la infravivienda (para lo cual ya existe un protocolo de actuación interadministrativa), trata de situarse en línea con la normativa laboral comunitaria en la materia, que persigue ir poniendo el foco en los empleadores. En ese sentido, aquí “se propone fomentar el conocimiento y el uso de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales” para que el empresariado agrícola ponga de su parte en la “normalización documental” de los temporeros agrícolas extranjeros de Doñana que se encuentren en situación irregular.
¿A qué se refiere ese marco de actuación concreto de regularización administrativa? El acuerdo considera que esa “autorización por colaboración con la autoridad laboral” puede tener “especial interés en el caso de los trabajadores residentes en los asentamientos”. En ese sentido, la Directiva de Diligencia Debida, conocida como 'huella social' y aprobada en verano en el Parlamento Europeo, que no viene citada en el acuerdo Junta-Estado, persigue garantizar que las empresas que operan en la UE, entre otras muchas cuestiones, adopten medidas para identificar, mitigar, eliminar o combatir la vulneración de derechos de las personas trabajadoras, acerca de lo cual se enzarzaron los partidos políticos el pasado mes de marzo en el mismo Parlamento Europeo.
El marco de actuaciones reconoce que “la falta de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debido a razones normativas”, ya que sólo puede actuar en el interior de los centros de trabajo, “dificulta la detección de situaciones de trabajo o contratación irregulares”. Algo que “podría remediar” esa dificultad sería la activación de la reforma del reglamento de extranjería aprobada el año pasado, apostando como se ha dicho por “fomentar el conocimiento y el uso” de la figura de la autorización por circunstancias excepcionales o de los diferentes tipo de arraigo, en alusión al empresariado agrícola.
Respecto a los arraigos, el documento apuesta por el “diseño y ejecución, en el marco de la colaboración de todos los niveles administrativos y sociedad civil, de acciones destinadas a la promoción de vías de normalización documental a través de las figuras de los diferentes arraigos”.
Aunque bajo el eufemístico epígrafe de “normalización documental”, el acuerdo bilateral propone literalmente “trabajar para promover el conocimiento y el recurso por parte de estos residentes a las figuras legales de los diferentes arraigos (especialmente, el laboral, el social y el arraigo para la formación) como vías excepcionales que permiten a los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular corregir esa irregularidad”.
Por otra parte, y como ya informó este medio, el acuerdo reconoce que “la dificultad de acceso al empadronamiento es uno de los factores que dificultan el acceso a situaciones de normalidad documental”, si bien no avanza línea alguna en ese sentido más allá de citar datos de Cáritas en cuanto a que el 74% de las personas residentes de los asentamientos de Huelva tiene su situación administrativa normalizada en España, mientras un 23% está esperando a cumplir los requisitos de acceso y apenas un 3% carece de documentación alguna.
Entre otras medidas propuestas por el ya extinto Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de sus competencias, el acuerdo Junta-Estado para Doñana incluye sobre todo “fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata de seres humanos, explotación y violencia de género contra los extranjeros en este territorio, para poder prevenirlos y facilitar la integración social del colectivo”, incluyendo oficinas de atención específica a los temporeros y de asesoría a profesionales que tengan contacto con ellos, sin entrar a abordar cuestiones concretas relacionadas con la Inspección de Trabajo, sanciones a los empleadores o incentivos para que los empleadores participen en la regularización de sus trabajadores.
También se exponen propuestas dirigidas a fomentar la inclusión social y laboral de los temporeros agrícolas que se hallen en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. A ese respecto destaca la elaboración de itinerarios personales, las sesiones individuales de apoyo psicosocial, la mediación lingüística e intercultural, o la formación sobre técnicas de búsqueda activa de empleo y competencias sociolaborales.
El documento distingue las personas que residen en los asentamientos de aquellas que participan en los Programas de Gestión Colectiva de Contratación en Origen gestionados por el Gobierno central, ya que se trata de trabajadores en situación regular que retornan a su país tras cada campaña, que no conforman unidades familiares en España, que son titulares de un marco de derechos propio y que tienen garantizado el derecho a un alojamiento digno, siendo obligación del empleador proporcionárselo.
Cabe recordar que, además del citado protocolo firmado a cuatro entre Gobierno central, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer, la admnistración autonómica, de forma paralela al protocolo, trabaja en el primer censo de personas que residen en los asentamientos y formuló recientemente el 'I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares' que “acompaña” a las entidades locales.
A juicio de Andalucía Acoge, una de las entidades que viene trabajando sobre el terreno para la erradicación del chabolismo entre los temporeros migrantes de Huelva y Almería, se trata de “una buena noticia” en el sentido de que es un acuerdo entre dos administraciones, la estatal y la autonómica. Pese a ello, “nos preocupa que se desatiendan otras zonas” también aquejadas de esta problemática, como pudieran ser Lepe o Almería, provincia que acumula “el grueso de esta población”, según comenta a este periódico el director general de la federación, José Miguel Morales.
En este sentido que, aunque la ley de regadíos del PP ahora desactivada preveía indultar regadíos en los cinco municipios de la Corona Norte, el marco de actuación finalmente aprobado afecta a 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural Doñana: Almonte, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Morales ve “con buenos ojos” que el marco de actuaciones contemple cuestiones que han venido denunciando asociaciones y organizaciones que pelean desde hace años en mejorar la situación de estos temporeros migrantes, como la propia Andalucía Acoge, que presentó recientemente un informe específico ante la misma Comisión Europea.
El director general considera “necesaria y urgente” una “mirada de conjunto” en este sentido, pero “que no suponga un freno” a la estrategia andaluza para la erradicación de los asentamientos y su “mirada integral”. La cuestión, concluye, obedece a “un modelo económico que tiene que ser reformulado” y que, a tenor del marco de actuaciones en Doñana, se está abordando como algo “estructural” que hay que analizar también “desde el punto de vista social y medioambiental”.
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