Si hablábamos del fracaso del diálogo en el Parlamento de Andalucía más plural, es justo también referir los escasos momentos en los que han avanzado iniciativas legislativas sin ningún voto en contra. Se trata de leyes de distinto calado, en su mayoría todavía en tramitación, y que marcan la diferencia porque también es cierto que hay textos del Gobierno de Andalucía que se han aprobado sin votos en contra o que en el seno de las comisiones parlamentarias, sobre todo, más del 90% de los acuerdos se adoptan por unanimidad. Pero no es lo mismo conseguirlo para una proposición no de ley (PNL) que no obliga a nada, que para leyes. He aquí esos cinco ejemplos en lo que va de legislatura:
Contra la LGTBIfobia
El ejemplo más reciente ha sido la proposición de ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, con una trayectoria tortuosa pero que en el último pleno de este periodo de sesiones terminaba con el inicio de la tramitación por unanimidad. En este caso, de un texto firmado por el PSOE, Podemos e IU, que por primera vez han ido de la mano en una iniciativa de este tipo en el Parlamento de Andalucía.
Pero ha costado. Tanto PSOE como Podemos presentaron sus propias proposiciones de ley en una carrera contrarreloj de los socialistas para evitar que los de Pablo Iglesias, que le tomaron la delantera, se les anticiparan en la tramitación de su texto. Finalmente los dos llegaron a pleno el mismo día y fue aprobada su tramitación. En el caso de la de Podemos, que tenía el dictamen contrario del Consejo de Gobierno, con el voto en contra del PSOE y a favor del resto. La del PSOE, con el voto a favor de todos porque Podemos no se la devolvió.
Esto dejó una situación surrealista: dos proposiciones de ley sobre lo mismo en tramitación. Hasta que finalmente triunfó el diálogo y los dos decidieron el pasado mes de junio retirar sus textos y negociar uno conjunto que contó también con IU. Es el que se ha aprobado tramitar, con el objetivo de que sea ley en el próximo periodo de sesiones con los cambios que se vayan incorporando.
Senderos
Previamente, el pasado mes de abril se aprobaba también sin votos en contra, y por primera vez en Andalucía, una ley presentada por Podemos. Se trata de la Ley de Senderos, en cuyo debate final contó con los votos a favor de los proponentes, el PSOE, C's e IU, mientras que el PP se abstuvo porque no fue aceptada una enmienda in voce -a cuya aceptación condicionó su respaldo- para que las vías objeto de la norma sólo discurran por bienes de dominio público y garantizar con ello la protección de la propiedad privada, que cree que se pone en riesgo.
Tampoco esta norma tuvo una trayectoria fácil. Cuando se debatió su toma en consideración, fue gracias a que toda la oposición (PP, Podemos, C's e IU) votaron a favor, mientras que el PSOE se opuso, como ya lo había hecho el Consejo de Gobierno con un dictamen contrario a la misma. Los socialistas sostienen también que han concedido su respaldo a esta ley de Podemos porque su diputado David Moscoso, el encargado de defenderla, es “más dialogante que otros”, y también porque se “le ha dado la vuelta” a la propuesta que inicialmente se registró.
Memoria democrática
Un mes antes, se lograba un hito, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención del PP y C's. En este caso, es ya ley porque el texto venía de una larga tramitación, dado que fue elaborado la pasada legislatura de pacto de gobierno entre el PSOE e IU y cuando precisamente la coalición de izquierdas tenía las competencias en la materia. Pero el proyecto de ley quedó parado por la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas tras romperse esa alianza.
En este sentido, cuando el Gobierno de Andalucía reactivó el texto, con la aprobación de nuevo del proyecto de ley en octubre de 2015 para su remisión al Parlamento de Andalucía, los socialistas tenían claro que querían contar con IU por su paternidad sobre la norma. Por eso, pese a que en este caso se trata de un proyecto de ley remitido por el Gobierno de Andalucía se ha incluido en este análisis, dado que la autoría corresponde a una formación que está ahora en la oposición.
La negociación durante su tramitación en el Parlamento de Andalucía permitió introducir cambios sobre el texto, que finalmente también contó con el voto a favor de Podemos. El posicionamiento de la derecha, con un tema que le incomoda, fue el menos malo posible porque siempre se confió en que PP y C's se abstuvieran en lugar de votar en contra, y así fue.
Limitación de mandatos
Por otro lado, el pasado mes de diciembre se aprobaba por unanimidad el inicio de la tramitación de la proposición de ley del PP para modificar la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y limitar los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía y de sus consejeros.
No obstante, el futuro de esta propuesta, en la que a diferencia que en todas las demás el Consejo de Gobierno no emitió posicionamiento alguno, es bastante imprevisible. De hecho, el Consejo de Gobierno encargó un informe al Consejo Consultivo de Andalucía que ha dudado de su constitucionalidad, lo que ha aprovechado el PSOE para recular y pedir que el PP retire la proposición de ley.
De todas maneras, pese a este inconveniente con la redacción propuesta por los populares, lo cierto es que existe bastante consenso en torno a la medida, y de hecho, está incluida en el pacto de investidura del PSOE y C's por lo que estarían obligados a su cumplimiento esta legislatura.
Altos Cargos de la Junta de Andalucía
Finalmente, una modificación de ley que ha conseguido, en este caso por primera vez en la legislatura, un grupo de la oposición. En concreto, la proposición de ley presentada por el PP para modificar el artículo 12 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía y hacer público el patrimonio de los mismos, cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad en febrero de 2016.
En noviembre de 2016 superó el debate final y se convirtió en ley para los 235 altos cargos de la Junta de Andalucía, que con ello tienen desde el 1 de agosto las mismas obligaciones que ya cumplen los consejeros y los diputados del Parlamento de Andalucía, cuya declaración de bienes e intereses queda de esta manera expuesta para conocimiento de los ciudadanos. Matizar que en el debate final no hubo un sí unánime, pero casi: fue aprobada con el voto a favor de los proponentes, el PSOE, Podemos y C's, mientras que IU se abstuvo, básicamente porque no se consideraron sus enmiendas.
Todo ello después de que el diputado del PP que la defendió, Jaime Raynaud, tuviera que encajar duros golpes de uno y otro lado por hacer precisamente su formación una propuesta de este tipo. “Soporto todo lo que tenga que soportar con tal de que este pleno apoye algo que es bueno para los andaluces”, llegó a decir el diputado.