La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Las prisiones han sido tradicionalmente lugares cerrados, ocultos a la mirada ajena, donde la oportunidad para la supervisión y el control externos resultan complicados. No obstante, en los últimos años, la transparencia se ha convertido en un valor promocionado por las Administraciones Públicas.
Contamos con una ley de transparencia estatal y una andaluza con el objetivo declarado de garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de manera que se consigan “mecanismos que posibiliten el conocimiento (…) de la actuación de los poderes públicos, de los motivos de dicha actuación, del resultado (…) y de la valoración que todo ello merezca”.
Lo anterior parece necesario en un estado democrático para que la sociedad pueda ejercer sus derechos, así como para fomentar el pensamiento crítico, la participación ciudadana y la investigación y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, la Administración Penitenciaria sigue presentando puntos oscuros.
Detengámonos a mirar tres de ellos, empezando por el que afecta a la población reclusa y a sus familias. Uno de los principales problemas que tienen las personas presas es que se le dificulta el acceso a su expediente personal, lo que produce que no sepan qué hacer para conseguir un trabajo o un programa de tratamiento, progresar de grado o como responder y defenderse de las decisiones del centro penitenciario.
De la misma manera, las familias tienen dificultad para recibir información, como por ejemplo si su familiar ha sido sancionado, cuál es su situación médica, si va a ser trasladado de centro o cambiado de módulo, etcétera. Esto es especialmente grave en los casos de fallecimiento: las familias encuentran importantes obstáculos para acceder a la autopsia o conseguir realizar una autopsia independiente y, a veces, se les niegan los informes médicos y otros documentos.
Por otro lado, la insuficiencia de personal hace que, sobre todo en los centros más grandes, el contacto con los especialistas sea limitado, lo que provoca la falta de información sobre aspectos que son importantes en el día a día de la persona presa, como conocer por qué se les niega un programa de tratamiento, no pueden ir al Módulo de Respeto o no les dan permisos de salida, entre otros. Además, esta falta de comunicación de los profesionales se extiende a la familia que, salvo puntualmente con los/as trabajadores/as sociales, tiene casi imposible el contacto.
La Administración Penitenciaria debería fomentar el acceso a los establecimientos penitenciarios de asociaciones de prensa y entidades sociales
En segundo lugar, abordaremos el ámbito de la investigación. Si bien las estadísticas penitenciarias han mejorado en los últimos años, aún tienen muchos problemas, pues las cifras que ofrecen las distintas fuentes (Ministerio del Interior, Poder Judicial o la propia Administración Penitenciaria) en ocasiones no coinciden y no siempre sabemos si están midiendo las mismas variables.
Tampoco ofrece garantías la recopilación de los datos, ya que a veces hay cuestiones que no se registran o no se hace de manera completa o correcta. La Administración no siempre publica toda la información de la que dispone y, a veces, cuando se la requiere, por ejemplo, a través del Portal de Transparencia o solicitando acceso a los archivos, se niega alegando una afectación a datos personales o que se requiere un trabajo que no está en disposición de hacer.
En muchas ocasiones, además, el análisis de los datos se vuelve complicado porque los formatos en que se presenta son poco manejables, lo que complica mucho el trabajo y la producción de los datos que realmente nos interesan.
En tercer y último lugar, abordaremos la relación de la Administración Penitenciaria con la sociedad civil.
La APDHA forma parte de un proyecto internacional de investigación llamado Prison Transparency Project (PTP), en el que se encuentran investigadores/as, abogados/as, personas presas o familiares, asociaciones, organismos públicos y periodistas, para “recopilar y compartir historias e información, y estudiar y comparar sistemas de transparencia de las prisiones” en Canadá, Argentina y España.
Los objetivos principales del PTP son amplificar las voces de las personas presas, comparar el acceso a la información de los distintos sistemas penitenciarios, crear redes entre activistas, personas presas, familias y organizaciones sociales, así como establecer mecanismos de supervisión de la prisión, ofrecer capacitación y tutoría a personas presas y estudiantes universitarios y compartir con la sociedad civil toda la información que se obtenga.
Sin embargo, pese a estas iniciativas privadas, la Administración Penitenciaria debería fomentar el acceso a los establecimientos penitenciarios de asociaciones y entidades sociales. Aunque la situación ha mejorado un poco, la decisión depende del concreto responsable en el Ministerio del Interior de ese momento y, sobre todo, de la dirección del establecimiento. Aún es difícil acceder si no eres una asociación asistencial o que propone actividades lúdicas o de tratamiento, y casi imposible para una entidad crítica, de defensa de los derechos humanos o de denuncia.
La Administración debería integrar entre sus objetivos institucionales la formación y la comunicación con la ciudadanía con el objetivo de ofrecer un conocimiento real de la pena de prisión y los establecimientos penitenciarios, combatiendo así los mitos y bulos de medios de comunicación y redes sociales.
Las prisiones han sido tradicionalmente lugares cerrados, ocultos a la mirada ajena, donde la oportunidad para la supervisión y el control externos resultan complicados. No obstante, en los últimos años, la transparencia se ha convertido en un valor promocionado por las Administraciones Públicas.
Contamos con una ley de transparencia estatal y una andaluza con el objetivo declarado de garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, de manera que se consigan “mecanismos que posibiliten el conocimiento (…) de la actuación de los poderes públicos, de los motivos de dicha actuación, del resultado (…) y de la valoración que todo ello merezca”.