La fiesta de la democracia: el derecho a votar se queda a las puertas de las prisiones

Lamentablemente, el ejercicio de la democracia en España está reducido a votar periódicamente.  El “gobierno del pueblo” no es directo, ni participativo. En este año, los ciudadanos y las ciudadanas nos hemos indigestado de democracia y hasta dentro de cuatro años no volveremos a saber nada más. Pero, ¿toda la ciudadanía ha participado en este banquete? No, no toda. Hay un número, no poco importante, de ciudadanía, que es excluida de hecho de este derecho: las personas presas.

La Constitución y la legislación les blindan este derecho a las personas presas españolas. Solo pueden ser excluidas, a través de una sentencia, del derecho a ser elegidas (sufragio pasivo), nunca del derecho a votar. Los datos de 2013 del INE establecen que solo a una de cada mil personas condenadas se le impidió por sentencia acceder al sufragio pasivo.

En el 2011, en las últimas elecciones generales, solo 3.681 personas privadas de libertad  ejercieron el derecho al sufragio activo. En las municipales y autonómicas de ese año, la cifra fue aún menor, 2.225, lo que se traduce en un 3% de los alrededor de 74.000 reclusos/as. Si la media de participación se sitúa entre el 60 y el 70% de la ciudadanía, ¿cuáles son las razones de esta ínfima participación?

Sin duda, la apatía o considerar que son una farsa, que no va con ellas, pues nadie va a hacer nada por ellas, puede afectar. La mayoría de las personas presas proceden de la exclusión social, por lo que se sienten víctimas de políticas que perpetúan su exclusión. ¿Tiene sentido para ellas ejercer este derecho? No debemos olvidar que las personas privadas de libertad son una minoría, y como decía Benjamin Franklin, político estadounidense del s. XVIII, “la democracia son dos lobos y una oveja votando sobre qué se va a comer”.

Ningún partido, salvo alguna excepción “casual” -la CUP en las últimas elecciones autonómicas-, ha pedido dar mítines en las prisiones. Así pues, los mensajes de campaña e información electoral tampoco entran en las prisiones. ¿Cuántos programas políticos incluyen alguna medida que mejore las condiciones o derechos de las personas presas?

Pero es tal vez el desconocimiento de este derecho y las dificultades para su ejercicio la principal causa de la baja participación. Incluso algún director de prisión, como el de Quatre Camins, intentó impedir el ejercicio de este derecho, teniendo que ser los tribunales los que lo reconocieran. Así pues, los poderes públicos, lejos de hacer campañas informativas, en ocasiones reprimen el ejercicio de este derecho, al igual que otros muchos. La Administración se limita a poner un papel informativo en los tablones de anuncios, que prácticamente nadie lee, exigiendo de la persona presa una actitud muy activa para votar, lo que contrasta con la información personal que recibe la población libre, en su domicilio, sobre la mesa electoral donde tiene que votar o sobre los partidos políticos.

La opinión directa de las personas que han estado privadas de libertad nos habla de una desafección radical de la política, basada en la desconfianza de que los mensajes que interesadamente se emiten por parte de los partidos políticos en periodo electoral se van a cumplir. Esta desconfianza se traduce en un desinterés casi unánime en estos temas, que en la práctica no están presentes en las conversaciones de las personas presas.

Además, las campañas en raras ocasiones se dirigen a ellos, no son objeto de propuestas de mejora, es para esta población un mundo paralelo, del que no forman parte, que les excluye una vez más. Es por ello que de nuevo, no podemos hablar de democracia en el sentido estricto de la palabra, cuando hay una parte del pueblo que es excluida, que no cuenta, que no es representada.