Hacienda éramos todos

La crisis-estafa que llevamos padeciendo estos últimos años está sirviendo, entre otras cosas, para dejar al descubierto el sistema estructuralmente injusto que nos rodea. Se suponía que vivíamos, como declara la Constitución española, en un Estado social y democrático de Derecho que, por encima de todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos podido comprobar que del dicho al hecho había un gran trecho.

Los derechos humanos son sistemáticamente violados por las distintas administraciones del Estado que, lejos de enrojecerse, sacan pecho y han sido capaces de legislar - basta recordar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal (Ley Mordaza) que entró en vigor el pasado 1 de julio- en diferentes ámbitos, para dar cobertura legal a lo que eran flagrantes vulneraciones de derechos humanos como las “devoluciones en caliente” y para sancionar lo que hasta ese momento era posible y que estaba reconocido como derechos básicos, por ejemplo, los casos de ocupaciones de oficinas bancarias, parar desahucios, manifestaciones y concentraciones espontáneas, etc.

Cada vez tenemos más claro quiénes legislan y a quiénes favorecen las leyes. Cada vez tenemos más claro que el 31,73% de personas paradas en Andalucía - más de 10 puntos por encima de la media estatal, que es del 21% (EPA del tercer trimestre) - y las miles de familias abandonadas a su suerte, sin ningún tipo de ingreso o ayudas por parte de las administraciones, no están en la agenda política de quienes nos gobiernan ni serán las líneas rojas para alcanzar pactos. Las llamadas a cerrar filas para defender lo que llaman la unidad de España frente a quienes quieren fragmentarla, expresa de forma clara que no son las necesidades de la gente lo que mueve a gran parte de la clase política.

¿Para cuándo se pondrá encima de la mesa, a la hora de negociar tal o cual pacto, la necesidad de abordar y legislar para frenar la emergencia social y dar respuesta, de una vez y para siempre, a las necesidades reales de las personas? ¿Para cuándo el cumplimiento real del derecho a la vivienda? ¿Para cuándo una Renta Básica Universal? ¿Para cuándo nadie más viviendo en la calle? ¿Para cuándo los suministros básicos garantizados? ¿Para cuándo la erradicación del chabolismo? ¿Para cuándo una sociedad en la que las personas sean lo primero?

Estando como están las cosas, y comprobando, día tras día, la nula preocupación de las administraciones por abordar las injusticias, viendo como los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 o de la Constitución del 78 son pura retórica, papel  mojado, aderezos para que quede bonito y para que parezca verdad que queremos una sociedad justa y humana, se agradece que la Abogacía del Estado nos ilustre y aleccione sobre cómo debemos interpretar las cosas y no olvidemos que “Hacienda somos todos” era, solamente, publicidad.

Y algún día, más tempano que tarde, nos dirán que aquella frase que podemos leer en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a  un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de desempleo…” también era, solamente, publicidad.

La crisis-estafa que llevamos padeciendo estos últimos años está sirviendo, entre otras cosas, para dejar al descubierto el sistema estructuralmente injusto que nos rodea. Se suponía que vivíamos, como declara la Constitución española, en un Estado social y democrático de Derecho que, por encima de todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos podido comprobar que del dicho al hecho había un gran trecho.

Los derechos humanos son sistemáticamente violados por las distintas administraciones del Estado que, lejos de enrojecerse, sacan pecho y han sido capaces de legislar - basta recordar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal (Ley Mordaza) que entró en vigor el pasado 1 de julio- en diferentes ámbitos, para dar cobertura legal a lo que eran flagrantes vulneraciones de derechos humanos como las “devoluciones en caliente” y para sancionar lo que hasta ese momento era posible y que estaba reconocido como derechos básicos, por ejemplo, los casos de ocupaciones de oficinas bancarias, parar desahucios, manifestaciones y concentraciones espontáneas, etc.