Ya nos han preguntado sobre la Feria, ¿para cuándo un referéndum sobre la pobreza?

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que se hizo pública en mayo de este año deja algunos datos demoledores: Andalucía (35´7%) es la comunidad con la tasa de riesgo de pobreza más altas del Estado, frente a Navarra (9,6%), País Vasco (10,9%) y Cataluña (13,9%). Más de la mitad de la población infantil andaluza esté en riesgo de pobreza. Los ingresos medios anuales por persona en Andalucía son 7.924 euros, superando solamente por 18 euros a los de la comunidad con menos ingresos y lejos de los 10.419 de media estatal y más lejos aún de los 13.836 de el País Vasco o los 13.300 de Navarra.

No es casualidad que el INE nos recuerde que entre los cinco municipios más pobres del Estado español tres sean andaluces. No es casualidad que el barrio sevillano de Los Pajaritos (Tres Barrios-Amate) sea el barrio más pobre del país y no es casualidad que de los trece más pobres, siete sean también sevillanos. Y todo esto a pesar de que  varios representantes políticos, a finales del pasado año, firmaron un decálogo de propósitos en el que incluían cuestiones de bienestar social, empleo, vivienda, educación, economía, igualdad y participación, según EAPN-A.

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española que, en el verano de 2011, pactaron PP y PSOE por exigencias de la Unión Europea y a espaldas de la ciudadanía, consagró la obligación de atender el pago de la deuda y contener el déficit por encima de cualquier otro gasto, incluidos los de carácter social.  Y cuando las políticas y los recursos públicos van encaminadas a satisfacer los intereses de las grandes empresas y las necesidades de la banca, en detrimento de la población, no es casualidad que los estudios den los resultados antes mencionados.

Los 61.495 millones de euros prestados a la banca, de los cuales 26.300 no se van a recuperar (eso en el mejor de los casos); los 103.436 millones de euros concedidos a la banca por el estado en avales; la corrupción generalizada; la evasión de capitales; el fraude fiscal; las reformas laborales para beneficiar a las grandes empresas; la privatización de servicios públicos y un largo etcétera han traído los trabajos en precario con salarios de miseria, el desempleo, los desahucios, el copago sanitario… así como los recortes en sanidad y educación (16.000 millones de euros) y en ayudas que deberían hacer más llevadera a la población esta crisis/estafa a la que nos vemos sometidos. Y ni una palabra para exigir contrapartidas a la banca, como la de poner sus pisos vacíos en alquiler social para las familias más necesitadas.

Estas cifras de pobreza, que deberían escandalizar y movilizar a las administraciones de cualquier ámbito, parece que no causan ninguna reacción en las mismas. Porque si leemos las páginas de la prensa de cualquiera de las provincias andaluzas, nos sorprende ver cómo las noticias y la información política no hablan sobre el tema. Nuestros políticos prefieren tratar sobre las constantes disputas partidistas, sobre si el metro debe ir soterrado o en superficie, o sobre el referéndum para ampliar la feria, en el caso de Sevilla capital.

“¿Se ríen de nosotros cuando no estamos delante?”

Y no salimos de nuestra perplejidad cuando conociendo estos datos de pobreza (y detrás de los datos está la gente), la preocupación del consistorio sevillano sea la de abrir un proceso participativo para consultar la ampliación del periodo de festejos de la ciudad, por mucho que esto suponga riqueza para la misma (¿riqueza para quién?). La perplejidad es aún mayor cuando conociendo la realidad de los barrios de esta ciudad, el programa Zonas con Necesidades de Transformación Social de Sevilla (cofinanciado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía), que comprende actuaciones de emergencia en estas zonas catalogadas como las más pobres del país, queda suspendido por la desidia de Junta. Parece una broma, pero es real, el consistorio de Sevilla prefiere hablar de feria y jaranas… ¿Para cuándo abrir procesos participativos sobre las cuestiones importantes para la ciudadanía? ¿Para cuándo unas administraciones que escuchen, mirando a la cara, a las personas que no tienen los recursos suficientes para poder vivir dignamente? ¿Se enterará alguna vez este Ayuntamiento que para una parte muy significativa de esta ciudad no está la cosa para ferias?

Para terminar, recordamos una viñeta en la que se veía a un representante político contestando a las preguntas de la prensa y  alguien le preguntó: “¿se ríen de nosotros cuando no estamos delante?”. Tenemos la impresión de que así es y no creemos que nos falten motivos para pensar esto. Posiblemente pronto nos pregunten sobre si la cerveza nos gusta con mucha o poca espuma o cosas así… ¿Para cuando una consulta sobre la pobreza? Algo parecido a esto: ¿Te gustaría que el barrio más pobre de España dejara de ser sevillano? ¿Te gustaría que las administraciones erradicaran el chabolismo de la capital andaluza? ¿Te gustaría que en Sevilla todas las personas tuvieran garantizados los mínimos que le permitirán vivir con dignidad?

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que se hizo pública en mayo de este año deja algunos datos demoledores: Andalucía (35´7%) es la comunidad con la tasa de riesgo de pobreza más altas del Estado, frente a Navarra (9,6%), País Vasco (10,9%) y Cataluña (13,9%). Más de la mitad de la población infantil andaluza esté en riesgo de pobreza. Los ingresos medios anuales por persona en Andalucía son 7.924 euros, superando solamente por 18 euros a los de la comunidad con menos ingresos y lejos de los 10.419 de media estatal y más lejos aún de los 13.836 de el País Vasco o los 13.300 de Navarra.

No es casualidad que el INE nos recuerde que entre los cinco municipios más pobres del Estado español tres sean andaluces. No es casualidad que el barrio sevillano de Los Pajaritos (Tres Barrios-Amate) sea el barrio más pobre del país y no es casualidad que de los trece más pobres, siete sean también sevillanos. Y todo esto a pesar de que  varios representantes políticos, a finales del pasado año, firmaron un decálogo de propósitos en el que incluían cuestiones de bienestar social, empleo, vivienda, educación, economía, igualdad y participación, según EAPN-A.