Prevenir el efecto llamada

En los últimos años, además de pervertirse la narrativa sobre las migraciones y de haberse cuestionado la universalidad y las leyes que vehiculan la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, ha vuelto a cobrar fuerza la idea de que “tratar bien” a las personas que llegan a través de la frontera sur fomenta el efecto llamada. Un efecto llamada que hay que extinguir al precio que sea, aunque para ello haya que desnaturalizar la lógica de las migraciones y seguir fomentando en el imaginario colectivo la idea de criminalidad de las personas de determinado perfil étnico. 

Aunque en nuestro ordenamiento jurídico la entrada por un puesto no habilitado no es un delito sino una infracción administrativa, el relato insiste en mantener que las personas que acceden en situación administrativa irregular al territorio del estado español están cometiendo una ilegalidad y, por lo tanto, para reforzar ese convencimiento, es este acto el que definirá a la persona. O más bien a las no-personas. 

La tiranía del uso del efecto llamada no solo se utiliza para seguir controlando las migraciones en los países de origen a través de la cooperación al desarrollo y en los de tránsito a través de la externalización de las fronteras, sino que han legitimado otras muchas prácticas que vulneran los derechos humanos, y como muestra el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Estas prácticas pretenden enviar un mensaje disuasorio a las personas que responden a un determinado perfil étnico y que estén pensando en acceder al territorio español en patera, por la valla o por aeropuerto: “No vengáis, no lleguéis y no os quedéis”. 

En nuestro no-sistema de acogida, la retención en lugares no habilitados -parkings de las comisarías, polideportivos, en las dársenas de los puertos, entre otros- por el máximo de horas legales permitidas (72 horas) y la privación de derechos fundamentales a la información, interpretación o traducción y asistencia jurídica se utilizan como efecto disuasorio para las personas que llegan por vía marítima a cualquier puerto de las Islas Canarias o Baleares, de Alicante, Murcia, Algeciras, Almería, Motril, Málaga y de Ceuta o Melilla. Y también como bálsamo tranquilizador para la población nacional ante la creación de una falsa amenaza de invasión. 

Las prácticas de las políticas migratorias no solo siguen privando y vulnerando derechos fundamentales, también se suman a la lucha contra el efecto llamada los infinitos obstáculos y trabas burocráticas de las administraciones públicas para que, como resultado, se siga despojando de humanidad a las personas migrantes

Las “devoluciones en caliente”, colectivas o exprés se utilizan como herramientas de disuasión para aquellas personas que acceden por vía terrestre a las ciudades autónomas y además muestran a los españoles y españolas que no hace falta respetar los cauces legales para materializar la expulsión o las deportaciones de aquellas personas que suponen una amenaza para nuestros valores y cultura. 

La imposibilidad de solicitar asilo en la embajada española en el país de origen, la imposición del visado de tránsito -como por ejemplo desde febrero para Senegal- o el colapso de la página web del Ministerio de Interior en las citas para la solicitud de asilo de las personas que por fin están en territorio seguro, se utilizan para inducir al abandono del ejercicio del derecho a la protección internacional. También para demostrar a la ciudadanía que las personas refugiadas bienvenidas son aquellas que aparentemente se asemejan físicamente a nosotros y nosotras y no aquellas que pueden acabar con “nuestra raza”. 

La obligación de permanecer como mínimo tres años en clandestinidad para la regularización y sobrevivir bajo la amenaza de una posible identificación por perfil racial para materializar la deportación -previo encierro en una cárcel racista- no solo persuade de acceder a derechos universales como la atención sanitaria o la escolarización, también permea en el acervo social que ellos no pueden ejercer la libertad de manifestación, reunión, sindicación y asociación.  

Las prácticas de las políticas migratorias no solo siguen privando y vulnerando derechos fundamentales, también se suman a la lucha contra el efecto llamada los infinitos obstáculos y trabas burocráticas de las administraciones públicas para que, como resultado, se siga despojando de humanidad a las personas migrantes. 

Sin vivienda no hay empadronamiento.

Sin empadronamiento no hay tarjeta sanitaria.

Sin empadronamiento no hay escolarización.

Sin empadronamiento no hay regularización.

Sin regularización no hay empleo. Sin empleo no hay regularización.

Sin empleo y sin regularización no hay vivienda. 

Sin la solicitud de asilo no se entra en un programa de acogida.

Sin programa de acogida no hay vivienda. 

Y vuelta a empezar. 

Prevenir el efecto llamada en la frontera sur española ha sido la coartada perfecta para implantar las diferentes estrategias que no solo han vulnerado y siguen vulnerando los derechos humanos de forma sistemática durante estos más de 30 años de políticas migratorias. Ha sido la maniobra perfecta para deshumanizar a las personas procedentes del continente africano en base a su situación administrativa y que la ciudadanía asuma que sin papeles no hay dignidad. 

Las personas que han sido trasladadas desde El Hierro o Tenerife a los distintos centros de acogida –o más bien de contención- distribuidos por la península, están denunciando a través de manifestaciones y protestas la imposibilidad de acceder a una cita para solicitar asilo o protección internacional y las condiciones en las que se encuentran en algunos centros. 

Las manifestaciones que hemos visto en Chiclana, Cádiz, o incluso las huelgas de hambre en San Fernando de Henares, Madrid, que le han costado la vida a una persona, son la prueba irrefutable de que tratar mal no acaba ni acabará con el efecto llamada ni disuadirán a las personas de ejercer sus derechos y libertades. 

Tal vez cabría la posibilidad de que, por una vez, se plantease la hipótesis contraria: si respetando el derecho a migrar y el derecho a buscar protección para la propia vida a través del establecimiento de vías de migración legales y seguras y de un verdadero sistema de acogida y, de otra parte, las administraciones públicas no supeditasen los derechos a la situación legal de las personas, se pudiera acabar con el indeseado efecto llamada. 

Pero tal vez, lo que se quiere realmente no es acabar con el efecto llamada, sino seguir despojando de humanidad a través de esas prácticas que vulneran los derechos humanos para continuar instrumentalizando y explotando los cuerpos de las personas del Sur global en nuestro mercado laboral y en nuestras casas.

En los últimos años, además de pervertirse la narrativa sobre las migraciones y de haberse cuestionado la universalidad y las leyes que vehiculan la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, ha vuelto a cobrar fuerza la idea de que “tratar bien” a las personas que llegan a través de la frontera sur fomenta el efecto llamada. Un efecto llamada que hay que extinguir al precio que sea, aunque para ello haya que desnaturalizar la lógica de las migraciones y seguir fomentando en el imaginario colectivo la idea de criminalidad de las personas de determinado perfil étnico. 

Aunque en nuestro ordenamiento jurídico la entrada por un puesto no habilitado no es un delito sino una infracción administrativa, el relato insiste en mantener que las personas que acceden en situación administrativa irregular al territorio del estado español están cometiendo una ilegalidad y, por lo tanto, para reforzar ese convencimiento, es este acto el que definirá a la persona. O más bien a las no-personas.