El pasado 1 de julio se cumplió el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, llamada oficialmente, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana pero conocida por todos como Ley Mordaza.
Trece años después de la Ley Corcuera de la patada en la puerta, la Ley Mordaza se convertía en una vuelta de tuerca más en la deriva represiva de la normativa que bajo la nomenclatura de protección de la seguridad ciudadana se ha convertido en el eje de la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales.
Este año ha confirmado los peores augurios sobre la aplicación de este texto. Las cifras de las que disponemos hasta abril de 2016 son bastante explícitas: más de 30.000 expedientes abiertos por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad, desobediencia o resistencia a la autoridad, de los cuales un 75% de los casos ha concluido con una resolución sancionatoria.
Conviene recordar que la Ley Mordaza acompañó la reforma del Código penal que suprimió las faltas convirtiendo algunas (las de índole personal o patrimonial) en delito y las relacionadas con el orden público en infracciones de la Ley Mordaza. La huida del Derecho penal podría aparecer como una buena noticia pero la realidad es que si en todo 2014 se produjeron menos de 8.000 faltas contra el orden público, en el período de aplicación de la Ley Mordaza las infracciones por desobediencia o resistencia han superado las 14.000. Se trataba, por tanto, de prescindir de las garantías penales y consentir un sistema más severo por su mayor potencialidad aplicativa una vez que la Administración se convierte en juez y parte.
En este punto, destaca la utilización de fórmulas abiertas que generan la suficiente indeterminación para permitir el juego de la arbitrariedad del agente que denuncia y de la autoridad administrativa que resuelve. En efecto, términos como el uso de “imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal”, “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, aliñados convenientemente con la presunción de veracidad de los agentes se han convertido en auténticas patentes de corso para la actuación abusiva e incluso caprichosa de la Administración.
Los ejemplos se van acumulando y la anécdota se convierte en auténtica categoría. Sancionar por llevar un bolso de gatos, por publicar la foto de un coche de policía en Facebook, por llamar colega a un agente o por quejarse de la actuación de los policías locales son realidades que muestran el uso arbitrario de la Ley Mordaza.
Precisamente para controlar los excesos y monitorizar los abusos surge la Red de soporte ante la represión Malla, con la que afrontar de manera colectiva la represión durante el ejercicio de las libertades civiles y políticas. Nacida del trabajo de entidades, medios de comunicación y colectivos integrantes de la coalición Defender a quien Defiende, es también una herramienta de visibilización y análisis de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por cuerpos policiales y agentes de seguridad privada en el Estado español, especialmente en contextos de protesta social.
Pero no sólo. Porque la realidad policial en la aplicación de la Ley Mordaza ha ido más allá y como hemos visto, no se trata únicamente de sancionar y reprimir la protesta social organizada, el activismo, sino castigar cualquier tipo de disidencia incluida la mera opinión contraria a la actuación policial.
En este contexto, los periodistas se han ubicado en el centro del punto de mira de la aplicación de la Ley. Los nuevos tiempos para el periodismo hacen especialmente incómodos para el poder a determinados medios y la Ley Mordaza se ha erigido como un instrumento muy eficaz para el control de los mismos. La interpretación que la Administración pretende dar al uso de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal es tan amplia que conduce, directamente, a la imposibilidad de publicar ninguna imagen de los mismos.
Evidentemente, el objetivo de la Ley Mordaza era disuadir la protesta a través de la amenaza de la sanción. La Red Malla nace para combatir esta finalidad y también para luchar contra el otro efecto aún más grave de la ley, la sensación de impunidad que se genera gracias a la utilización de los resortes sancionadores hábilmente dispuestos por la Administración.
Mientras que el Tribunal Constitucional decide sobre la inconstitucionalidad de la norma, hasta que los tribunales de justicia comiencen a dictar sentencias que limiten la arbitrariedad de la Administración en estos ámbitos, las organizaciones sociales que formamos la Red Malla pretendemos apoyar a aquellos que sufran la aplicación de esta ley. Todo ello, por supuesto, sin olvidar el ámbito de la presión política, puesto que el fin de la mayoría absoluta del Partido Popular debe suponer el fin de la Ley Mordaza. Este primer aniversario, debe ser el último.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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